Los accidentes de tránsito siguen siendo un gran problema de salud pública para el mundo, a pesar de que –en términos globales– ha disminuido ligeramente la cifra anual de defunciones, de acuerdo al Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial publicado en 2023 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En nuestro país vivimos la ambivalencia de un tímido descenso general alimentado por la disminución de siniestros en rutas nacionales y, a la vez, la existencia de un complejo escenario en el que continúan aumentando los accidentes a nivel local, es decir, en el territorio donde el control del tránsito se encuentra bajo jurisdicción de las intendencias.
Vemos en principio el “mapamundi” de la siniestralidad vial. Estábamos en el primer año de la pandemia por COVID 19 cuando las Naciones Unidas propusieron un compromiso para disminuir una crisis sanitaria que arrastramos desde hace tiempo y que carece de vacunas: los accidentes de tránsito. La iniciativa, denominada “Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030” fue proclamada en setiembre de 2020 y tiene como meta la reducción de las muertes y traumatismos causados por el tránsito en un 50% para el 2030.
Los datos disponibles dan cuenta que en la actualidad la cifra anual de defunciones por accidentes viales ha descendido ligeramente. A pesar de esto, el objetivo está lejos de alcanzarse y 1,19 millones de personas fallecen cada año por esta causa, lo que significa que los accidentes de tránsito matan a una persona cada dos minutos y que se producen más de 3.200 defunciones al día. Por otra parte, estos accidentes siguen siendo la principal causa de muerte de los niños y jóvenes de 5 a 29 años.
De acuerdo a información de la OMS, desde 2010 las víctimas mortales por accidentes de tránsito han disminuido apenas en un 5% y continúan siendo una crisis sanitaria mundial que pone en riesgo la vida de automovilistas, motociclistas así como peatones, ciclistas y otros usuarios vulnerables de la vía pública.
Un total de 108 estados miembros de las Naciones Unidas notificaron un descenso de las defunciones relacionadas con el tránsito rodado entre 2010 y 2021, y diez de ellos (Belarús, Brunei Darussalam, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Federación de Rusia, Japón, Lituania, Noruega, Trinidad y Tobago y Venezuela) consiguieron reducirlas en más de un 50%. Además, en otros 35 países se lograron avances importantes, con una reducción de la mortalidad de entre el 30% y el 50%. Uruguay está muy lejos de esos porcentajes y, de acuerdo a los datos divulgados en enero pasado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) en 2023 disminuyeron apenas un 2,8% en relación al año anterior.
¿Quiénes están muriendo en las rutas del mundo? En promedio, el 53% de las víctimas mortales de accidentes de tránsito reportadas a nivel mundial son usuarios vulnerables de la vía pública: peatones (23%); conductores de vehículos de dos y tres ruedas como motocicletas (21%); ciclistas (6%); y usuarios de dispositivos de micromovilidad, como las patinetas electrónicas (3%). Cabe señalar que las víctimas mortales entre los ocupantes de automóviles y otros vehículos ligeros de cuatro ruedas descendieron ligeramente y ahora representan el 30% del total.
El informe revela una alarmante falta de avances en materia de legislación y normas de seguridad, mientras que tampoco hay demasiadas previsiones para el crecimiento futuro del parque vial. De acuerdo con las previsiones, el parque mundial de vehículos de motor se duplicará desde ahora a 2030. Sin embargo, solo 35 países —menos de una quinta parte de los estados miembro de las Naciones Unidas— dispone de legislación que regule todas las características esenciales de seguridad de los vehículos (por ejemplo, los sistemas avanzados de frenado y la protección contra los impactos frontales y laterales, entre otros). Además, el informe de la OMS revela importantes lagunas a la hora de garantizar la seguridad de las infraestructuras viales, ya que solo 51 países cuentan con legislación que exija la realización de inspecciones de seguridad que contemplen a todos los usuarios de la vía pública. ¿Qué pasa en Uruguay? Como se indicó anteriormente, la disminución de la mortalidad vial en Uruguay es realmente muy escasa en comparación con los logros que están obteniendo otros países. En un escenario donde ha aumentado la movilidad -–se vendieron 4.403 vehículos 0 km más que en igual período de 2022 y también hubo mayor cantidad de vehículos circulando en las rutas nacionales según los datos extraídos desde los peajes en 2023– los registros de fallecidos por siniestros de tránsito disminuyeron en nuestro país un 2,28% (32 personas) por debajo a lo registrado en igual período de 2022.
En lo que respecta a las rutas nacionales, el análisis de la Unasev sostiene que la implementación de mejoras en las rutas (doble vía, terceros carriles, nuevos puentes, cerramiento de rotondas, por ejemplo) así como la instalación de tecnología e infraestructura para el control de la circulación (radares) han sido elementos que ayudaron a que el 2023 terminara con un saldo menor (14,88% menos) de fallecidos en rutas en comparación con el año anterior. No obstante, hubo un aumento de 12,85% de fallecidos en las jurisdicciones departamentales bajo control de las intendencias.
Se trata pues, de tendencias contrapuestas que plantean una serie de interrogantes que aún no están instaladas pero es necesario introducir fuertemente en la agenda local. ¿Nos cuidamos más en la ruta que en la ciudad? ¿Se necesita una acción más efectiva de las autoridades fiscalizadoras del tránsito a nivel departamental? ¿Faltan infraestructuras de prevención de accidentes en las ciudades? ¿Qué tan eficaces son –cuando existen– las políticas departamentales de prevención de accidentes de tránsito? ¿Por qué no hay planes específicos para el abatimiento de la siniestralidad en motociclistas, que representan la mitad de los muertos y lesionados graves en accidentes de tránsito a nivel departamental, siendo en su mayoría jóvenes?
Se trata de cuestiones que seguramente deben ser debatidas a fondo a nivel del Congreso Nacional de Intendentes y de cada intendencia en particular con participación –quizás– de otros actores con injerencia en la adopción de medidas de salud pública, como el propio MSP.
Lo que resulta indiscutible es que las cifras oficiales deberían ser un llamado a la reflexión de todos los actores involucrados que día a día constituimos el tránsito. No obstante, hay autoridades que tienen jurisdicción, competencias y responsabilidades a asumir, que son quienes deberían liderar el camino de las acciones efectivas que protejan la vida de sus ciudadanos.
