Mientras desde el Frente Amplio se denuncia que hay un “oscurantismo” que oculta designaciones e ingresos de funcionarios de carácter político en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), datos obtenidos por EL TELEGRAFO en base a fuentes confiables contradicen argumentos que se han venido manejando desde la oposición, en tanto también se recordó que en el año 2019 el entonces presidente Tabaré Vázquez se negó a revelar los salarios de los delegados uruguayos en la comisión binacional.
El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani denunció que hubo 43 ingresos directos en la Comisión Administradora del Río Uruguay, y expresó al respecto que “nos enteramos de que no solo ha habido ingresos irregulares de manera directa en Salto Grande, que fueron más de 36 y ahora, por un cambio de estatuto de la propia administración, van a ser funcionarios de planta. Van a quedar como funcionarios permanentes cuando ingresaron de manera directa y a dedo. También ha habido, por lo menos, 43 ingresos de manera directa en la CARU. Aparentemente en Salto Grande eran ediles de la 404 y en la CARU hay familiares de parlamentarios, además de ediles de Alianza Nacional”, a la vez de recordar que en ninguno de esos organismos binacionales hay representación de la oposición.
El parlamentario de la coalición de izquierdas dijo además que “nos preocupa que se ha tomado como coto de caza del Partido Nacional y por parte de algunos sectores del Partido Colorado para ingresar a dedo ‘amiguitos políticos’. Con estos ingresos, estos organismos binacionales, que son muy importantes, han sido utilizados de manera clientelar y con vicios de corrupción”.
Contratos a término
Mientras tanto, según se indicó a EL TELEGRAFO, durante la actual administración iniciada en 2020 no ingresó ningún funcionario a la planilla permanente en CARU, sino que hay 43 contratos a término entre uruguayos y argentinos, como consecuencia de bajas por retiros jubilatorios, en su gran mayoría.
A su vez ingresar a CARU a planta permanente solo es posible por concurso, los cuales están previstos oportunamente.
Asimismo, las partidas para gastos de Delegación son entre 40 y 50 % inferiores en los años 2020, 21 y 22 en relación con la Administración precedente, en tanto que la partida anual para mantenimiento de dragado a cargo del Estado uruguayo se abatió en un 41% en el año 2023.
Vázquez se negó a informar sobre salarios a delegados
En 2019, el entonces presidente saliente Tabaré Vázquez, a través de una Resolución estableció que no corresponde brindar información “relativa a los salarios de los integrantes del Directorio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)”.
El artículo 30 de la Constitución establece que “todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República”, y en virtud de tal norma constitucional un ciudadano uruguayo (Eduardo González) ejerció su derecho y pidió al Ejecutivo que le informara cuánto ganan los miembros de que se conforma la CARU.
El 25 de noviembre de 2019, sin embargo, Tabaré Vázquez firmó la Resolución 3.845 por la cual consideró “inviable” la solicitud de González y consecuentemente “desestimó” hacer públicos los emolumentos que perciben los altos cargos de la CARU. En los fundamentos de la medida adoptada por el presidente Vázquez se da cuenta que la CARU emitió la comunicación SAD 309/19 en la que considera que “no corresponde” brindar detalles sobre los sueldos de los funcionarios que la componen, “en virtud de tratarse de un organismo internacional con personería jurídica para el cumplimiento de sus cometidos”, según el artículo 50° del Estatuto del Río Uruguay.
“Acuerdos de Privilegio”
El otro argumento esgrimido durante la Administración Vázquez para mantener en secreto los salarios de los diez integrantes que conforman la CARU (cinco uruguayos y cinco argentinos) son dos instrumentos firmados en los años 1979 y 1980, según indica información dada a conocer por El Entre Ríos (Argentina), en base a información de Radio Máxima de esta provincia argentina.
Consigna que en ambos documentos se establece que el organismo binacional “goza de los privilegios y las inmunidades” establecidos en los Acuerdo en Sede del 5 de marzo de 1979 suscripto entre la CARU y el Estado uruguayo y el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades entre la CARU y Argentina del 30 de diciembre de 1980.
En 1979 y 1980, tanto en Uruguay como en Argentina, gobernaban dictaduras militares. Sin embargo, ninguna de tales normas ha sido derogada por otras que arrojen más transparencia al manejo de la CARU, aún cuando pasaron 15 años de gobierno de la actual oposición, el Frente Amplio.
En algunos casos, tampoco son públicos los detalles de los contratos que firman los funcionarios de segunda línea que son designados por los respectivos presidentes de cada una de las delegaciones. El último Presupuesto de la CARU publicado es el que correspondió al año 2016 y que fuera aprobado en diciembre de 2015.