Cuarenta familias que hace doce años fundaron una cooperativa de viviendas, comenzaron la etapa de construcción en 2017 y en 2020 la discontinuaron ante graves problemas constructivos siguen esperando una solución, mientras las casas continúan deteriorándose.
Se optó por utilizar el sistema constructivo no tradicional Crupe System, que se compone de insultime o protex y estructura de hierro, que contaba con el Documento de Aptitud Técnica (DAT). Pero mientras se estaba construyendo comenzó a apreciarse la acción del óxido, cuya corrosión en los metales, ha provocado destrozos en viviendas, poniendo en riesgo la estructura.
Los integrantes de la Cooperativa Obreros de la Construcción (Covioc) ubicada en Vizconde de Mauá 2148, entre Purificación y Vásquez Varela iniciaron acciones judiciales contra el Ministerio de Vivienda, la empresa proveedora de materiales y el instituto asesor.
Hugo Betti y Fanny Ferrari, presidente y vicepresidenta de la cooperativa, explicaron que en febrero de 2020 un grupo técnico de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, contratado por el Ministerio de Vivienda, realizó estudios y cateos para determinar el estado de las viviendas, pero en junio de ese año los resultados indicaron que “nadie podía asegurar la viabilidad de las casas y que nadie sabía el grado de compromiso (de óxido) que tenían los hierros de la estructura”.
De todas maneras continuaron con la construcción “aunque fue difícil anímicamente para cada socio, pues se estaba trabajando en una casa que no sabíamos si podríamos llamar hogar”. Pero en noviembre de 2020, “soportando una gran insistencia de parte del Instituto de Asistencia Técnica (IAT) por realizar el taller de fin de obra y así posteriormente sortear las llaves, la cooperativa, por medio de decisión en Asamblea decidió no continuar con la obra y pararla”.
“Al hacerlo, pensábamos que alguien de parte del Ministerio se presentaría a interiorizarse por la causa de nuestra decisión y cuál era la situación de nuestra cooperativa, pero eso no ocurrió”.
Betti y Ferrari, rodeados de otros cooperativistas, aseguraron que “detener la obra fue una decisión que nos costó como cooperativa, porque estábamos trabajando y esforzándonos por nuestra casa”.
“En 2019 nos habíamos enterado de la situación de una cooperativa en Fray Bentos que usaba el mismo método constructivo y, aun en la incertidumbre, continuamos trabajando un año más, hasta que decidimos parar todo”.
“Entonces, no solamente fue un problema constructivo, sino de cada uno de los integrantes”.
Esa decisión provocó inconvenientes a todos los participantes. “Cada familia se vio afectada porque obviamente el que entra a una cooperativa considera que es la manera más viable en Uruguay para tener la casa propia. Hace rato que deberíamos estar habitando las casas y para nada ha sucedido así”.
“Mucha gente sigue pagando alquiler, viviendo en la casa de alguien, en un lugar prestado”.
“Y además tenemos que seguir pagando las cuotas sociales, una obligación que como cooperativistas tenemos que cumplir”.
“Además, tampoco podemos irnos y abandonar el predio, porque cualquier cosa podría ocurrir”.
“Entonces tenemos que seguir haciendo guardia para cuidar algo que no sabemos el día de mañana qué va a pasar. Porque eso justamente lo resolverá la justicia, con sus tiempos”, destacaron.
Hicieron hincapié en que “lo único que reclamamos son nuestras viviendas dignas, como cualquier persona que quiere estar en su casa, con los gurises, seguro, sin riesgos. Pero en esta situación, si habitamos las viviendas, está el peligro muy real que el día de mañana pase algo, se caiga un pedazo de una casa, como de hecho ha ocurrido”.
“Aquella decisión de parar fue difícil, pero fue la acertada. Las casas así como están no soportarían el movimiento de un barrio”.
Todo esto lleva a que “decaiga el estado de anímico con el paso del tiempo y nos surja la pregunta de hasta cuándo seguir, llevamos ya varios años, casi cuatro, luchando”.
“No todos los socios tienen las mismas posibilidades, así que todo se hace muy cuesta arriba”.
Pero a los cooperativistas “lo que más nos duele es que a nivel departamental nadie ha considerado realmente nuestra situación. Hemos llegado hasta la Intendencia, pero nadie hasta ahora ha demostrado interés en la realidad de estas cuarenta familias”.
“Hay que reconocer sí que la diputada Nancy Núñez nos conectó con la entonces ministra Irene Moreira, quien estuvo en nuestra cooperativa. Pero más allá de eso, nada”.
“Nadie se acerca a preguntarnos, a ver qué pasa. Porque nuestras realidades familiares, particulares, son de diversa índole y siempre complicadas”, expresan y sus rostros muestran la preocupación que los embarga.
