(AIN-EL PAÍS)
Entidades vinculadas al mundo sindical y empresarial deberán devolver el equivalente a unos U$S 400.000 al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) que el organismo aportó para cursos de capacitación y que se destinaron a fines apartados de la normativa.
La resolución, confirmada por el seguimiento a cargo de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) se realizó sobre un informe efectuado por dicha oficina en 2020 y que había corroborado graves irregularidades en los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2019. Entre ellas, que en el 90% de las rendiciones de cuentas presentadas por las instituciones beneficiarias del Inefop presentaban gastos totalmente por fuera del marco legal vigente.
Son recursos integrados al Fondo de Reconversión Laboral, que se nutre con el aporte de trabajadores y empleadores privados y de acuerdo a la ley vigente, tienen que ser destinados a la “cooperación y asistencia financiera a las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores que lo soliciten para la formación e investigación en materia de negociación colectiva”. Además, a la “promoción del empleo juvenil”.
Según el estudio, gran parte de ese dinero se derivó a gastos tales como “pagos de cenas en locales nocturnos en la madrugada” o abono de honorarios profesionales de abogados en litigios ajenos al instituto. Asimismo, constató reiteradas compras en supermercados, alquiler de vehículos, servicios de catering y almuerzos, honorarios en clínicas odontológicas y médicas, suscripciones de prensa o salarios de funcionarios no vinculados a las instituciones relacionadas.
Las organizaciones involucradas deberán reintegrar un total de $16.940.000 por gastos observados a cuenta de futuros desembolsos, con cargo al presupuesto de los años 2023 a 2025. Así lo confirmó a El País el director general del Inefop, Pablo Darscht y se descontará de nuevos proyectos o fondos propios. “Asumieron un compromiso y lo están cumpliendo”, aseguró.
Entre los principales beneficiarios de estos fondos se cuentan el Pit Cnt –a través del Instituto Cuesta Duarte– y las cámaras de Comercio y de Industrias.
La auditoría de 2020 detectó que el sistema de control implementado por el Inefop presentaba significativas debilidades, que terminaron por impactar negativamente en las finanzas del instituto derivadas en este tipo de pagos por fuera de la normativa. Lejos de haber sido observados, fueron convalidados y aprobados por las autoridades de entonces, que a su vez liberaron nuevas partidas.
En las transferencias bancarias realizadas a las instituciones se hacían con una sola firma por parte de una gerencia, sin contar con la firma de otro jerarca del Inefop que las avalara. Además, quien efectuaba las transferencias era también la encargada de controlar e informar las rendiciones de estas entidades.
En cuanto al sistema de gestión, se constató que no permitía realizar consultas directas sobre las transferencias realizadas y utilizaban planillas Excel o tablas dinámicas para obtener la información, lo que no garantizaba su confiabilidad.
El análisis de seguimiento efectuado comprobó que la actual dirección del instituto aprobó un reglamento operativo y de rendición de gastos, así como guías con procedimientos a aplicar. Además, contrató a una consultora para la reestructura de la gerencia de Administración y Finanzas y se pasó a exigir doble firma para aprobar las transferencias bancarias, con límites a transferir para cada persona habilitada.
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO
(TELEMUNDO)
El Ministerio de Salud Pública (MSP) aplicó más de 500 multas a empresas por incumplir con el debido etiquetado de alimentos. El etiquetado obligatorio de alimentos, con octógonos que adviertan sobre exceso de azúcares, grasas, grasas saturadas o sodio, se aprobó en el gobierno del Frente Amplio. La actual administración postergó su aplicación y comenzó a regir finalmente en febrero del 2021.
Un pedido de acceso a la información pública hecho al MSP reveló que en setiembre, octubre y noviembre del año pasado se aplicaron 514 sanciones por incumplimiento. En algunos casos el producto no llevaba el octógono que debía tener, y en otros la empresa no envió la información nutricional solicitada.
En setiembre se detectó incumplimiento en el 75% de los frankfurters. En octubre se detectó en el 87% de los productos de copetín, en el 85% de los helados y el 77% de las galletas y galletitas. En noviembre el 43% de las bebidas sin alcohol no cumplía con la normativa vigente. La fiscalización de los productos dejó al ministerio poco más de U$S 16.000.