Esta semana la Unión Europea (UE) terminó de acordar la prohibición de productos que hayan contribuido a la deforestación. En el listado se encuentran el cacao, el café, la soja, el aceite de palma, la madera, la carne bovina, el caucho, y derivados como el cuero, el chocolate, los muebles, el papel y el carbón vegetal, según el texto al que se arribó tras prolongadas negociaciones entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE. A este acuerdo se arribó, simbólicamente, en vísperas de la COP15 de la Biodiversidad en Canadá, que ya está en marcha.
El presidente de la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, Pascal Canfin, lo celebró como un paso radical. “¡Se trata de una primicia mundial! Es el café del desayuno, el chocolate que comemos, el carbón de los asados, el papel de nuestros libros. Es radical”. Por su parte observadores como las organizaciones ambientalistas internacionales lo consideran un paso trascendente e histórico. “No solo cambia las reglas del juego del consumo europeo, sino que incita a otros países a cambiar sus prácticas”, entiende Anke Schulmeister-Oldenhove, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en tanto para Global Witness se trata de “un momento histórico”.
De acuerdo a un informe de WWF “la UE es responsable del 16% de la deforestación mundial a través de sus importaciones (sobre todo de soja y de aceite de palma, según cifras de 2017), y es el segundo mayor destructor de bosques tropicales detrás de China.
Esta prohibición alcanza a productos procedentes de tierras deforestadas después de diciembre de 2020. Para realizar exportaciones a países de la Unión Europea, las empresas importadoras, responsables de su cadena de suministro, deberán probar la trazabilidad mediante datos de geolocalización de los cultivos, mediante fotos satelitales, de acuerdo a un reporte de DW, de Alemania.
“La Unión Europea va a rastrear su origen y demostrar si están vinculadas a la destrucción del medioambiente, a la degradación de los bosques o directamente a la deforestación ilegal. La impunidad se va a acabar”, comentó al respecto el eurodiputado César Luena, citado por Radio France (RFI).
Según Global Witness, los bancos radicados en la Unión Europea otorgaron, entre 2016 y 2020, unos 30 mil millones de euros en financiación a 20 gigantes de la industria agroalimentaria responsables de deforestación. Esta prohibición, en los hechos, se instrumentará mediante un control basado en riesgos. “La Comisión va a clasificar a los países en riesgo bajo, estándar o alto. Eso lo va a hacer en los próximos 18 meses, a la entrada en vigor del reglamento. Al país que se considere en riesgo alto y que pueda estar involucrado en esta comercialización, se le va a aplicar un 9% de controles a todas las transacciones que realicen”, explicó.
El objetivo de la iniciativa –defienden desde Europa– es “que los consumidores europeos puedan estar seguros de que con su alimentación o compras de otros productos no contribuyen a este fenómeno que, junto con las emisiones de carbono, impulsa el cambio climático”. El reglamento dice que cualquier producto generado en un terreno deforestado a partir de diciembre de 2022 tendrá prohibida su entrada a los 27 países que conforman la Zona Euro.
Si bien todavía no se conoce la lista de países que se encuentran oficialmente en riesgo alto, ya hay indicios, según adelanta el eurodiputado Luena: “Quizás Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, México… son países donde hay mucha deforestación. Se debe determinar si está ligada a la producción y comercialización de productos”. En Argentina, que no está dentro de esa lista informal que comentó Luena, se ve con cierta preocupación que pueda tener secuelas para las ventas de carne y de soja, al menos así lo tituló en su web Perfil, aunque sin dar otros detalles ni atribuir al fuente alguna ese comentario.
Ciertamente que, de buenas a primeras y ateniéndose a lo que ha sido la prédica de varios gobierno atrás a esta parte, Uruguay no debería afrontar mayores dificultades a raíz de una determinación como esta. Es más, hasta podría decirse que es la determinación desde la Unión Europea para la que nos hemos venido preparando desde fines del siglo pasado, con medidas como la aplicación de la trazabilidad obligatoria para todo el ganado bovino.
Hace casi justo un año, citado en una nota de Pablo Mestre para Rurales de El País, el ministro Adrián Peña decía que la incorporación de la dimensión ambiental en los sistemas nacionales de producción “es clave en un país como Uruguay”.
Planteaba entonces que el objetivo es “posicionar a Uruguay como un productor sostenible de alimentos en el mundo”. Y lo que hoy aparece como una amenaza, “supone una oportunidad para la producción nacional”. Agregaba que “Uruguay quiere ser un país líder en esto, porque tiene todas las condiciones para serlo: chico, con trazabilidad, información, investigación”. Informaba también que se pedirá apoyo técnico y científico, pero aclaraba que no es plata lo que se pide, “si no, por ejemplo, acceso a mercados: que se abran ventanas a los países que cumplimos, que somos serios y demostramos cómo producimos”.
Si todo esto realmente se ha hecho, estamos a las puertas de un gran cambio que terminará beneficiándonos como país. Ahora hay que verlo en la cancha.
