Hace varios días venimos tomando conocimiento por diferentes medios (prensa, conocidos, redes) de la denuncia que varias personas han ingresado contra dos veterinarias conocidas en Santa Lucía, Canelones. Los hechos que se relatan revisten, como mínimo, las características de ilegales, crueles e inmorales.
Los denunciantes relatan haber entregado animales que se encontraban bajo su cuidado a una veterinaria que les ofreció cuidarlos, curarlos y darles una vida mejor en un campo o refugio en Cerro Largo. A cambio de eso, cobraba una suma de dinero, “para el traslado”. Acto seguido, relatan ser impedidos de contacto con los animales, se les niegan noticias, se les niega información sobre el lugar específico donde se encuentran y en algunos casos se explica que “murieron” sin más dato, ni devolución del cuerpo, ni informe médico veterinario, ni autopsia. Luego –relatan– participa otra veterinaria haciéndose pasar por una tercera persona, para decir que era quien tenía los animales y que estaban todos bien. Es decir, relatan una estratagema, una maniobra para engañarlos.
Desde el punto de vista jurídico, todos los hechos que se aducen deben ser probados. Los denunciantes agregaron varios medios de prueba al expediente, a los que no podemos acceder por ser un expediente penal en etapa no pública. Dichas pruebas se encuentran siendo evaluadas por las autoridades correspondientes.
Siempre desde el punto de vista jurídico, hay varios caminos que pueden transitarse al mismo tiempo:
1) Una denuncia penal por estafa (que se encuentra en curso), que de avanzar podría significar para las denunciadas que resultaren condenadas, una pena de 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría según el Art. 347 del Código Penal.
2) Una denuncia al INBA por incumplimiento grave de la Ley 18.471 (que se encuentra en curso) que de avanzar llevaría a la imposición de multas, a criterio del Instituto, que podrían ser pecuniarias, la imposibilidad de tener animales a cargo, etcétera.
3) Una posible denuncia civil por daños y perjuicios, daño moral por el sufrimiento causado por su accionar, etcétera. En el mejor de los casos termina en una condena en dinero.En ninguno de los caminos mencionados estamos tutelando a los animales que fueron víctimas de esta maniobra y que, muy probablemente, hayan perdido la vida porque no aparecen y no dicen dónde están o a quien los entregaron. Es más, nuevos animales podrían seguir cayendo en manos de las denunciadas, cuyo título habilitante para ejercer no se ha suspendido.
De ser cierto que los animales entregados fueron asesinados, no hay ley que tipifique como “asesinato” esa conducta y mucho menos una que considere como agravante que las intervinientes son veterinarias, profesionales universitarias que estudiaron para cuidar de los animales y que, por eso, revisten de una “legitimidad” en la que la gente de buena fe, confía. Por lo que, por esa conducta, no van a ser juzgadas penalmente.
La insuficiencia de la normativa legal no hace más que exacerbar la indignación de la gente, violentada en su confianza, violentada por la crueldad desplegada sobre sus animales de estima, violentada por la falta de escrúpulos, empatía y moral que reina en nuestra sociedad.
Solo una respuesta firme, tanto a nivel judicial como administrativo, restablecería en algo el balance social resquebrajado.
Es esperable que la justicia obtenga todos los elementos de prueba que necesita y condene las conductas encuadradas en delitos penales severamente.
Es esperable que el INBA, organismo competente para velar por el bienestar animal, condene con el máximo de sanciones a su disposición las conductas relatadas, para las que cuenta con varios testimonios y pruebas.
En su artículo sobre “La responsabilidad del Estado por la omisión del ejercicio de sus funciones de vigilancia”, el profesor argentino Pablo E. Perrino expresa: “Se trata de perjuicios que, generalmente, son ocasionados por personas privadas a otros sujetos privados, pero que la víctima demanda su reparación al Estado, porque considera que si este hubiera ejercitado correctamente sus deberes de fiscalización o vigilancia nos los habría padecido”.
Quizás, como ciudadanos, miembros de un estado democrático de derecho, debamos comenzar a exigir más de nuestro Estado, no el mínimo imprescindible, sino que cumpla cabalmente con sus cometidos y funciones. Porque el Estado es, ni más ni menos, que el ente que resguarda los derechos de todos los habitantes. Exijamos que cumpla con su función.
Dra. Verónica Ortiz, Diplomada en Derecho de los Animales – UMSA