La edil nacionalista Patricia Vásquez Varela destacó a EL TELEGRAFO que el año anterior, por planteo en media hora previa, presentó en la Junta Departamental de Paysandú un proyecto de ordenanza municipal tendiente a la prevención de incendios forestales, y consideró que el tema debe ser analizado cuanto antes en la Comisión de Legislación de la Junta Departamental de Paysandú, a efectos de promover su aprobación, con las modificaciones que se estime pertinentes y mejoras del caso, por cuanto “es un esbozo de proyecto, que considero muy necesario, y que está abierto a mejoras, a enriquecerlo y a que se le hagan las correcciones que se entienda respondan a las necesidades en esta problemática”.
Recordó que su inquietud partió asimismo de las predicciones de un verano seco y de altas temperaturas, como se está confirmando, y que ello ha dado lugar a la generación de condiciones para que se desaten incendios forestales como el que registró hace poco en las cercanías de Algorta.
Trajo a colación asimismo que está radicado en el Parlamento un proyecto de ley de prevención y combate de incendios forestales, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que surgió a instancias de las organizaciones sociales y de productores agropecuarios afectados por los siniestros ocurridos a fines de 2021 y comienzos de 2022. Sin embargo, observó que esta iniciativa no recoge conformidad de las empresas y operadores forestales, por considerar que no está lo suficientemente equilibrada ni toma en cuenta otros aspectos de suma importancia en la problemática, “pues no considera a todas las partes involucradas”.
“Este anteproyecto que presenté en la Junta busca un tratamiento no arbitrario del tema, distinto a lo que se aprobó en Diputados, y se procura enriquecer una ordenanza municipal sobre incendios forestales sin dejar de lado las consideraciones de las distintas partes involucradas. Entiendo que hay que acelerar el tratamiento de este tema a efectos de obtener un buen producto legal que considere a todas las partes y que permita llegar a una resolución para poder prepararnos en la prevención de incendios forestales o combatirlos si están ya instalados”, reflexionó.
A su vez la iniciativa radicada en el Parlamento, que la edila entiende “arbitraria” y falta de equilibrio en cuanto a contemplar a las partes, establece entre otros conceptos la separación de los macizos forestales de caminos públicos y medidas de cortafuego, así como la obligación de su mantenimiento. Las excepciones consideran la proximidad con los bosques nativos, líneas de tensión de UTE y determinados sistemas de producción ganadera.
El proyecto con media sanción prohíbe la plantación comercial a menos de 150 metros de las edificaciones de zonas rurales. Define, además, las obligaciones que deben observar los propietarios, arrendatarios o tenedores a cualquier título de bosques, en cuanto a la presentación de planes de prevención de incendios forestales, en áreas mayores a 40 hectáreas y permitir la inspección de funcionarios de la Dirección Forestal y de Bomberos.
