(Búsqueda-La diaria)
Las mujeres del Interior que incurren en el delito de ingresar droga a una cárcel están expuestas a condenas más altas que aquellas que residen en la capital. A esa conclusión llegaron desde la Asociación de Defensores de Oficio, una situación que les preocupa y que tiene como base en endurecimiento de las penas contra el narcomenudeo que implicó la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
El artículo 74 de la LUC restableció el artículo 36 del decreto sobre delitos de estupefacientes, de 1974, que aumentó la pena mínima a cuatro años para quienes intentan entregar o vender droga en las inmediaciones de varios lugares, entre ellos las cárceles, con una máxima de 15 años. Este aumento afecta particularmente a las mujeres, que son quienes más visitan los centros carcelarios.
La modificación normativa provocó que madres que llegan a centros penitenciarios con droga para entregar a reclusos en cantidades que pueden ser para consumo personal deban permanecer en prisión por cuatro años, mientras sus hijos crecen privados de libertad o lejos de sus referentes familiares. La LUC también les impide redimir la pena por trabajo o estudio.
Según el Ministerio del Interior, durante 2022 hubo 57 mujeres que fueron formalizadas por incautaciones de estupefacientes, luego de ser detenidas en los controles de ingreso a establecimientos penitenciarios. De ellas, 40 fueron enviadas a prisión y 16 sin prisión.
A través de la defensa de varias mujeres que incurrieron en ese delito, los abogados públicos de Montevideo, lograron convencer a los fiscales que era “ilógico” que deban permanecer cuatro años presas bajo el argumento de que no hay un negocio en esas situaciones y, además, se vulneran los derechos de los menores de edad. La mayoría de los casos se comenzaron a resolver como actos preparatorios en un acuerdo abreviado con la Fiscalía, esto implica que las condenas se puedan reducir a 16 meses.
Pero en el Interior los defensores que quisieron seguir el mismo camino no tuvieron éxito. En general, fuera de la capital los casos suelen ir a juicio y terminan con penas de al menos cuatro años de cárcel.
El 28 de diciembre del año pasado tres senadores del Partido Colorado (PC) presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 74 de la LUC y “armonizar las penas por microtráfico de drogas en las cárceles. Destacaron que la medida provocó un importante aumento de la prisión femenina, que fue del 26% entre setiembre de 2020 y 2021, mientras que el incremento general fue del 9%.
El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, que tratará la iniciativa dijo que en su partido están estudiando otros temas que les parecen “más urgentes”, como “la reestructuración de pasivos de las personas físicas endeudadas con las financieras”, algo en lo que vienen insistiendo en el último tiempo. “No es un tema que haya estudiado y no es urgente para mí, antes tengo que atender la situación de un millón de personas en el clearing”, finalizó.
En tanto, la bancada del Frente Amplio aún no analizó la iniciativa. De todos modos, la senadora de la oposición Silvia Nane dijo que el proyecto “no armoniza nada” la legislación actual, dado que lo que hace es “subsanar tardíamente un error de una votación que salió de un acuerdo político en la coalición”.
“Que esto iba a afectar a las mujeres y que iba a haber más mujeres presas, incluso con sus hijos, fue algo que todo el mundo se los dijo. Se lo dijeron los expertos en derecho penal y las organizaciones sociales. En ese momento no escucharon a nadie y provocaron lo que pasó ahora”, sostuvo. Subrayó que si el PC “hubiera abierto las orejas antes, esta situación no pasaba”, porque sin los votos del PC ese artículo no podía ser aprobado.
TRIBUNAL DE CUENTAS VUELVE A OBSERVAR COMPRA DE ESCÁNERS
(EL PAÍS)
El Tribunal de Cuentas observó nuevamente este miércoles el gasto que pretendía hacer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la compra de tres escáneres que se comprarían a una firma estadounidense para Aduanas. Estos se utilizarían para la inspección de contenedores en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Al respecto, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, sostuvo que “la decisión que se ha tomado llama la atención”.
“El informe jurídico del Tribunal de Cuentas coincide con uno de la asesoría jurídica del MEF y la licitación está ajustada a derecho. Tenemos un importante problema a resolver, como es combatir el narcotráfico, el contrabando. Pero cuando está la herramienta, prima el voto político de los miembros de la oposición del Tribunal de Cuentas y su presidente. Y así, quien pierde acá es el país todo”, enfatizó la jerarca.
Los siete ministros del Tribunal de Cuentas se reunieron el miércoles luego que la cartera les pidiera que revieran su decisión. El resultado fue el mismo que se había dado en octubre de 2022, cuando se había decidido observar el gasto luego de que los tres de la oposición votaran a favor. Los tres del oficialismo no cuestionaron el gasto, pero la presidenta del órgano desempató a favor de los frenteamplistas.
ANTEL SUMÓ 110.000 CELULARES EN 2022
(mEDIOS PÚBLICOS)
El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, informó que 2022 fue un año importante en materia de crecimiento para esa empresa. En teléfonos móviles, hubo más de 110.000 servicios nuevos, destacó y comentó que eso representa casi 5% de la cantidad de clientes de la empresa en ese rubro. Ese crecimiento se dio en el marco de una dinamización por la mayor competencia, consideró.
Además, remarcó que se vendieron 377.000 equipos nuevos. Eso es más del 50% respecto al año anterior, destacó y habló de un año con una “dinámica de venta muy fuerte”. Gurméndez también se refirió al tráfico de datos y dijo que volvió a crecer un 32%. “Desde que nos hicimos cargo, el tráfico de datos se multiplicó por tres. (…) Son cifras muy buenas”, concluyó.
