La inseguridad ciudadana complica el discurso político en América Latina. Obliga a transformar los planes y las agendas de los gobiernos porque encabeza las preocupaciones ciudadanas en las encuestas de opinión.
En este año electoral en varios países, se posicionan candidatos presidenciales con propuestas de “mano dura” e incremento de penas, así como aquellos que construyen verdaderos complejos carcelarios con el fin de barrer de las calles a la delincuencia.
En otros países, a pesar de la recuperación de los indicadores económicos prepandemia, de la expansión de los mercados, la reforma del proceso penal, las inversiones en seguridad y la profesionalización de la Policía, los homicidios crecen y también lo hace la percepción ciudadana ante las consultas de inseguridad.
Mientras el debate político discute sobre números y compara las estadísticas de delitos ocurridos entre un gobierno y otro, van quedando de lado las explicaciones racionales.
¿Por qué el fenomeno de la delincuencia y el narcotráfico aumenta a medida que se mejoran los guarismos sociales? Entonces, las interpretaciones vienen de todas partes.
La discusión se mezcla entre aquellos que reclaman un incremento de penas y recorte de derechos en políticas sociales, con quienes piden una mayor presencia del Estado a nivel barrial que posibilite nuevas oportunidades.
Es así como se pierde el análisis fino. Es una observación que debe llegar hasta analizar el deterioro familiar con abandono incluido, los niveles de pobreza infantil y adolescente que atraviesan a las administraciones, las armas de fuego en manos de la población civil y las denominadas “fronteras porosas” que facilitan el avance del narcotráfico, entre otros varios factores.
Pero todo esto difícilmente pueda solucionarse en un gobierno. Es una problemática latente en la sociedad y de impacto en las comunidades que la Policía no puede combatir sola. Necesita una intervención del Estado con aportes y políticas más ambiciosas.
Las estadísticas lo sugieren. Porque aumenta la cantidad de efectivos, se amplían las estrategias y mejora la capacidad logística, pero las cifras no tienen cambios sustanciales con el paso de las décadas. Cambian las administraciones pero la inseguridad ciudadana sigue encabezando las encuestas de opinión y eso ocurre desde hace más de una década. La prevención del delito y el control de la violencia, que aumenta en los actos delictivos, es fundamental para llegar a los lugares con mayores vulnerabilidades.
Pongamos como ejemplo la Encuesta Continua de Hogares presentada en octubre del año pasado, donde mostraba que la quinta parte de los menores de seis años son pobres. O que la pobreza es 11,6 veces mayor en hogares con niños de esa edad, en comparación a la registrada en hogares con personas mayores de 65 años.
Porque el sistema de seguridad social presenta fortalezas para esta población, al tiempo que mantiene desigualdades en los hogares con niños, a pesar de considerarse a Uruguay como un país de renta alta, según la clasificación del Banco Mundial.
Las poblaciones criadas en entornos familiares frágiles, con precariedad en el acceso a una vivienda y a los servicios básicos, son captadas por redes de delincuencia que brindan soluciones rápidas con lo producido por el delito. Sin embargo, todo esto ocurre en un país que tiene una gran cohesión social y fuerte institucionalidad. Entonces, ¿por qué se juntan estas situaciones que parecen contradictorias y vuelven la discusión más compleja aún? Si parecería, a simple vista, que con esos elementos es posible bajar sustantivamente los índices de criminalidad y violencia en el país.
En su página web, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto recuerda que en la Rendición de Cuentas el gobierno dispuso destinar 50 millones de dólares anuales al programa Primera Infancia, mediante la asistencia económica a familias, salud y educación. Sin embargo, aún no se ven los resultados esperados porque el éxito depende del tiempo. Son políticas a largo plazo y ese nivel de inversión no alcanzará.
La problemática permanece enquistada en las mismas poblaciones desde hace varias generaciones. La pobreza aumenta en los niños, las poblaciones afrodescendientes y donde una mujer es jefa del hogar.
Claro que no es solo un tema de aumento de transferencias monetarias, sino de llegada con oportunidades laborales y una mejora en la calidad educativa. Pero, nuevamente, el resultado se encuentra en la sostenibilidad de los planes, aunque cambien los gobiernos.
Hoy encontramos que el tema se ha transformado en un botín político. Porque se discute siempre sobre estadísticas y por comparaciones. Las propuestas plantean endurecimiento de penas, establecer acciones conjuntas entre policías y militares, reformar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos y la imposibilidad de excarcelación de determinados delitos.
Pero la población observa. Ve y oye que esas iniciativas se reiteran desde hace varios años. Nuevamente la inseguridad ciudadana se transforma en el eje de las discusiones de los debates parlamentarios y hasta en los programas de panelistas que llevan a los dirigentes a la televisión a discutir sobre cifras.
Y eso es un síntoma de debilidad política. Porque la discusión se estanca en la matemática del asunto, cuando la realidad es porfiada. La población no debate sobre números, sino que percibe lo que pasa a su alrededor y siente que le ocurre lo mismo desde hace años. Se siente insegura y aunque sea un sentimiento subjetivo, es su realidad. Y con esa realidad, vota.
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