El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que estuvo en Paysandú en el marco de la gira “Diálogos por Uruguay” aseguró que los cuatro ediles que votaron en la sesión del 18 de agosto a favor de que la Intendencia tome un crédito puente para el Campus Universitario pasarán al Tribunal de Conducta Política”.
Ante la actitud tomada por Hermes Pastorini, Washington Gallardo, Martín Bálsamo y Raquel Medina, Pereira indicó que “no nos gusta” que votaran con el Partido Nacional y el Partido Colorado, cuando la Mesa Política había mandatado no votar en esa sesión en concreto.
“Cuatro ediles entendieron que lo tenían que votar en esa sesión. Desde nuestro punto de vista, no cumplieron con el mandato de la Mesa Política. Ahora no lo va a analizar el Presidente del Frente Amplio, sino el Tribunal de Conducta Política porque en el Frente Amplio no es como en otros partidos que definen en una reunión entre cuatro. En el Frente Amplio se resuelven los temas en organizaciones colectivas y la decisión va a ser colectiva cuando haya un informe del Tribunal de Conducta. Pero son igual de compañeros esos cuatro ayer que hoy. Todos en nuestras vidas hemos cometidos aciertos y errores e inclusive –lo he dicho–, a veces las mayorías nos podemos equivocar. Por eso hay sistemas de mayorías y minorías”, explicó Fernando Pereira.
En cuanto al proceder de la diputada Cecilia Bottino, que explícitamente se mostró a favor del crédito puente, se limitó a indicar que “eso lo vamos a conversar adentro de casa, como se resuelven los problemas entre compañeros, siempre adentro de la casa”.
Puso especial hincapié en subrayar que “todos los ediles del Frente Amplio y la Mesa Política están de acuerdo con que haya un Campus Universitario en Paysandú. Si no lo aclaro, parecería que ese fuera un tema de división. Ahora, creemos que en un tema de esa envergadura, el presidente Lacalle tiene que responsabilizarse; es un asunto del gobierno nacional, no del gobierno departamental”.
“Se hablaba de 6 millones de dólares, que en relación al presupuesto es muy poco. Se tendría que haber hecho cargo el gobierno nacional; dinero había, si surgieron cinco millones de dólares para Salto Grande”, agregó.
“Es el Estado central el que tiene que dotar de recursos a la Universidad, no la intendencia, que si puede donar su predio como puede dar en comodato un lugar, una tierra. No debería hacerse cargo de cosas que son de gobierno nacional. Esto se parece más a clientelismo político a favor de (Nicolás) Olivera, que es una decisión de fortalecer la Universidad porque 6 millones de dólares no me van a decir que es un problema para el gobierno nacional, porque no lo puedo creer. Ni yo ni nadie, me imagino. En el caso de estos ediles se tomó una decisión política desde nuestro punto de vista equivocada, pero en el tema de fondo, que es finalmente lo que importa, todos nosotros somos hinchas de la Universidad”.
