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Los chats del exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano, esos que primero confirmaron su vinculación con una red de falsificación de pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos, fueron tomando en las semanas siguientes distintas derivaciones y se convirtieron en un fenómeno popular.
El contenido comenzó a a filtrarse a las redacciones de varios medios de comunicación y a transformarse en noticia. El pedido de fichas personales de los senadores Bergara y Carrera de la empresa Vertical Skies, los diálogos con jerarcas policiales en los que piden traslado de funcionarios o acceso a información, los allegados, los diálogos con jerarcas públicos.
Así, el caso Astesiano se transformó en ejemplo paradigmático de los problemas que pueden traer las filtraciones públicas en investigaciones en curso.
Para la fiscal Gabriela Fossati, lo que sucedió deja en evidencia una “debilidad” del Código del Proceso Penal (CPP) y cree que este debe ser el punto de partida para “repensar” la legislación. Está convencida de que, con el sistema actual, “es difícil que no pase lo que pasó”.
En etapa preliminar, a la carpeta investigativa tienen acceso los fiscales, los imputados, las víctimas y los defensores de ambos. No pueden acceder a ella los jueces ni personas ajenas al caso.
La intención de esas disposiciones es dar garantías a la defensa de los involucrados en un juicio y aportar transparencia sobre el trabajo que realizan quienes dirigen las indagatorias.
Pero para Fossati, si ocurren filtraciones, estas pueden perjudicar a terceros y a la propia investigación.
Su preocupación es compartida por otros fiscales consultados que, aunque destacan la importancia del derecho a informar de los periodistas, señalan que la fuga de información se vuelve una problemática cuando se da en plena investigación.
“Vemos filtraciones que impactan en la eficacia de las investigaciones y es un gran problema que tiene la Fiscalía y el Estado”, aseguró el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa.
En su opinión, estos episodios son un “enorme dolor de cabeza” para los fiscales porque repercuten en la proyección que puedan tener las líneas de investigación que se encuentran en curso. Si los involucrados se enteran de antemano del camino por el que avanza el fiscal, pueden eliminar pruebas: deshacerse de un arma, borrar conversaciones, prepararse para el interrogatorio y desvirtuar la investigación.
Por otro lado, Rosa dijo que cuando la información toma estado público comienza a darse un “juicio paralelo” al de la Justicia. Las filtraciones pueden provocar que se condene socialmente por hechos que luego se determina que no sucedieron o no resultaron probados, por lo que debería primar el principio de inocencia.
Fossati consideró que, a pesar de que es una tarea que le compete al Poder Legislativo, se debería rediseñar la normativa y dar un “tiempo prudencial” a los equipos fiscales para que analicen la información y puedan pedir su reserva.
INAUGURARON ENTIDAD PARA FOMENTAR EL DIÁLOGO
(PRESIDENCIA)
A través del evento denominado “El Uruguay que viene”, fue presentada este jueves 15 en la Bodega Spinoglio la nueva entidad denominada Fundación La Plaza, que fomenta el diálogo entre actores políticos, de la ciencia y de la cultura. Durante la actividad, a la que concurrió el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cuatro expertos en diferentes materias expusieron sus ideas y visiones.
Participaron también en el evento el impulsor de la fundación, Marcos Carámbula, y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Durante la actividad, varios especialistas expusieron acerca de diferentes temáticas, entre ellos, Rafael Radi, Marcelo Caffera, Jaqueline Ponzo y Blanca Rodríguez.
La fundación está basada en la revista La Plaza, que se editaba en la ciudad de Las Piedras, del departamento de Canelones, y dejó de imprimirse hace cuatro décadas. El nuevo espacio, cuyo objetivo es fomentar el diálogo y el intercambio de saberes, procura desarrollar propuestas de trabajo en diferentes áreas, que serán entregadas a finales de 2023 al sistema político, así como a los actores sindicales, sociales, culturales y de la economía del país.
