El escenario global durante la pandemia de COVID-19, que se extendió hasta el año pasado, tuvo entre sus consecuencias, aún en los países desarrollados, un impacto crítico en el aspecto sanitario, pero a la vez arrastró al mundo entero a una crisis socioeconómica que se arrastra hasta nuestros días, en una escalada de precios, caída del salario real, desempleo y estancamiento en el Producto Bruto Interno (PBI), lo que hizo que hubiera menos riqueza para distribuir y que por ende, de una u otra forma, todos fuéramos algo más pobres o menos ricos, según de donde se le mire, con muy contadas excepciones.
El Uruguay, sin espalda financiera, no fue igualmente uno de los peores de la clase, sino que por el contrario, logró sobrellevar la crisis con medidas contra la pandemia que si bien tuvieron un eje restrictivo, no fueron por el nefasto camino de la cuarentena total –como se pedía incluso desde el Frente Amplio, copiando a su referente regional el presidente argentino, Alberto Fernández–, que tuvo catastróficas consecuencias para la economía en Argentina y sin que se pudiera tampoco parar la ola de contagios y sus consecuencias sanitarias, por lo que el tiempo le dio la razón a los que como Uruguay, intentaron más o menos mantener los motores en marcha para cuando se superara la emergencia.
Pero claro, es imposible no dejar prendas del apero por el camino cuando se combinan elementos negativos como la pandemia, el cese de actividad, suba global de precios –reimpulsada luego por la guerra en Ucrania– porque en el caso de Uruguay, un país que ya en 2019 tenía un creciente desempleo, estancamiento económico, alto déficit fiscal y empresas promedialmente en serias dificultades, la tendencia declinante se acentuó ante estas adversidades.
Ergo, no puede extrañar que pese a que se logró más o menos mantener encendidos los motores, el desempleo tuvo una fuerte expansión y el escenario socioeconómico crítico derivara en pérdida de salario real en el marco de la guerra entre precios e ingresos y el deterioro de las empresas, a la vez que el Estado debió apelar a volcar más recursos para hacer frente al pago de subsidios por la pandemia, para tratar de no perder el tramado de las empresas privadas, que son realmente el motor de la economía. Por supuesto, en el caso de los funcionarios del Estado sus empleos nunca estuvieron en riesgo y tampoco el temor de pasar a un seguro por desempleo, que en ese ámbito no existe, por lo que todo el peso de la crisis recayó en trabajadores privados y empresas.
Pero sin dudas, empresas complicadas y pérdida de salario real no es una buena combinación –lo segundo por regla general es consecuencia de lo primero– y por lo tanto hubo dos años –2020 y 2021– en que con altibajos, este escenario primó también en nuestro país en prácticamente todos los sectores de la actividad económica, y con mayor gravedad en áreas relacionadas con el turismo y servicios conexos, con una proyección altamente negativa sobre la economía en general.
Recién en el curso del año pasado se puede decir que hubo un incipiente ciclo de reversión en la actividad económica, y en este contexto, de acuerdo a los datos que surgen de la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística, en 2022 hubo una recuperación del orden de un punto porcentual en el salario real, tras dos años de caída.
Esta recuperación, por supuesto, no alcanza para situar este parámetro al nivel de como estábamos antes de la pandemia, pero es por lo menos un indicativo de que se están sentando las bases para un período de reversión de la tendencia. Y los resultados no son tan malos, basta ver cómo está hoy Argentina tras aplicar las medidas populistas que en Uruguay se le reclamaban al gobierno de Lacalle Pou para enfrentar la pandemia y la situación internacional pos pandemia.
De acuerdo al informe de la consultora KMPG, la pérdida del salario real comenzó a darse ya en el último año de gobierno del Frente Amplio, con una caída del 0,3% en 2019, como consecuencia de la declinación económica que se había acentuado ese año, en tanto el retroceso ya en plena pandemia en 2020 fue del 1,5 por ciento y del 1,6 en 2021.
El hecho de que el año pasado se haya recuperado un punto porcentual indica que todavía no se está en los niveles prepandemia –cuando tampoco se estaba bien– pero es un principio en cuanto a contener el deterioro que repercute en el poder adquisitivo de la población promedio.
En trenes comparativos, debe recordarse que en la crisis de 2002 la caída en el salario real fue nada menos que del 20 por ciento, pero a la vez es aleccionante que esta recuperación de poco más del uno por ciento se haya dado en un texto global de fuerte alza en los precios de bienes y servicios, lo que hace doblemente positivo que se haya podido incrementar ingresos por encima de esta suba internacional de precios.
Igualmente, la depreciación salarial comparada con el mes previo al inicio de la pandemia, determina que la caída se sitúe en el orden del 4,6 por ciento, lo que varía naturalmente de acuerdo al área de que se trate, por cuanto por ejemplo se ha mantenido una buena actividad en la industria de la construcción, debido a las obras de UPM 2 pero también por obras en infraestructura y en materia de viviendas residenciales, en tanto la peor parte la han llevado restoranes y hoteles, –algo que resulta obvio porque el turismo prácticamente desapareció por más de dos años–, donde incluso en 2022 hubo caída del salario real.
Ello nos indica que el crecimiento del salario real se seguirá dando en la medida en que se pueda seguir recuperando la salud económico – financiera de las empresas, que son las que además de pagar mejores salarios por la vía del reciclado de la riqueza, también se nutren de esta expansión del consumo, cuando hablamos del mercado interno, pero sin dudas también influyen otros parámetros.
Uno de ellos, fundamental, es la inflación, por cuanto el salario real va de la mano de la relación entre ingresos y subas de bienes y servicios, y ello atado no solo al escenario global por la toma de precios internacionales, sino también en lo que tiene que ver con los ingresos por concepto de exportaciones y reciclaje de recursos en la economía interna.
Por este lado la cosa es diferente: más allá de los precios internacionales para nuestros bienes y servicios de exportación, en la competitividad de nuestras empresas exportadoras inciden los costos internos, sujetos a la inflación, pero sobre todo a la relación cambiaria, por cuanto a la hora de traducir los dólares en pesos, para los insumos –incluyendo los salarios– la ecuación se hace muy cuesta arriba si nuestra moneda está sobrepreciada y por ende resultamos caros en dólares ante los mercados.
Volvemos por lo tanto al eje de la discusión, a los “platitos chinos” del valor del dólar, inflación, empleo, salario real, competitividad, por mencionar los más importantes. Y el gran desafío, para seguir en la senda de la recuperación del salario real, es hasta qué grado se podrá seguir utilizando el valor del dólar como ancla para la inflación, cuando a la vez ello nos resta competitividad y nos sigue encareciendo en dólares para el mercado exterior.
Y aunque son demasiadas moscas para poder atarlas a todas por el rabo, hay una que sí podemos atar de entrada para hacer que la economía por lo menos introduzca un parámetro virtuoso en la ecuación, que no es otra cosa que bajar y racionalizar el gasto estatal, el que pesa sobre las empresas y población a través de impuestos, cargas sociales y tarifas de energía.
Lo cual es especialmente difícil de hacer cuando se acerca el período electoral, pero no hay modo de evitarlo si es que realmente se pretende asentar la recuperación sobre bases reales y no volver a la noria de siempre, de seguir pateando la pelota para adelante.