Vicecanciller Carolina Ache niega participación en pasaporte de Marset, oposición evaluará nuevas “acciones políticas”

El senador del Frente Amplio, Mario Bergara, anunció “acciones políticas y parlamentarios” porque considera “la falta de vocación de transparencia del gobierno”.

(TWITTER-El Pais)
Luego de conocerse la existencia de chats entre el viceministro de Interior, Guillermo Maciel, y su par de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, en los que el primero se interesaba por la situación del narcotraficante –ahora prófugo– Sebastián Marset, la vicecanciller usó su cuenta de Twitter para reivindicar la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores, deslindar responsabilidades sobre el trámite administrativo y asegurar “tener la conciencia tranquila”.

“He actuado siempre con transparencia. No tuve ninguna participación en la solicitud, tramitación, emisión y entrega del pasaporte en cuestión y la actuación de los funcionarios de la Cancillería fue ajustada a derecho, como quedó demostrado en la investigación administrativa”, sostuvo en el primero de dos tuits.
A continuación aseguró: “De la documentación presentada en esta instancia, no surge nueva información, ni contradicción respecto a lo informado en el parlamento. Hace tiempo me puse a disposición de la Fiscalía para que investigue lo que tenga que investigar. Tengo la conciencia tranquila”.

El senador del Frente Amplio Mario Bergara consideró que los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores le “mintieron al Parlamento” y que sabían quién era Marset desde setiembre del 2021. El senador del Frente Amplio Mario Bergara dijo que la fuerza política evaluará iniciar “acciones parlamentarias y políticas” luego de que se conocieran chats entre Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior, y Carolina Ache, vicecanciller, en los que el jerarca de Interior le advierte sobre la peligrosidad de Sebastián Marset.
Según revelan los chats, Maciel se comunicó con Ache el 21 de setiembre del 2021 con el objetivo de saber sobre la detención de un narcotraficante en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso. Maciel intentaba saber con qué tipo de documento había ingresado y qué nombre utilizó.

Ache le comentó que consultaría y le daría una respuesta. Algunos minutos después, la vicecanciller le reenvió información que le llegó desde Dubái con el tipo de documento utilizado. El 3 de noviembre de 2021, Maciel vuelve a consultar a Ache por el estado en el que estaba la detención de Marset. El jerarca de Interior necesitaba saber si Marset, a quien catalogó como un narcotraficante “muy peligroso y pesado”, seguía detenido o no. “Si lo liberaron sería terrible”, apuntó. El 5 de noviembre Ache le confirma que aún seguía detenido.
Esta nueva revelación, según Bergara en conferencia de prensa, surge del pedido que hizo el legislador ante la Justicia por la negativa de Cancillería frente a una solicitud de acceso a la información pública. La causa está en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo.

“Esto demuestra, en primer lugar, la falta de vocación de transparencia del gobierno”, comenzó Bergara en conferencia de prensa. “Toda esta información nos la pudieron haber entregado durante la interpelación. Cancillería fue reticente a dar esta información. Tuvimos que ir a la Justicia para que se obligara al ministerio a entregar la información”, prosiguió. Para Bergara, estos nuevos datos “confirman” que, a diferencia de lo que señaló el canciller Francisco Bustillo, ambos ministerios tenían información sobre Sebastián Marset, por lo menos, desde setiembre.

“Le mintieron al Parlamento. Cuando se dice que no sabían quién era Marset, y había mensajes desde setiembre, dos meses atrás, entre dos autoridades políticas sobre el caso. Con esa apreciación del subsecretario del Interior diciendo que se estaba ante un narcotraficante peligroso y pesado y que sería horrible que fuera liberado”, cuestionó. Bergara apuntó que no se descarta un nuevo llamado para interpelar a los jerarcas de los ministerios, aunque matizó con que se debe analizar la información que surge.

CONTAGIOS DE COVID-19 AUMENTARON 73%

(Msp)
La cantidad de nuevos casos de COVID-19 volvió a crecer en la última semana. En esta oportunidad se registró un incremento de 73%, con 2.645 nuevas infecciones del 4 al 10 de diciembre. Así lo indicó el último informe epidemiológico semanal del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la suba se da en el marco de un aumento de infecciones en Argentina, Brasil y otros países del mundo.
A su vez, Uruguay registró un incremento en la cantidad de camas ocupadas del CTI en el número global. Al sábado era el 58%, cifra que creció desde el 52,1% del 3 de diciembre. Lo mismo sucedió con la cantidad de pacientes infectados por COVID en CTI: subió a 2,5% de 1,5%. Por otra parte, el MSP mide la positividad, es decir, el porcentaje de tests que dan positivo sobre el total. En la última semana ese valor fue 15,4%, y creció desde el 11,6% del registro anterior.

CONTRALMIRANTE  DENUNCIÓ ACOSO LABORAL

(El Pais)
El contralmirante de la Armada Nacional, Otto Gossweiler, denunció ante el ministro de Defensa, Javier García, al comandante en jefe de las fuerzas del mar, Jorge Wilson, por acoso laboral tras lo cual pidió el pase a retiro voluntario, según informó el ministro.

Gossweiler fue sancionado cuatro veces por diversas causas en el último tiempo, informó El Observador. En noviembre, Wilson le impuso diez días de arresto a rigor y diez días de arresto domiciliario –que cumple actualmente– tras una investigación sobre la gestión del contraalmirante cuando fue comandante de la Flota, entre febrero de 2020 y abril de 2022. Se concluyó que hubo falta de controles en el Grupo de Buceo y Salvamento de la Armada (Grubu), que depende del área que tenía a cargo Gossweiler.
En julio, el responsable de la Dirección General de Material Naval (Dimat) había sido sancionado con tres días de arresto a rigor por ordenar que se deje de pagar los servicios de agua, luz y gas al Club Naval, la Liga Marítima y el Centro de Suboficiales Navales y otras instituciones de la Armada Nacional.

Previamente, en mayo, el contralmirante fue sancionado en su momento con 15 días de arresto a rigor en La Paloma tras una investigación administrativa ordenada por Defensa a partir de una denuncia sobre un supuesto manejo irregular de pagos adicionales a personal subordinado, tal como informó Búsqueda en ese momento.