(el observador)
Las principales emergencias móviles presentaron un recurso de revocación, jerárquico y anulación para que SAME 105 –el servicio de emergencias de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE)– detenga una licitación que busca comprar traslados especializados a la empresa marítima ITHG.
Según las emergencias que firmaron el recurso –SEMM, SUAT, Cardiomóvil y otras 11–, la licitación en la que SAME 105 pide 24 móviles terrestres con la tripulación necesaria para realizar traslados medicalizados (pediátricos y de adultos) no establece como requisito excluyente que las competidoras cuenten con habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP), algo que entienden debería suceder en estos casos.
“Lo que SAME 105 está licitando sin lugar a ninguna duda son servicios de traslados especializados médicos y dicha actividad está regulada por esa norma del ámbito sanitario y sujeta al contralor del Ministerio de Salud Pública sólo pudiendo ser realizada por instituciones que hayan obtenido la correspondiente habilitación ante dicha autoridad sanitaria”, afirma el escrito. La polémica sobre la licitación ahora impugnada se remonta a varios días atrás, luego de que el semanario Búsqueda informara que ASSE contrató traslados especializados por más de $500 millones entre junio de 2021 y octubre de 2022, aunque la empresa no contaba con habilitación para eso y estaba inscripta como de servicios marítimos.
ASSE y SAME 105, sin embargo, alegan que la contratación no fue por servicios, sino para insumos, así como que la empresa originalmente surgió para dar servicios marítimos pero luego se reconvirtió.
Las emergencias firmantes entienden que ni ASSE ni SAME 105 tienen la habilitación requerida, por lo que “no pueden prestar los servicios de emergencia médico móvil ni brindar los trasladados especializados, al menos hasta no gestionar dichas habilitaciones”.
“En conclusión, la actuación de ASSE se desarrolla mediante una estratagema por el que se pretende ‘hacer creer’ que se adquieren móviles para cumplir con traslados especializados, con una habilitación (que no tienen ASSE ni SAME) y, lo más grave, tampoco se exige dicha habilitación a las empresas oferentes, en el pliego licitatorio que se recurre”, aseguran.
Las emergencias también alegan que la licitación incumple el principio de igualdad del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF). Por ejemplo, remarcan que a los choferes de las empresas licitatorias se les exige en el proceso que tengan un curso realizado en ASSE, en la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), o en la Escuela de Técnicas en Urgencias Médicas (ETUM).
Según las emergencias estos cursos no son los que reciben los choferes que están dentro de las empresas habilitadas ya que estas “desarrollan sus propios programas de formación además de cumplir con las capacitaciones del sector salud acordadas en el Consejo de Salarios para el Grupo 15 y que son organizadas y fiscalizadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP)”.
“Obviamente las empresas que no pertenecen al sector sanitario no realizan estas capacitaciones. Esto tiene como consecuencia que ninguna empresa del sector sanitario y habilitada para los servicios licitados cumpliría los requisitos para presentarse a esta licitación, mientras que absurdamente una empresa que no pertenece a este sector si estaría en condiciones de ser oferente”, sostuvieron.
INVESTIGAN ACCIDENTE
(TELENOCHE)
Fiscalía investiga conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el episodio en el que ayer lunes una máquina elevadora cayó frente a Nuevocentro y provocó la muerte de una mujer de 49 años, además de lesiones a dos trabajadores de la empresa.
La persona fallecida es una mujer discapacitada que pedía limosna en la puerta del Shopping y, según supo Telenoche, la grúa realizaba tareas de hidrolavado cuando sucedió el accidente.
El director de Comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, dijo que la investigación está a cargo del fiscal Leonardo Morales, quien solicitó a la Policía relevar cámaras de vigilancia y recabar declaraciones de testigos. Fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social confirmaron que tomaron parte en la investigación ya que, además del desenlace con consecuencias mortales, dos trabajadores de 19 y 45 años resultaron heridos y debieron ser asistidos.
EVACUARON ANTIGUA COLONIA BERRO
(montevideo portal)
La Dirección Nacional de Bomberos informó que antes del mediodía de ayer comenzó un incendio en el interior de un campo ubicado en Camino Las Piedritas y la ruta N° 84, cerca del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa), antigua Colonia Berro.
Según comunicó el jefe de Relaciones Públicas de Bomberos, Pablo Benítez, trabajaron para evitar la propagación a las viviendas y a una empresa de alimentos. Según dijo a Montevideo Portal el delegado del Sindicato Policial en Bomberos, Diego Rodríguez, fueron evacuados más de 130 internos del Inisa.
La presidenta del Inisa, Rosanna de Olivera, informó que los jóvenes fueron trasladados con ayuda de efectivos de la Guardia Republicana por precaución porque “había mucho humo” y no se “sabía hasta dónde se iba a propagar el fuego”. “Las pertenencias quedaron en los centros. Se quemaron cables y algunos caños de agua, pero aparentemente los centros no están afectados. Lo vamos a evaluar este martes. Los muchachos están todos bien y los funcionarios también. Se están instalando en los distintos centros de Montevideo y mantienen actividades normales”, informó de Olivera. Hasta el momento el fuego no alcanzó ninguna vivienda, aunque sí se quemaron un ómnibus y un camión que aparentemente estaban en desuso. Decenas de hectáreas de campo fueron afectadas, pero todavía no hay un área especifica determinada que haya sido dañada por el avance del fuego, explicó Rodríguez.
NIÑO INGIRIÓ COCAÍNA
(EL OBSERVADOR)
El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) intervino en el caso de un niño de dos años que fue internado en el Pereira Rossell en las últimas semanas después de haber ingerido cocaína, confirmó el presidente del organismo, Pablo Abdala. El caso fue derivado al Juzgado Letrado de Familia de 1° Turno que analizó la situación del niño y de su madre. De ese análisis surgió que la madre no es consumidora, pero que sí lo son otros miembros de su familia, informó Abdala. Ahora, INAU analiza dos caminos: retirar al niño y a su madre del barrio Tres Ombúes –donde actualmente residen– o que sean amparados bajo alguno de los programas del Estado que asisten a madres con hijos. En el primer caso, la alternativa es que ambos pasen a vivir con los abuelos paternos del menor, en el Cerro. Por el momento, no está claro cómo fue que el niño ingirió la cocaína, según aclaró Abdala.
