La electrificación del transporte público

El Gobierno está preparando un programa cuyo propósito será incentivar la reconversión de la flota urbana y suburbana del transporte de pasajeros. Fue una de las principales repercusiones que dejó el III Foro Internacional de Movilidad Eléctrica que se realizó en la sede del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Montevideo esta semana. A través de este programa se pretende promover el incremento de la movilidad eléctrica como parte de la transformación de la matriz energética. Claramente tiene explicaciones el que se ponga como foco el transporte público en la capital y su área metropolitana, dado que por la concentración poblacional de esa zona es en la que se puede lograr con esta medida un impacto significativo, por la cantidad de unidades que circulan y la cantidad de pasajeros que se desplazan en esas unidades. De hecho el país ha venido haciendo inversiones a través de distintos programas de incentivo para la incorporación de vehículos eléctricos al transporte, tanto ómnibus como taxis, y si bien todavía es muy reducido el número en ambos casos en comparación con el total de buses y taxímetros, al hacer uso de una de esas unidades o incluso cuando se está cerca de uno en funcionamiento, son fácilmente apreciables las ventajas, por la práctica ausencia de ruidos y de las molestas emisiones de los escapes. Pero claro, hay un detrás de escena que no es tan fácil ver, que no alcanza con pararse al lado de un ómnibus o un taxi a batería, y es allí donde está el verdadero desafío de la electrificación. Pero vayamos por partes.
En este foro participaron tres ministros de gobierno: Omar Paganini, de Industria, Energía y Minería; José Luis Falero de Transporte y Obras Públicas, y Robert Bouvier, de Ambiente, entre otras autoridades como la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y jerarcas de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Unasev, que también tienen su que ver en el tema. Fue el titular de Industria, Paganini, quien refirió a las acciones que se vienen implementado desde el gobierno tendientes a fomentar la transición para el uso de vehículos eléctricos, entre las que mencionó exoneraciones impositivas y subsidios en la compra de coches de pequeño porte y taxis. También adelantó que a efectos de mejorar la denominada como “ruta eléctrica”, UTE va a instalar cargadores rápidos en diferentes puntos del país. Hoy hay dispuestos 235 puntos de carga en el territorio nacional y se procura alcanzar los 300 antes de finalizar el año.
Pero lo interesante lo planteó en este caso Falero. El ministro de Transporte, quien comentó que el gobierno “está abocado a un proyecto de fideicomiso de la movilidad eléctrica por hasta 30 años, que permitiría acelerar la reconversión de las unidades de transporte público de pasajeros urbano y suburbano a un sistema eléctrico”. Agregó que, para asegurar que se alcance este cometido, “la administración central brindará facilidades a empresas privadas para la inversión y se prevé, como contrapartida, que el recambio se establezca como obligatorio”. Las metas son ambiciosas, y de cumplirse supondrían un cambio radical, porque hacia el final de esta década los vehículos eléctricos pasarían a ser la mayoría. “Se espera que, para 2025, cerca del 30% de estos coches sean eléctricos, lo que representa unos 286 ómnibus. Además, Falero adelantó que en los próximos cinco años (en 2028) se podría llegar a disponer de un 60% de la flota de este tipo de vehículos”.
Ahora bien. Hay algún detalle que podría estar pasándose por alto en este enfoque y es estudiar si alcanza con simplemente “reemplazar” un ómnibus a gasoil por otro eléctrico. Porque no es lo mismo, aunque sean capaces de transportar el mismo número de personas unos y otros, hay otros factores a tener en cuenta. Estos factores fueron analizados en 2021 por Daniel Cuadro y Pablo Spagnuolo, entonces estudiantes de la Universidad ORT Uruguay, de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales, en su trabajo final para su graduación como Máster en Impuestos y Normas de Contabilidad, al que titularon “Análisis de las variables que condicionan el transporte colectivo urbano eléctrico”.
El trabajo es un completísimo estudio en el que incorporan los puntos de vista al respecto de numerosos actores del sector del transporte de pasajeros metropolitano, tanto de jerarquías de las empresas, como también de quienes tienen que ver en la operativa del sistema, por ejemplo en el mantenimiento de las unidades, también por supuesto de las autoridades. El informe, de 133 páginas, está muy detallado y se puede consultar en el Sistema de Bibliotecas de la referida universidad.
Debido a que es imposible compendiar todo eso en este espacio, vayamos al punto. En su análisis de hipótesis acerca de la rentabilidad de la sustitución de los vehículos a gasoil, señalan que se comprueba que sí, es rentable desde la óptica de los operadores sustituir la flota por eléctricos considerando que se mantengan los incentivos desde el Estado para el uso de la electricidad. Sin esto la ecuación cambiaría, aún teniendo en cuenta una eventual futura baja de precio de las unidades (que al momento del estudio duplicaban a las motorizadas a gasoil).
Pero lo interesante del informe es que hay otro compromiso a sumir desde el Estado, desde UTE en particular. “Otro elemento que afecta la rentabilidad y fue destacado en el trabajo de campo es la limitada autonomía del ómnibus eléctrico. Se necesitan más ómnibus eléctricos para cumplir los mismos servicios de los ómnibus a gasoil. En el análisis de factibilidad se necesitaron 223 ómnibus eléctricos para cubrir 170 ómnibus a gasoil”, concluyen. Esto se debe a la limitada autonomía de los ómnibus eléctricos, que afecta la rentabilidad, y se plantea aún teniendo en cuenta que esa variable también va a mejorar en el futuro. Pero también habrá que invertir y mucho en infraestructura. “En definitiva, los ómnibus eléctricos son rentables siempre y cuando el Estado siga financiando la diferencia del costo de adquisición de ambas tecnologías y subsidie la tarifa a la electricidad”. Esto va a tener otro impacto: más unidades requieren por ejemplo más choferes, y más mantenimiento, por ejemplo. Esto, pensando en ese “estímulo” de la obligatoriedad del que habló Falero.
Que es bueno el cambio, lo es, y lo ambicioso del objetivo es bienvenido, pero habrá que hilar muy fino para que por vestir un santo no se termine desvistiendo otro.