En abril de 2019, los partidos políticos firmaron con la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) un pacto ético contra la desinformación y la difusión de noticias falsas –o fake news– justo en el comienzo de un año electoral con internas que se aproximaban en junio y elecciones nacionales en octubre. Igual que ocurrirá en este año 2024.
Los protagonistas de aquella firma reconocían entonces el peso desmesurado de las noticias falsas, la repercusión en las redes sociales como un instrumento de divulgación de lo que sea, sin importar si está chequeado o no y la tendencia hacia la desconfianza o el descrédito.
Porque el electorado es diverso y no suele enamorarse de programas de gobierno. Las generaciones cambian y las sociedades evolucionan pero algunos discursos –y políticos– se quedan en el tiempo.
En las últimas semanas, la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón recibió a una delegación de APU, que manifestó su interés de reeditar aquel acuerdo. La jerarca confirmó que se realizará, nuevamente, en el Palacio Legislativo.
Pero las situaciones que se han registrado en los últimos tiempos en torno al precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, preocupan a la clase política en general. Poco acostumbrada a encarar preguntas directas, como en este caso, sobre las denuncias de agresión de una trabajadora sexual transgénero que lo acusó de lesiones personales en 2014.
Porque son hechos que pueden salpicar a todos y, aunque sea una frase repetida, en política no vale todo. Sin embargo, es bueno recordar que el terreno estuvo muy bien abonado. Y de aquellos lodos, no se vuelve.
En julio próximo se cumplirán 22 años de la afirmación sobre los niños que comían pasto en la escuela 128 del barrio Conciliación. No hubo investigación, sino que se repitió la interpretación y testimonio de una persona que observó el vómito de un niño. De allí a los móviles de televisión, las noticias internacionales y el discurso de algunos políticos de entonces, fue solo un paso. Por años se sostuvo lo mismo y nunca le dieron el derecho a réplica de las referentes de aquella comunidad educativa.
Después vino la pandemia de COVID-19 y los cuestionamientos a la política sanitaria del país. El reclamo para que el mandatario anunciara las 70 muertes diarias o que el gobierno se hiciera responsable de los fallecimientos porque existían “muertes evitables”.
Es que en tiempos de crisis sanitaria global, la humanidad tuvo que aprender que el conocimiento es dinámico. En realidad, siempre lo fue. Pero allí se confirmaron marchas y contramarchas en los asesoramientos. Como ocurrió al comienzo, con el uso del tapaboca, o la vacunación a determinada población o la discusión por el confinamiento. No hubo unanimidades a nivel científico y en medio de ese proceso complejo, apareció el discurso político. Así como el caceroleo en plena pandemia.
Porque una muerte es evitable con la intervención médica oportuna y para el caso de la COVID, no debieron existir los contagios. Algo imposible. Entonces, el absurdo se implantó en un momento muy difícil para la ciudadanía, donde algunas familias perdían seres queridos.
Hubiese sido importante aclarar, por ejemplo, que muertes evitables son los siniestros fatales de tránsito. O el cáncer de pulmón provocado por el cigarrillo. Y sin embargo, es impensable un confinamiento o la prohibición de fumar.
Pero aquellos reproches ocurrieron y formaron parte de los discursos políticos que se repitieron en diversas oportunidades. Cada individuo conocía entonces, y conoce aún hoy –porque las enfermedades respiratorias tiene alta incidencia en la población–, las medidas de protección efectivas. No obstante, hubo referentes que insistían en poner a Uruguay en los ámbitos internacionales de condena sobre las acciones del gobierno.
Así como pasó en tiempos de déficit hídrico y sequía prolongada, cuando se volvió viral gracias a una conferencia de prensa, la afirmación sobre los niños con deformidades en caso de consumir agua contaminada.
Por eso, está difícil construir concensos de esta manera.
Hoy, los partidos políticos tienen miedo de una “campaña sucia”. Temor a esos momentos duros que provocan lesiones a sus imágenes electorales. En cualquier caso, es notorio que los equipos electorales están pendientes de las afirmaciones de otras tiendas para salir a defender a su figura porque el hilo de la trama suele ser muy fino.
Y son muchos más los que bajan línea a su estructura para que disminuyan el tenor de las críticas a los adversarios. Porque las críticas sin pruebas o la desinformación vuelven y pueden pegar más fuerte. Ninguno avala prácticas espurias, todos se desmarcan de los malos comportamientos y ponen confianza en lo que diga o resuelva la Justicia. Es lógico, pero también básico.
Todos están atentos, pero también saben que no hay una campaña planificada desde el exterior para hacer caer a un precandidato en particular. El problema del mensaje es que se vuelve agenda pública lo que ocurre en las redes sociales. En realidad, los problemas de fondo no resueltos deberían formar parte de los debates.
Hoy no será fácil salir a defender la instiucionalidad en forma colectiva. Porque la oposición busca continuamente desmarcarse del oficialismo y viceversa. Tanto como para no encontrar nada que haya hecho bien la actual administración y volverlo personal.
Por eso, a la convivencia política hay que cuidarla siempre. No solamente en tiempos electorales y cuando se vuelve áspera por la acusación a un precandidato con chances de llegar a la presidencia, según lo indican las encuestas.
