El 8 de marzo de 2016, Paysandú pasó a cobrar notoriedad a nivel mundial ante el injusto e ilógico asesinato del empresario David Fremd, a quien un exdocente de primaria convertido al Islam ultimó de varias puñaladas por el solo hecho de “ser judío” y según dijo porque una voz –que le atribuyó a Alá– le dio esa orden. Ese día cambiaría la escena policial de nuestro país, porque no se trató de un hecho de delincuencia sino de odio y segregación.
Desde entonces, Carlos Omar Peralta –actualmente de 41 años– se encuentra internado en el Hospital Vilardebó, donde por fallo judicial se dispuso que esté “con estricto suministro de medicamentos para tratar su patología esquizofrénica”. Si bien al momento del crimen había sido declarado imputable, por entender la acción que había cometido, sin embargo fue puesto a resguardo del hospital psiquiátrico a fin de evaluarlo con otros profesionales.
Siete meses después, la valoración definitiva concluyó que el homicida “no fue capaz de apreciar el carácter ilícito de sus actos ni determinarse libremente” y que continuaría internado.
En junio de 2020, luego de varias pericias siquiátricas y el sometimiento a Juntas Médicas, la Suprema Corte de Justicia determinó que Peralta es inimputable y deberá permanecer internado en una institución mental con el estricto suministro de medicamentos para tratar su patología esquizofrénica. De la investigación de la Justicia, copia a la que accedió EL TELEGRAFO, surgió además que el homicida estuvo tres veces internado por alteraciones mentales en el hospital de Salto, consumía marihuana de forma recreativa y creció en un “hogar violento y abandónico”.
Sin embargo, en los últimos días surgió el comentario de que Peralta podría ser dado de alta y por ende retornar a vivir en sociedad, lo cual fue motivo de consulta de EL TELEGRAFO al Fiscal de Corte, Juan Gómez, durante su reciente visita a nuestra ciudad. “Primero tener en cuenta que se analiza conforme al anterior Código, segundo que hay una sentencia judicial en la que se lo considera inimputable por razones de enfermedad, tercero que en ese tipo de situaciones habitualmente se sigue la opinión de los médicos tratantes y cuarto que la opinión de los médicos tratantes por sí sola no logran el cese de esas medidas curativas que fueron impuestas por esa sentencia de condena, sino que se requiere eventualmente hasta una Junta Médica del Instituto Técnico Forense para saber si efectivamente la persona está en situación de volver a la sociedad y en qué condiciones”.
Analizando el caso concreto, “desde luego tenía la información de prensa del hecho pero nunca me había interiorizado de esa situación. Hoy por hoy fue un motivo de inquietud –a raíz de la consulta de este medio– por lo que estuve charlando con la fiscal que actuó en Paysandú. No sabía directamente que ese expediente está ahora en ejecución y que quien actúa es una Fiscalía de Montevideo por la radicación de la persona en el Vilardebó”.
“Obviamente tendremos el cuidado como Fiscalía de que la ley sea respetada en un caso como estos, si es inimputable su lugar es en un centro de internación que puede ser Vilardebó u otro, pero en principio parecería que es un claro acto de discriminación inadmisible en nuestro país; y eso nos habla de la importancia de lo que hizo esa persona y que como sociedad tenemos que tener el mayor cuidado de que eso no vuelva a ocurrir y ser muy determinados a un cumplimiento estricto de la ley. Si bien es una cuestión que estará a criterio de un juez, considero que la Fiscalía seguramente hará lo que esté a su alcance para que la situación sea normal, correcta, que corresponda, pero ajustada estrictamente a derecho. Eso nos preocupa y lo charlaremos”, dijo en exclusiva. → Leer más