La Unión Europea (UE) levantó las prohibiciones al ingreso de los granos ucranianos al mercado regional, pero le exigió al gobierno de Kiev que restrinja sus exportaciones para prevenir los perjuicios que puedan experimentar los productores de los países vecinos (Polonia, Hungría, Rumania, Eslovaquia) ante el menor precio de los productos ucranianos.
Ante esta decisión de la Comisión Europea (CE), Polonia, que es el segundo productor agrícola de la Unión después de Francia, resolvió actuar unilateralmente y desconocer el mandato del gobierno de Bruselas, lo que implica el estallido de una grave crisis política e institucional que afecta directamente el sistema agroalimentario de Europa, en el momento en que se agudiza la guerra de Ucrania, convertida en un conflicto de largo plazo, sustentada en un completo estancamiento estratégico de las dos partes en pugna: Rusia por un lado, y Ucrania y la OTAN por el otro.
El gobierno de Polonia representa una coalición de centro-derecha, sustentada en un amplio respaldo de los productores agrícolas; y al mismo tiempo que antagoniza a Kiev en el aspecto específico del comercio agrícola, es su más firme aliado frente a la invasión rusa desatada el 22 de febrero del año pasado.
Claramente la prioridad del gobierno polaco es la defensa de los intereses de sus productores agrícolas, duramente golpeados por la competencia ucraniana que ofrece un producto de alta calidad y menores precios; y el gobierno de Varsovia está dispuesto incluso en este conflicto central a romper con Bruselas, sin entrar en consideraciones de carácter estratégico militar referidas a la guerra de Ucrania.
Varsovia quiere incluso ahora comprometer a Estados Unidos en su conflicto con el sistema europeo, y le reclama al presidente Joe Biden una promesa que habría realizado sobre la construcción de silos para retener el grano ucraniano en la frontera con Polonia. El inconveniente es que ninguna instancia de la administración norteamericana se hace cargo del supuesto compromiso del jefe de la Casa Blanca; y toda esta discusión se ha planteado públicamente –y en forma crecientemente airada– por el gobierno polaco, que enfrenta elecciones decisivas, en las que está en juego su sobrevivencia, el próximo mes de octubre.
Hay que agregar que el ciclo 2022-2023 de la producción agrícola polaca ha sido el más fructífero de los últimos 5 años; y que la capacidad de los silos polacos, y en general del sistema de almacenamiento, se encuentra absolutamente colmada, y la abundancia de oferta hace que los precios hayan comenzado a decaer.
La administración polaca ha realizado una observación extremadamente reveladora cuando está en pleno desarrollo la crisis originada por el ingreso altamente competitivo de los granos ucranianos al mercado europeo; y es que ha comenzado a discutirse la incorporación de Ucrania a la UE que implica que deberá recibir todos los beneficios de la “Política Agrícola Común” (PAC), que es el núcleo constitutivo de la comunidad desde su fundación en la década del 60’, el ingreso de Ucrania en su condición de gran potencia agrícola pondrá en crisis inexorablemente todo el sistema europeo, comenzando por la PAC.
La respuesta de Bruselas a esta legítima y muy aguda preocupación del gobierno polaco ha sido como es usual en ella, un silencio abrumador y una completa parálisis, lo que revela una vez más su condición de entidad esencialmente burocrática y no política: Bruselas pone de manifiesto ante esta situación la naturaleza profunda de su carencia estructural.
Por su parte España, que es también una importante potencia agrícola en Europa, considera que la posición de Varsovia de enfrentamiento con Bruselas es “incompatible” con la unidad del continente; y por eso respalda plenamente al gobierno de Bruselas y lo insta a no ceder frente al sistema polaco.
