Con la puesta en práctica del Programa Nacional de Albergues, establecido en la Ley de Urgente Consideración, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) deberá aprobar la inscripción de estos espacios que acogerán a animales de compañía y habilitará su permanencia en el sistema. Los refugios que ya funcionan pueden incorporarse a la red, una vez que cumplan con los requisitos. Incluso la legislación habilita a acuerdos con instituciones públicas y privadas para que apoyen los albergues.
Se suman nuevas acciones desde el gobierno, en tanto la superpoblación canina pasó los límites en Uruguay. Si la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que es aceptable un perro cada diez personas, en el país existen nueve perros por cada diez personas.
Ante la gravedad de la situación, “por primera vez se lleva adelante una política pública”, aseguró el representante del Congreso Nacional de Intendentes, Miguel Píriz, en el directorio del INBA. Sin embargo, “se necesita un lugar para llevar a los animales” y de allí nace el programa de albergues. La arquitecta Astrid Sánchez, titular de la Fundación Cero Callejero, quien presentara el proyecto en la Junta Departamental de Paysandú y se reuniera con el intendente Nicolás Olivera, diseñó el plan que se ha aprobado en algunas intendencias y en otras aún se encuentra a estudio de los deliberativos.
Actualmente, los refugios están desbordados y no obtuvieron ayudas de las sucesivas administraciones nacionales ante las obligaciones del pago de facturas, insumos o alimentos.
Sin datos
En Uruguay no hay datos completos sobre la población canina y el censo que comenzará el mes próximo a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE), brindará una cifra certera porque pregunta acerca de la cantidad de mascotas por hogar.
En 2017 se contrató una empresa que censó a 1.742.000 perros en hogares y no sumaron a los canes callejeros. Por lo tanto, en forma paralela se lleva adelante un plan de castraciones para frenar la reproducción por acuerdos entre el INBA, las intendencias y organizaciones sociales.
En tal sentido, se destinan 120 millones de pesos anuales para efectuar un promedio de 120.000 castraciones que significa un 5% de la población a castrar. El subsecretario del Ministerio de Ganadería, Ing. Agr. Juan Ignacio Buffa, subrayó que “el Programa Nacional de Albergues está consagrado en el marco de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Con la firma del decreto presidencial, deben generarse una serie de condiciones para que los albergues formen parte de una red nacional”.
El jerarca dijo a EL TELEGRAFO que “esta red nacional es una parte angular en la política de tenencia responsable y bienestar animal de esta administración, porque estamos en la etapa de identificar y castrar. Eso lo hacemos en coordinación con las intendencias y el siguiente paso es empezar a retirarlos de la vía pública. A esta red de albergues serán destinados los animales que se encuentren en la vía pública”.
