Como “incorrectas” calificó el edil departamental Alejandro Mega las afirmaciones realizadas en la Junta Departamental en la última sesión, del jueves 7 próximo pasado, en relación a las Rendiciones de Cuentas 2021 y 2022, así como las declaraciones de la edil del Frente Amplio Natalia Martínez, en EL TELEGRAFO.
“Las conclusiones a las que se arriban carecen de rigor técnico y una adecuada interpretación”, aseguró Mega, presidente de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Junta Departamental.
Explicó que “la contabilidad pública o contabilidad presupuestal, tal como fuera presentada por la Intendencia de Paysandú, se realiza sobre determinados principios y normas que deben tenerse en cuenta al momento de interpretar sus resultados, lo que en el caso no se ha hecho. La situación financiera de la Intendencia no es la que se ha dicho y está muy lejos de ‘ir camino a fundirse’”.
Como punto de partida “debemos preguntarnos por qué hace pocos meses –si la situación financiera de la Intendencia está tan comprometida– el propio Tribunal de Cuentas, estableció que tenía la capacidad de endeudarse en la suma de 7 millones de dólares con la CAF para la construcción del nuevo edificio de la UdelaR”, cuestionó Mega.
“HUBO UN CAMBIO DE CRITERIO”
Explicó que “las Rendiciones de Cuentas de la contabilidad presupuestal reconocen los resultados positivos por lo efectivamente percibido, mientras que los egresos o resultados negativos deben reconocerse por lo realizado o devengado, con independencia de si se han pagado o no”. Eso resulta “algo totalmente diferente a la economía familiar, por ejemplo. Puedo tomar un crédito por 10.000 pesos y pagarlo –sin contar intereses– en 20 cuotas de 500 pesos. Cada mes en mi presupuesto el egreso es de 500 pesos. O en el primer año, 6.000 pesos. No pongo 10.000 en el primer mes, porque el pago es a largo plazo. Lo que exige el Tribunal de Cuentas es diferente. Y hay que poder comprenderlo”.
Mega siguió indicando que “dentro de los egresos deben considerarse las inversiones. En la Rendición de Cuentas del ejercicio 2019 y las anteriores se reconocieron ingresos devengados, pero no cobrados. Hubo un cambio de criterio, por lo que la comparación que realiza el Frente Amplio no es de recibo, comparan resultados calculados de diferente forma”.
Aseguró luego que “con respecto a la Rendición de Cuentas del 2022 existen tres situaciones a considerar en el resultado contable, que debemos tener en cuenta para ajustar los mismos a la situación financiera. Esto es las inversiones realizadas con el fideicomiso Paysandú II, las resoluciones sobre los gastos e inversiones por los que no se ha ejecutado o terminado la obra contratada al cierre del ejercicio y las diferencias de cambio”.
En lo que refiere al fideicomiso Paysandú II, “la Intendencia reconoció como ingreso el monto equivalente a las inversiones realizadas con dicho fideicomiso en ambos ejercicios, lo que fue observado y corregido por el Tribunal de Cuentas. En el año 2021, se aumentó el déficit (porque no se admitió reconocer como ingresos los fondos con que las obras se pagaron) en la suma de 116.873.556 pesos y en el ejercicio 2022 dicha corrección asciende a la suma de 311.413.631 pesos. El Tribunal en su resolución 1235/018 exige que las obras que se financien con el fideicomiso sean consideradas como egreso contable en el ejercicio en que se ejecutaron. Pero por otro lado no admite reconocer el ingreso con las que se pagan en la contabilidad”.
OBRAS REALIZADAS CON RECAUDACIÓN FUTURA
Recordó posteriormente que “el fideicomiso es un fondo que, en definitiva, paga las obras realizadas por la Intendencia con la recaudación futura por el impuesto de Patente de Rodados. En los hechos opera como un crédito a largo plazo con retención de ingresos, se financian obras actuales que se pagarán con la retención de la recaudación futura. Por eso no puede considerarse que exista un problema financiero porque las obras financiadas con el fideicomiso son, en la práctica, inversiones financiadas a largo plazo. Este mecanismo de financiamiento fue acordado por todos los partidos políticos, al votar en el período anterior el fideicomiso Paysandú II”.
Tampoco aceptó el Tribunal de Cuentas “un ajuste que pretendió hacer la Intendencia con respecto al momento en que deben reconocerse las inversiones, al amparo de lo que establece el Tocaf. En particular dicho cuerpo normativo establece en el artículo 20 que ‘Los créditos presupuestales se considerarán ejecutados cuando se devenguen los gastos para los cuales han sido destinados’. Y agrega que ‘se entiende que los gastos se devengan cuando surge la obligación de pago por el cumplimiento de un servicio o de una prestación’”.
Entonces “las inversiones deben reconocerse como resultado cuando la obra se termina total o parcialmente (en los casos en que se hayan pactado pagos por adelanto de obra) y nace la obligación de pago, de acuerdo a las condiciones del contrato. Esta situación que es estrictamente técnica, por principios contables que determinan la oportunidad en que los gastos son reconocidos, no afectan la situación financiera del ejercicio 2022, ya que las mismas serán pagadas con la recaudación del ejercicio siguiente, cuando se terminen las obras. El intendente no puede pagarlas antes aunque tenga el dinero, porque las obras no están terminadas, eso tiene que quedar muy claro. Tal es así que en el ejercicio 2022 la propia Intendencia en la página 56 de la rendición de ese ejercicio, agrega un cuadro en donde se detallan obras por la suma de 199.421.042 pesos que se encuentran comprometidos (porque existen actos administrativos o resoluciones que adjudicaron las obras) pero que no fueron ejecutadas o terminadas”.
“Por último –dijo Alejandro Mega– el Tribunal realiza ajustes sobre las diferencias de cambio, tanto del fideicomiso Afisa como del convenio con UTE. Las diferencias de cambio no son egresos de fondos, constituyen ajustes a los pasivos que serán pagados en ejercicios siguientes. Son gastos contables pero no son egresos financieros en el ejercicio que se consideran. Estos ajustes realizados por el tribunal ascienden a la suma de 51.671.197 pesos”.
En definitiva, al déficit contable del año 2022 ajustado por el Tribunal que asciende a 547.499.859 pesos, para comprender su dimensión financiera, deben hacerse las consideraciones indicadas: 311.413.631 pesos serán pagados por el fideicomiso a largo plazo por la retención de ingresos futuros de Patente de Rodados y 199.421.042 pesos se pagaron luego del 31 de diciembre de 2022, cuando se terminaron las obras, con los recursos obtenidos por los tributos recaudados durante el ejercicio 2023 y 51.671.197 pesos constituyen ajustes a las deudas en moneda extranjera al cierre del ejercicio, que no representan egresos financieros del ejercicio 2022. Queda claro así –contrastando las cifras– que desde el punto de vista financiero la gestión de la Intendencia ha sido equilibrada y –lo más importante– no perdió dinero”.
