En el marco del Día Internacional del Agua, distintas organizaciones organizaron una marcha que finalizó en la plaza Artigas, con la actuación de espectáculos artísticos y la recolección de firmas para habilitar una consulta popular por una reforma constitucional que regule las condiciones por las cuales el Estado puede firmar contratos con empresas multinacionales.
José Genta, integrante de uno de los grupos convocantes UPM2 NO, explicó que se movilizaron “en defensa de nuestros recursos naturales y nuestra soberanía territorial. Estamos en una situación complicada porque ha faltado agua en la zona metropolitana. Trenemos necesidad de defender el agua como elemento para la vida e incluso ya tenemos enfermedades por el consumo de agua contaminada a raíz del uso de los agroquímicos”.
Explicó que “el Estado compra 27 millones de productos químicos para el agro, entre los cuales viene el glifosato, que es uno de los peores. Es una necesidad de salvar el acuífero guaraní que ya está agujereado para hacer la planta de hidrógeno verde. En alguna medida, vamos atrasados en la defensa del agua pero estas son las posibilidades que tenemos”.
Ejemplificó que “las plantas de celulosa, que gastan unos 135 millones de litros de agua por día y devuelven al río unos 110 millones de litros contaminados. Las plantaciones de eucaliptos toman mucha agua y esa agua es la que nos está faltando”. Genta agregó que hace una década hizo una perforación en una pequeña chacra donde reside, de unos 30 metros. El pozo semisurgente, “en principio daba 5.000 litros de agua por hora aproximadamente. Es lo que me dijeron los técnicos cuando hicieron el pozo. Hoy saco 400 litros y se queda sin agua. Eso da una idea de la gravedad que hay debajo y no vemos aquí arriba”, dijo a EL TELEGRAFO.
Proclama
En la proclama, destacaron que “la producción de soja transgénica, de empresas de agua mineral embotellada, de arroz, engrosan la lista de ser causantes de esto, más la amenaza también de otras multinacionales que quieren instalarse en nuestro país, con el principal objetivo de llevarse para su producción e intereses nuestra agua, como Google para enfriar los servidores, o la planta de Hidrógeno verde (Proyecto Tambor), que de acuerdo a lo que dice el proyecto extraería agua directamente del acuífero guaraní”.
Reclaman que la instalación de estos emprendimientos “genera profundas desigualdades. Comenzó a funcionar la planta de fabricación de pasta de celulosa más grande del mundo y no mejoró para nada la calidad de vida de la clase trabajadora. Al contrario, tenemos dificultad para mejorar y desarrollar infraestructura y generar trabajo sostenible, duradero y de calidad”.
Las organizaciones vinculan a las multinacionales con la educación en distintos ámbitos. “La Fundación UPM avasalla con su impronta lucrativa” en doce departamentos, 150 localidades y “hasta el año pasado llevaban 23 proyectos ejecutados en 7 departamentos, con más de 3.800 participantes”.
Definen que “UPM pretende obtener ‘licencia social’ ofreciendo a alumnos escolares y jóvenes de entre 14 y 18 años, y a sus referentes educativos, diversidad de actividades de cursos, talleres, coros, becas y donaciones”.
Además, “el Estado se obliga a comprar la energía eléctrica excedente de la planta que UPM construirá para satisfacer el gasto eléctrico de la planta principal. Ello a costa aun de suspender la producción mucho más barata de energía hidroeléctrica de las represas”.
Rechazan “el contrato firmado con UPM2, la privatización del agua a través del Proyecto Neptuno y los proyectos de producción de Hidrógeno Verde con nuestra agua dulce. Para esto estamos llevando una campaña de recolección de firmas para convocar a un plebiscito, una reforma constitucional, llamada Uruguay soberano que plantea que se declaren nulos todos los contratos firmados entre los gobiernos y las multinacionales y que no pasaron por el parlamento y fueron llevados adelante de espaldas al pueblo. Desde el firmado con UPM2 en adelante”. La campaña finalizará el 26 de abril.
