Día: 10 de noviembre de 2023

Hace pocas horas formalizó su retiro como titular del Consejo Directivo Central de la Enseñanza (Codicen) para dedicarse a la actividad política de cara a la próxima instancia electoral el Prof. Robert Silva, quien ha tenido a su cargo una gestión difícil nada menos que al frente del instituto regulador de la enseñanza, y que ha dejado como parte de su legado una reforma que no pudo ser tan profunda como era su intención, porque entre otras razones los gremios ideologizados de docentes “no se la llevaron”, como lamentó en su momento el expresidente José Mujica, cuando los propios sindicatos de su mismo palo le hicieron la vida imposible.
Y si actuaron así con todos los gobiernos de izquierda, que naturalmente contó con incorporación de dirigentes sindicales en su gobierno, no podía pensarse otra cosa más que iban a ser mucho más frontales –como efectivamente lo son– contra un gobierno de otro partido.
En el caso de la gestión de Silva, por supuesto se dedicaron solo a poner el palo en la rueda, oponiéndose a las acciones de las autoridades legítimas, representantes de la soberanía popular para conducir los destinos de la educación en nuestro país, agitando como pancarta que defienden los intereses del país, cuando se trata simplemente de pura ideología y de defender sus intereses, pretendiendo mantener intactos sus beneficios y poder.
Tras la renuncia de Silva, para el cargo ha sido designada Virginia Cáceres Batalla, una dirigente casi desconocida en la primera línea política de su Partido Colorado. Aludiendo a la problemática en la que trabaja, Cáceres destacó, refiriéndose a la postura de las gremiales del sector, que “pretenden generar la percepción de que hay un gran enfrentamiento en la educación”, en tanto la realidad es otra en el marco de una coyuntura política compleja “y sabemos de dónde viene y cuál es el objetivo”.
Recordó que transformar la educación fue desde el principio una de las banderas fundamentales de este gobierno, y que los principales problemas están concentrados sobre todo en la educación media, “donde está el embudo de la deserción”, en tanto tras el período de pandemia “en que se logró mantener los centros educativos abiertos, recién en 2022 los equipos técnicos de la ANEP pudieron abocarse al diseño y elaboración de los documentos del Plan de Educación Básica Integrada (EBI), el reglamento de evaluación, el marco curricular y las progresiones de aprendizajes”.
Subrayó que este fue el marco conceptual de la política educativa durante estos años, y sintetizó que los tres pilares de la reforma son “la reducción de la inequidad interna del sistema, la transformación curricular y la formación de los docentes”.
Asimismo, trajo a colación que “hemos escuchado muchas veces decir que esta transformación ha sido inconsulta, de espalda a los docentes y sin contemplar lo que ellos pensaban. Y eso no es verdad, es absolutamente al revés. Esta transformación educativa la hicieron los docentes, no los sindicalizados, pero sí, la hicieron los docentes, porque quienes integraban los equipos técnicos de la ANEP fueron docentes que representaban a cada uno de los subsistemas educativos”.
Este un punto que reviste particular importancia y que tiene que ver con muchos de los problemas que tiene la enseñanza y que han impedido que se pueda avanzar hacia reformas más profundas, por cuanto de lo que sí se trata es de que los gremios de la enseñanza, fuertemente ideologizados y alineados con los grupos de izquierda más radicales, consideran que deben ser ellos y solo ellos los que definan las políticas y que nada debería hacerse no solo sin ser consultados, sino sin su aprobación, además de reclamar permanentemente mejoras salariales y otros planteos que sí tienen que ver con la acción gremial.
Esa es precisamente la razón de ser de los gremios, el defender los intereses de sus integrantes, al fin de cuentas, pero lo que no corresponde, porque es una maniobra dirigida a inducir engaño, es pretender hacer creer que sus reivindicaciones se hacen en aras del interés general, cuando se trata lisa y llanamente de intereses particulares, legítimos sí, pero que no tienen nada que ver con los de la comunidad en general.
La sucesora de Silva expuso ante esta problemática la importancia de que se haya incorporado “el reconocimiento voluntario del título universitario”, y según señala el semanario Búsqueda, en referencia a lo establecido en la Ley de Urgente Consideración (LUC), “mientras nosotros recorrimos el derecho de los docentes, otros –desde la izquierda– salieron a asustar y a decir que la educación de este país iba a dejar de ser obligatoria y que se iba a privatizar. Y eso es algo que no podemos olvidar”.
Recordó además que otro paso significativo ha sido el haber ampliado el plan piloto para la elección de horas docentes por más de un año. Señaló que en los últimos gobiernos del Frente Amplio “se había intentado empezar a recorrer este camino y rápidamente lo tuvo que dejar porque no logró llegar a acuerdos con los sindicatos de la educación”.
Ilusos, por cierto, quienes pretendían que sindicatos apoyaran algo que mínimamente podía dejar algún atisbo de duda de que no se los beneficie o que peor aún se les pudiera incorporar algún compromiso laboral o contraindicado para su patrón ideológico, lo que ha contribuido a mantener empantanada y hasta hecho retroceder a la educación en el Uruguay por décadas.
Lo que reafirma además, por si había alguna duda, que nunca será posible llevar adelante alguna reforma educativa más o menos profunda con el apoyo de los sindicatos de la educación, los que mantienen inalterable su pretensión de gobernar el sistema educativo, de oponerse a todo aquello que pueda significar quitarles algo de poder, y que jamás reconocerán lo evidente: que son parte del problema, y no de la solución.