Una larga discusión por el bullying en Uruguay
La Universidad de Turku, en Finlandia, creó en el año 2006 el método KiVa contra el acoso escolar o bullying que en la actualidad se aplica en algunas escuelas de América Latina.
El paso de los años y su implementación en prácticamente la totalidad de los centros educativos fineses evalúa en forma positiva la reducción significativa de los casos de acoso y apoya a las víctimas para que obtengan mejores resultados académicos.
El método no está centrado en la víctima y su acosador, sino en el entorno que –de alguna forma– colabora en la violencia. Tanto sea por mirar para el costado, participar en filmaciones o peleas, naturalizar y relativizar los casos o deslindar responsabilidades.
Justamente, trata de cumplir el objetivo tan ansiado que es evitar la normalización de los hechos de violencia y evitar que haya cómplices. De esta forma, se quita espacio de poder al acosador y su conducta queda en evidencia.
Está diseñada para alumnos entre 6 y 9 años, de 10 a 12 y la etapa de la enseñanza secundaria. Los docentes, formados en el tema, lo abordan desde diversas dinámicas –lúdicas, entre otras herramientas– para diferenciar las situaciones y que la comunidad pueda intervenir. Claramente, la prevención del acoso es un trabajo que comienza en la niñez para que puedan focalizarse las intervenciones y hacer un seguimiento específico de los grupos orientados a detectar el problema.
A mediados de 2013, fue sancionada en Uruguay la Ley N° 19.098 para la “confección de protocolo de prevención, detección e intervención de maltratos en cualquier centro educativo”, a iniciativa del entonces diputado Gonzalo Novales.
Los escasos resultados motivaron a que dicho legislador presentara cinco años después, en 2018, un pedido de informes porque el flagelo continuaba. Las autoridades educativas de aquel año señalaban que los dos protocolos definidos para Inicial y Primaria y Educación Media cumplían con los objetivos de la ley. Pero no era así. Los maestros y profesores aseguraban que no tenían instrucciones claras de actuación ante el problema y se reiteraban las denuncias de padres y estudiantes.
En agosto de 2016, la entonces diputada nacionalista Lourdes Rapalín presentaba una propuesta para que la víctima de acoso tenga derecho a reclamar al responsable “una indemnización por daño moral y psicológico, mínima equivalente a seis mensualidades de su matrícula mensual al colegio correspondiente, o su equivalente a seis Salarios Mínimos Nacionales en las instituciones públicas”.
El protocolo de acción se basaría en el método KiVa y existía la posibilidad de fusionarse con lo propuesto por Novales.
A mediados de 2020, la diputada del Partido Colorado Nibia Reisch presentó un proyecto de ley para atender el acoso y ciberacoso (bullying y cyberbullying) en centros educativos u otras organizaciones que agrupen a niños y adolescentes.
Hace tres años, la diputada enfatizaba en que “es un problema que está siendo detectado con graves consecuencias”, y que “ha tenido un incremento” tanto en “su frecuencia” como “en el nivel de violencia”.
Sin embargo, las propuestas presentadas fueron más que tres. Otras, de similares características pertenecieron a José Amy, Carmelo Vidalín e integrantes de la bancada femenina del Partido Colorado.
Hace pocas semanas, la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, presentó un proyecto de ley para establecer la “responsabilidad de los centros educativos en materia de acoso escolar”. Obliga al cumplimiento de un protocolo de actuación para prevenir, detectar e intervenir en situaciones de maltrato físico, psicológico o social.
Incluye una “responsabilidad subsidiaria” del centro educativo y su obligación de reparar el daño que sufran las personas bajo su dependencia. La víctima puede accionar por la vía civil el daño ocasionado hasta cuatro años después de ocurrido el caso.
Es decir, no ha sido por falta de insistencia de nuestro espectro parlamentario. Hoy, no obstante la variedad de propuestas parlamentarias, se observa la misma matriz discursiva.
Porque los datos van por otro costado y son aún más porfiados. El informe PISA correspondiente al año 2018 señala que el acoso tiene un 26% de incidencia en el sistema educativo de Uruguay.
Incluso Unicef publicó un informe sobre el particular, donde los investigadores enfatizan en la necesidad de establecer una metodología única para enfrentar la problemática que, si bien no desparecerá, al menos disminuirá sus consecuencias.
¿Y cuáles son sus consecuencias? Están a la vista de las estadísticas y lo dice el Ministerio de Salud Pública: el 19% de los suicidios o intentos de autoeliminación entre los menores de edad en Uruguay es por el bullying.
Los técnicos enseñan que el suicidio es multicausal. Sí, pero hay un relación directa entre el acoso y la autoeliminación.
El método finés involucra a los entornos cercanos de víctimas y acosadores y les da un lugar de preponderancia. En cualquier caso, conviene preguntarse en qué lugar se encuentran las familias de cada uno de ellos. Y, también, existe una estadística para esa pregunta. La Junta Nacional de Drogas realizó un estudio que está incluido en el informe de Unicef y precisa que 2 de cada 10 víctimas y 6 de cada 10 hostigadores, tienen padres poco involucrados en sus vidas.
Aunque varíen los guarismos relativos a las economías, resultados académicos o transparencia de sus gobiernos de cualquier parte del mundo, el acoso es similar y básico en todos los países.
Es probable que varíe el enfoque y la responsabilidad de cada parte involucrada. En América Latina existe la insana costumbre de encontrar culpables en el otro. Y las opciones son variadas: es la escuela, es el liceo, son los otros padres, son los amigos, es el sistema, son los medios de comunicación, es la falta de penalización, es la falta de legislación y un largo etcétera.
Pero, volvamos al principio. El método pionero que se ejecuta en Finlandia surgió de la investigación del comportamiento humano. Es que había que salvar vidas y trayectorias educativas –de ambos involucrados– sin apelar a largas discusiones.
Así fue que el ámbito académico propuso una solución a un problema que existía. Se aplicó, se realizaron revisiones constantes, continuaron con su seguimiento y dio resultados. Punto. → Leer más
Tras concretarse una jornada dominical de importante afluencia de público, la de este lunes puede considerarse “visagra”, al anunciarse precipitaciones para todo el día, lo que seguramente mermará la cantidad de gente que visite la Expo Prado.
Para el ingeniero José M. Zorrilla, director de la empresa constructora Santa María, el dragado a 34 pies de los pasos del río Uruguay sería factor fundamental para el desarrollo de la región y el país, y consideró que es perfectamente viable y necesario llevar a esta profundidad los pies de puerto de la zona, incluyendo también al puerto de Casa Blanca.
En una pared ubicada en el sector sur de calle Rincón pasando Zorrilla, en la parte trasera del Hotel Plaza, la artista Magalí “Maga” Vázquez viene creando un mural con el propósito de recordar la historia de la plaza Constitución y su antigua fuente. En ese contexto, también se está organizando un concurso para todas aquellas personas que tengan fotografías antiguas y deseen compartirlas a través de Instagram.
Luego de la renuncia de Carlos Albisu al frente de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, a raíz de la polémica por las contrataciones directas dentro del organismo binacional a ediles que militan en la lista 404 de Aire Fresco, el intendente de Salto, Andrés Lima, señaló que “lo que sucede ahora es como en aquel libro de Gabriel García Márquez, ‘Crónica de una muerte anunciada’”. Según el intendente salteño, “hacía tiempo que se presentaban denuncias y planteos sobre lo que sucedía en Salto Grande, sobre todo por el manejo no muy transparente de los recursos e ingresos. Ahora tomó estado nacional, con muchos cuestionamientos dentro de la propia coalición”, dijo a EL TELEGRAFO.
Casi dos mil personas ya se inscribieron para acceder a un contrato del programa Oportunidades Laborales, mejor conocido como Jornales Solidarios. Hasta el viernes se inscribieron 1.944 personas. Los interesados pueden aún inscribirse hasta mañana, en tanto el sorteo se realizará el 25 de setiembre. Desde que comenzó el programa de Oportunidades Laborales, en Paysandú se distribuyeron 128 millones de pesos en el pago de jornales y 19 millones de pesos en aportes jubilatorios, beneficiando a más de 2.000 personas.
