La radicación de inversiones en un territorio determinado (país, departamento, ciudad, etcétera) constituye una lógica preocupación de cualquier gobernante ya que en la medida que sean serias y sustentables, son un aporte formidable para las economías receptoras y para los trabajadores de dichos ámbitos; siempre y cuando generen trabajo de calidad y que agregue valor a las capacidades de los trabajadores locales.
Por eso es plausible el desvelo del intendente y su equipo de gobierno por lograr atraer inversiones genuinas que pongan nuevamente a Paysandú en el radar regional e internacional, tras décadas en que nuestro departamento ha visto retroceder su peso en la economía nacional. Un claro ejemplo de ello es la apuesta por el megaproyecto costero de la mano de una de los estudios de arquitectos de mayor prestigio en el mundo, OMA, que de concretarse aunque sea parcialmente no será una formidable palanca de desarrollo a nivel local sino que también servirá para posicionar a Paysandú entre las ciudades más pujantes en la región.
Sin embargo a veces corresponde ser cautos y en el afán de conseguir esa inversión tan prometedora de primera vista, dejemos de ver más allá de los ladrillos y las consecuencias que en la práctica puedan tener en el futuro.
Por ejemplo, muchas veces sucede que algunos proyectos pueden generar muchos puestos de trabajo durante su etapa de construcción e instalación, pero los mismos descienden abruptamente durante su normal funcionamiento, en parte por la automatización de procesos industriales y comerciales. Las tres papeleras existentes en nuestro país son una clara muestra de ese fenómeno, que en ese caso involucra casos de Inversión Extranjera Directa (IED). Pero también a menor escala las cadenas nacionales de supermercados, que fueron recibidas con bombos y platillos en nuestra ciudad y hoy ni siquiera emplean cajeros prácticamente, y cuentan con un mínimo de personal, cuando hace unas décadas los viejos almacenes o supermercados locales ocupaban cientos de trabajadores.
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) define la IED como una operación que involucra una relación de largo plazo en la cual una persona física o jurídica residente de una economía (inversor directo) tiene el objetivo de obtener una participación duradera en una empresa o entidad residente de otra economía. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “la Inversión Extranjera Directa (IED) es un pilar fundamental de la política de desarrollo económico ya que tiene un impacto directo e indirecto en diversas áreas de la economía y productividad local y en ingresos fiscales.
De hecho, la IED es una de las principales fuentes de financiación externa para las economías en desarrollo”. Para Cepal, “los beneficios potenciales que la IED traería al país receptor de ella se pueden mencionar: a) acceso a capital para financiar proyectos públicos y privados que requieran elevados montos de inversión; b) acceso a conocimiento o tecnología que crea nuevas capacidades locales, o mejora las existentes; c) formación de recursos humanos, en procesos formales de capacitación y el aprendizaje en el puesto de trabajo; d) incorporación a las redes internacionales de cadenas globales de valor y distribución y e) generación de actividad económica y empleo, propia de los procesos de inversión.
En este marco, debe ser destacado que en las últimas semanas se anunció por parte del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y del intendente Nicolás Olivera que un grupo argentino construirá un hotel “de categoría superior con sala de eventos y convenciones, restaurantes, locales comerciales y casino” se construirá “donde fue el viejo cine de Paysandú ahí en 18 de Julio”, en la antigua sala Ambassador (posteriormente Cine Club Paysandú, Cacdu y Cofac), en 18 de Julio 1170, con una inversión de 22 millones de dólares. De acuerdo con el portal argentino de noticias Ámbito, “la noticia se da luego de que el presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, firmara un decreto el 28 de diciembre del 2022, otorgando a Arena Paysandú la concesión de una licencia para operar un casino “en el complejo hotelero a ser construido por la citada empresa”.
Las noticias de la instalación de este complejo ha sido recogido no sólo por la prensa uruguaya sino también internacional y para ello basta con buscar en Google las palabras “casino Paysandú 22 millones” para que aparezcan tales publicaciones. Sin dudas se trata de una muy buena noticia para Paysandú, por el potencial impacto positivo no sólo en lo inmediato mientras la infraestructura genera decenas de puesto de trabajo en la construcción, sino más adelante porque un hotel casino de esa magnitud claramente está destinado al turismo de alto valor.
Pero no puede soslayarse que tanto en Uruguay como en el resto del mundo los casinos son considerados ámbitos que, por su operativa y cantidad de movimiento de dinero en efectivo, pueden ser objeto de operaciones de lavado de activos. En efecto, y tal como ha señalado el investigador argentino Mariano Corbino, “los casinos como sujetos obligados tienen la obligación de reportar las operaciones sospechosas. Ahora bien, cómo es posible que puedan reportar los pequeños lavados hormigas que estas organizaciones transnacionales llevan adelante. Es imperioso recordar que la mayoría de las personas que ingresan a un casino gastan dinero en efectivo. Solamente con introducir el dinero en las máquinas y sin tener que realizar ningún tipo de apuesta se puede recibir el tique que éstas le entregan y con éste, la persona puede demostrar el origen de ese dinero, y con esa simple acción ha blanqueado y legalizado ese dinero que puede provenir de la actividad ilícita que usted prefiera”.
A modo de ejemplo, y de acuerdo con lo consignado por el portal argentino “Aduana News”, en la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe), la Administración Federal detectó que “los supuestos ganadores no recibieron los montos que el casino informó como pagados, así como también la ausencia de comprobantes de acreditaran los premios. Esta situación fue mencionada como una situación recurrente por todos los apostadores. Es llamativo el caso de un apostador que, según los informes de la sala de juegos, habría ganado casi 9 millones de pesos (argentinos) en efectivo resultando beneficiado en 48 oportunidades sólo en el año 2015. Sin embargo, cuando la AFIP lo entrevistó dijo desconocer esa situación”.
En Uruguay, uno de los casos más sonados fue el de Mónica Rivero, quien lavó 7,6 millones de dólares en el casino del entonces Hotel Conrad de Punta del Este. Ese dinero tuvo su origen en una estafa a la automotora Julio César Lestido, donde trabajó durante casi 25 años.
Lo que resulta claro es que ningún casino está vacunado contra el lavado de activos y que por ello mismo se deben extremar las medidas previstas por la legislación vigente para evitar este tipo de situaciones.
La buena noticia de que en nuestro departamento se radicará un hotel de las características anunciadas, debe ser bienvenida en la medida que generará puestos de trabajo para un departamento cuya desocupación parece ser endémica y está lejos de solucionarse. Sin perjuicio de ello, la opción por Paysandú para una inversión de esa magnitud no deja de resultar al menos llamativa.
Con seguridad los inversionistas y su equipo de asesores han hecho los estudios necesarios que determinaron la conveniencia de invertir 22 millones de dólares en nuestra ciudad. Así las cosas, tanto los accionistas de este emprendimiento como las autoridades nacionales y departamentales con competencia en la materia, deben estar en alerta permanente y ser especialmente diligentes y proactivos para prevenir y evitar situaciones que coloquen a Paysandú en la infame ruta del lavado de activos. En especial en momentos en que se ha denunciado reiteradamente la expansión territorial de organizaciones internacionales que mueven mucho dinero obtenido por actividades ilícitas, y donde la ciudad de Rosario en Argentina, a sólo 300 kilómetros de Paysandú ya se considera “perdida” por esas mafias.
