(Por Horacio R. Brum)
De regreso en Buenos Aires desde el estable y predecible Chile, este corresponsal se encontró con otra novedad de la siempre sorprendente realidad argentina; en las plazas de la ciudad, el gobierno municipal había instalado unas carpas blancas, donde se explicaba a los ciudadanos cómo votar en las elecciones primarias de este domingo. Cual promotoras de los supermercados, unas jóvenes bonitas y amables entregaban bolsas con folletos explicativos y asistían a los interesados en aprender a operar unas computadoras dispuestas para el ensayo del voto electrónico.
Los folletos daban cuenta que ese no era el único cambio en la forma de sufragar, porque había dos formas de votar: por los candidatos a los cargos nacionales se haría como siempre, con listas de papel, en tanto que las candidaturas municipales serían elegidas mediante el sufragio electrónico. O sea que, al menos en la capital de Argentina, este domingo los votantes deben primero depositar las listas nacionales en las urnas clásicas y luego entendérselas con las computadoras para designar a sus candidatos preferidos para la competencia municipal. Pasando la avenida de circunvalación General Paz, que marca el límite entre el territorio capitalino y la provincia de Buenos Aires, todos votan en papel… como si en el centro de Paysandú se sufragara en papel y en computadora y en Nuevo Paysandú lo hicieran solamente en papel. Estas no son elecciones reales, sino un ensayo general de lo que sucederá en octubre.
En 2009, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner creó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), supuestamente con el objetivo de democratizar la designación de los candidatos para todos los cargos de elección popular. Así se impuso la ficción de que toda la ciudadanía puede participar en esa designación, no solamente los afiliados y militantes de los partidos (algo que es común en el resto del mundo). “Democratizar”, en el lenguaje político argentino, suele tener el significado de arreglar las cosas para que funcionen en beneficio del interés del partido y el gobernante de turno, por lo cual las PASO fueron convertidas en un barómetro para las elecciones generales, una gran encuesta nacional pagada por el Estado, más barata para los partidos que si cada uno encargase un estudio de opinión.
En ese contexto, las peleas por ocupar las candidaturas son tan duras como si se tratase de las verdaderas elecciones y en un extremo puede haber miles de postulantes, como sucede en la provincia de Buenos Aires (40.500 aspirantes en 1.835 listas para candidatos a presidente y vicepresidente de la república, gobernador y vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y otras autoridades provinciales), o una lista con un solo candidato para la presidencia, que no da elección a los sufragantes. Este es el caso del actual ministro de economía Sergio Massa, cuya candidatura única fue impuesta a instancias de Cristina Fernández, representando a la Unión por la Patria, el reciclado Frente de Todos kirchnerista. La oposición optó por dos postulantes: el jefe del gobierno (intendente) de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich. Durante varias semanas, Bullrich y Rodríguez Larreta se criticaron y descalificaron casi como si no pertenecieran a la misma colectividad, para luego anunciar que esperarán juntos el resultado de las primarias.
Desde abril, los argentinos han soportado 19 jornadas electorales, entre las PASO provinciales y elecciones de autoridades de las provincias, con más de 800 partidos políticos. Hay provincias donde los gobernadores han eliminado las primarias, porque las ven como un obstáculo para su perpetuación en el cargo. La tendencia a aferrarse al sillón del poder es otro vicio político nacional, con casos como los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, que directa o indirectamente gobernaron la provincia de San Luis durante cuatro décadas –hasta este año, cuando un candidato opositor ganó sólo porque los hermanos se pelearon–, o el de Gildo Insfrán, señor de Formosa desde 1995. Estos caudillos, que son principalmente peronistas, manejan a su voluntad los calendarios electorales y llaman a las urnas cuando el viento de la opinión pública está claramente a su favor. Por lo general, gobiernan provincias con unos altos niveles de pobreza y subdesarrollo, donde el empleo público favorece a la mayor parte de la población.
Como sucede con los sindicatos, que reciben del Estado millones de dólares para las “obras sociales” de asistencia de salud a sus miembros y poco cumplen con la obligación de rendir cuentas, tener un partido político es un buen negocio en este país. No existe una Corte Electoral y para constituir un partido basta presentar ante los que se denominan “juzgados con competencia electoral”, el acta de fundación de la colectividad, firmas que lleguen al 4 por mil (0,004) del padrón del distrito donde se funda, la declaración de principios, la carta orgánica, el listado de autoridades y el domicilio. De esa manera se tiene acceso al Fondo Partidario Permanente que maneja el Ministerio del Interior, cuyos recursos supuestamente deben destinarse a la capacitación de los dirigentes y la inclusión de las mujeres. Para las elecciones, cada partido recibe unos 400.000 dólares por cada lista que inscriba, destinados a gastos de impresión, además de otras sumas para gastos de campaña, que en estas primarias van desde 1.700.000 dólares para el oficialista Unión por la Patria y U$S 1.600.000 para el opositor mayoritario Juntos por el Cambio, hasta 161.000 y 120.000 dólares respectivamente, para los debutantes Proyecto Joven y Frente Patriota Federal. Después de la jornada electoral, todas las agrupaciones recibirán otros pagos, proporcionales a los votos obtenidos. Con esa bonanza, no es para extrañarse que poco tiempo antes de estas PASO lograron el reconocimiento oficial 93 partidos nuevos.
Decenas de miles de personas deberán representar a los partidos en las mesas de votación, con estipendios de hasta 50 dólares cada una. Algunos cálculos periodísticos indican que, para cada aspirante a la candidatura presidencial, se necesitarán 120.000 fiscalizadores en toda la Argentina. Este es un gasto que también desaparece en el agujero negro de las finanzas de los partidos, porque no se declara ante las autoridades electorales. Sí está controlado el pago a los integrantes de las mesas, que es de $7.000 (alrededor de 25 dólares, al cambio oficial), con $3.000 más si aceptaron ir a cursos de capacitación. El incentivo monetario y las exhortaciones a cumplir con un deber cívico al parecer no fueron suficientes; sólo en la provincia de Buenos Aires, de las 3.000 citaciones diarias entregadas hasta el jueves, el 60% fue rechazado por los propios destinatarios o por errores de dirección.
“Esto es un caos, va ser tremendo”, declaró a un diario un funcionario con experiencia en muchas elecciones, y para el jefe de la Dirección Nacional Electoral, que supervisa el escrutinio, este domingo es una jornada “de largo aliento”, por las complejidades del conteo de la enorme cantidad de listas y candidatos. Este miércoles, cuando los políticos se preparaban para el ensayo general, intercambiando insultos y frases altisonantes, el asesinato de una niña de once años por dos motochorros drogadictos que le robaron el celular los obligó a suspender los actos de cierre de campaña y trajo al primer plano uno de los temas que realmente preocupan a la gente: la seguridad. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que hay en Argentina dos millones más de pobres que el año pasado, lo que eleva la pobreza al 38,7%, pero el Banco Central pospuso hasta después de las primarias la divulgación de una encuesta sobre las expectativas de la inflación.
Además, el ministro-candidato Massa pudo hacer a último momento un pago al Fondo Monetario Internacional, sin el cual ese organismo no entrega más dólares, gracias a un préstamo de Qatar, el mismo país que fue testigo de una de las pocas glorias nacionales de estos tiempos: la victoria en el Campeonato Mundial de Fútbol.
