El semanario Búsqueda publicó en su edición del pasado 12 de enero un artículo titulado “Argentina barata hunde al comercio fronterizo, aunque Brasil y China la superan en montos del contrabando incautado”, un artículo que retrata en buena forma la situación de la frontera litoraleña, haciendo énfasis en la Aduana.
Permítanme hacer algunos aportes más al tema que es consecuencia de la situación generada por la diferencia de precios con la República Argentina y del obrar del gobierno nacional.
Está claro que el accionar de la Aduana no es suficiente para solucionar la situación, incluso hace muchos años, cuando se implantó la política de cero kilo se decía a nivel popular que no era de “cero tonelada”.
El Índice de Precios de Frontera (IPF), que elabora la Universidad Católica en Salto, muestra grandes diferencias de precios que en tres rubros son notoriamente mayores: comidas fuera del hogar, combustibles y alimentos (1), lo que genera un paseo rutinario y periódico, estación de servicio, restaurantes y una pasada por el súper a comprar hasta 5 kg por adulto mayor por quincena, más alguna visita a tiendas, consulta médica, óptica, etcétera.
Desde la apertura de la frontera, inmensas caravanas de automóviles uruguayos en los puentes internacionales se han convertido en una estampa habitual.
Cifras publicadas en diferentes medios hablan que entre abril y setiembre de 2022 se gastaron en Argentina más de 400 millones de dólares por parte de uruguayos, lo que representa un promedio de más de 2 millones por día.
Según la prensa, por Salto Grande cruzan 5 toneladas de mercadería por día.
Si bien esta situación permite a mucha gente paliar la pérdida salarial (y de jubilaciones) que se da desde el año 2020, las consecuencias de la inacción ya se ven en todas las estadísticas del INE: desocupación, informalidad, caída del consumo, etcétera.
Ya pasó de castaño oscuro.
Entre otros actores, los Centros Comerciales han trabajado el tema, pero el gobierno sigue sin tomar medidas adecuadas.
Ninguna ataca el problema de fondo, que es la importante diferencia de precios al consumidor entre ambos países. Tan simple y tan complejo como eso.
Es clara la situación de catástrofe que lo continuado de esta situación genera para el sector comercial, pero también para el industrial y turístico de la región.
La notoria baja en la actividad, lleva al debilitamiento de las empresas, en especial de las pequeñas y medianas, que no tienen respaldo para sostenerse y que de prolongarse en el tiempo significará mayor caída de toda la economía, incluso una baja de la recaudación fiscal y podría significar su cierre y la desaparición definitiva de numerosas fuentes de trabajo.
Nuestra mayor preocupación es hacia la supervivencia de las empresas de alcance local, que son quienes mayormente mueven nuestra economía, porque además de salarios, reinvierten sus ganancias en el medio.
Propusimos que transitoriamente se aumente el descuento para los combustibles y se instrumenten subsidios para algunos productos y servicios mediante pagos electrónicos en las localidades fronterizas, a los efectos de achicar la diferencia de precios y desestimular la ida a Argentina para proveerse. El Estado tiene recursos para sostenerlo. Se va mucho del dinero disponible en los hogares litoraleños.
Ahora apareció un actor de otra escala a plantear sus problemas. Un “malla oro”.
El grupo Ta-Ta, con cadenas de supermercados, farmacias, electrodomésticos, vestimenta, etcétera, planteó al Banco Central dificultades para pagar las Obligaciones Negociables (ON) que autorizó a emitir por 100 millones de dólares, que en más de un 90% viene de las AFAP.
La razón que arguyen: la caída de las ventas (35%) en la región litoral por la diferencia cambiaria.
En lo que parece un regalo de Reyes, quienes cobran para administrar el dinero que los trabajadores aportamos para la jubilación, resolvieron no exigir el pago, ni cobrar intereses de mora a la empresa que sustituye trabajadores por cajeros automáticos que no reciben salario ni hacen ningún aporte al BPS.
Las mismas AFAP que al pequeño comercio nacional no le prestan ni un peso.
El gobierno nacional vuelve a mostrar una diferencia entre los uruguayos y nos merecemos tener algún tipo de respuesta a las interrogantes que el accionar del mismo genera:
1.- ¿Por qué resuelve inmediatamente a favor de empresas extranjeras que compiten fuertemente con el pequeño y mediano comerciante nacional?
2.- ¿Por qué no da respuesta cuando se trata de actores nacionales de pequeña y mediana escala, aun aquellos realizados por colectivos empresariales?
3.- ¿De qué clase de inversores extranjeros estamos hablando si se trata de nuestro dinero?
4.- ¿Por qué muchas veces se les facilita mucho más que a los locales?
Es necesario desarrollar políticas de frontera, multidimensionales y permanentes, que apunten a la integración y complementariedad de servicios y la gestión de las cuestiones ambientales.
Es impostergable tener respuestas adecuadas para atender la actual coyuntura. No hacerlo es agrandar esta crisis económica; pero además –en términos que parece que es lo único que le interesa al gobierno– una pérdida definitiva de renta fiscal, dado el inevitable cierre de las pequeñas y medianas empresas, de los rubros industrial, comercial y de servicios y en estas últimas incluimos al turismo.
Nos preocupa que el gobierno nacional, al revés que los Reyes Magos que llevaron regalos a un niño pobre que nació en un establo, establezca handicaps a favor de los más poderosos y contrariar de esta forma aquello de “los más infelices serán los más privilegiados”. Así el Estado nunca será el escudo de los pobres, ni existirá regocijo abajo.
Arq. Rogelio Texeira, exdirector de obras Intendencia de Salto, exdelegado uruguayo ante CARU
