(el pais)
Una iniciativa presentada por diputados de todos los partidos y que comenzó a discutirse hace pocos días en el Parlamento generó un inédito diferendo entre dos ministerios dirigidos por representantes de un mismo sector político. El proyecto plantea la transferencia al Ministerio de Ambiente de las competencias en torno al cuidado, conservación y regulación del monte nativo y palmares, que hasta hoy están bajo la órbita de la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca. De prosperar, será incluido en la próxima Rendición de Cuentas.
El tema se discute en una comisión creada especialmente. Allí su presidente, Eduardo Lust, justificó el proyecto, que según dijo sigue la “corriente del mundo occidental” de sacar este tipo de cometidos de ministerios de “producción” a otros más enfocados en lo ambiental.
La curiosidad pasa por la filiación política de los titulares de las dos secretarías involucradas, cada uno de los cuales defiende sus respectivas posiciones. Ambos son colorados y ambos, además representan a Ciudadanos. Consultado por El País Robert Bouvier, ministro de Ambiente, defendió lo planteado en la iniciativa y adelantó que irá al Parlamento a apoyar la transferencia de competencias.
Una opinión totalmente opuesta tiene su correligionario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, que pasó por allí a fines del mes pasado para sostener que lo planteado en el texto no representa ni el mejor paso ni la mejor medida. “Podría ser un antecedente que pusiera el riesgo el normal funcionamiento del Ministerio de Ganadería”, afirmó ante los legisladores. Mattos advirtió que “es algo que podría propender a una especie de desmantelamiento del ministerio”.
El proyecto incluye la transferencia a Ambiente de todos los recursos presupuestales, personal y atribuciones para cumplir sus nuevos fines, así como también la potestad para sancionar eventuales infracciones a la normativa vigente. Las últimas cifras oficiales indican que en Uruguay existen unas 900.000 hectáreas de bosque nativo, que abarcan cerca de 5% de la superficie total del país. Según Mattos se trata de una superficie que ha venido creciendo en los últimos años, lo que indica de alguna forma el “éxito” de la gestión por parte de la Dirección General Forestal, a cargo hoy de estos asuntos.
Según el Ministerio de Ganadería, existen hoy unas 6.200 explotaciones agropecuarias que desarrollan, al menos en parte, en áreas de monte nativo. En el 73% de los casos la actividad principal es la producción cárnica.
Por ley está prohibido realizar talas en esas áreas, salvo expresa autorización de la Dirección General Forestal. Para hacerlo hay que presentar un plan de manejo, ante el cual son las autoridades las que definen qué impacto tendrá y si es viable aplicarlo. Al año, siempre según cifras oficiales, se reciben en promedio 56 solicitudes y se autorizan 1.400 hectáreas a intervenir. En los últimos años, según Ganadería, se procesaron 818 infracciones a la normativa vigente, correspondientes a 181 hectáreas anuales. Por eso, se cobraron multas por U$S 83.000 anuales en promedio. Dependiendo de la gravedad de la situación, la sanción puede llegar a los U$S 15.000.
PEDIDO DE PENADÉS
(SUBRAYADO)
El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés, le envió una carta a la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, en la que le solicita que se le levante los fueros parlamentarios en caso de que sea citado por la fiscal de Delitos Sexuales de 6º turno, Alicia Ghione, que investiga las acusaciones en su contra realizadas por la militante blanca, Romina Celeste, por abuso sexual y pedofilia. En la misiva, el legislador expresa que “si el Poder Judicial solicitase el levantamiento de los fueros parlamentarios correspondientes a mi investidura, se proceda a dar trámite a dicho pedido en forma inmediata, adelantando a usted desde ya que no formularé al mismo oposición de tipo alguna”.
Ghione analiza un pendrive que el fiscal de Corte, Juan Gómez, envió al Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de Fiscalía para que se investigue de oficio las acusaciones realizadas contra el legislador nacionalista en la red social Twitter.
El miércoles 29 de marzo, Penadés emitió una declaración a los medios de comunicación en la que negó las acusaciones que en su contra hizo públicamente Romina Celeste, y anunció que demandará ante la Justicia a quienes lo señalan de cometer esos delitos.
Ahora, la fiscal Ghione y su equipo investigarán el material recibido el viernes, para determinar si Penadés incurrió en el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos. El delito, previsto en el artículo 4 de la Ley 17.815 de violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces, establece penas de dos a doce años de cárcel.
