El movimiento “Uruguay Soberano” está llevando adelante una campaña nacional de recolección de firmas para reformar la Constitución Nacional a través de un plebiscito junto con las elecciones nacionales que se llevaran a cabo el presente año. De acuerdo con lo expresado sobre sí mismos en su página web, “Somos un movimiento ciudadano independiente de cualquier partido político y financiamiento empresarial. Nuestra finalidad es defender nuestra soberanía, proponiendo una Reforma Constitucional que permita a los ciudadanos conocer y regular los contratos entre el Estado y las grandes empresas, que involucran nuestros principales recursos naturales, tales como el AGUA”. Entre otros postulados, sus impulsores intentan declarar nulo el contrato entre el Estado Uruguayo con la empresa UPM, sus acuerdos complementarios y otros contratos firmados por el Poder Ejecutivo desde el 7 de noviembre de 2017 y entre los cuales se encuentran los firmados con la empresa Katoen Natie por el puerto de Montevideo y con la empresa Pfizer por las vacunas contra el coronavirus COVID-19. La mención abierta a una fecha específica del año 2017 hace que los ciudadanos cuya firma se pide, no sepan a qué contratos se refiere o cuál sería el contenido de los mismos, con lo cual se le está dando un verdadero “cheque en blanco” a los promotores de esta temeraria e irrealista campaña. ¿Qué pasaría si uno de esos contratos hubiera sido firmado por una empresa instalada en Paysandú y la misma debería cerrar por resultar triunfante esta iniciativa? Como si eso fuera poco, la referida reforma constitucional, en caso de ser aprobada, entraría en vigencia el 1º de abril de 2025 lo que deja poco tiempo para tomar cualquier medida paliativa ante sus nefastas consecuencias.
Los objetivos de esta increíble iniciativa son nada más y nada menos que algunas de las principales inversiones extranjeras que ha recibido nuestro país y que han sido determinantes para dotar al mismo de la credibilidad y cumplimiento responsable por los cuales es reconocido en todo el mundo. A esto debe sumarse que, lógicamente, la llegada de esas inversiones y clima de respeto en el cual han podido desarrollar sus actividades ha llevado a que otras empresas realicen nuevas inversiones, tal vez de menor escala, pero de vital importancia a la hora de dotar a Uruguay del prestigio antes mencionado. Nadie invierte en un país que no respeta las inversiones que recibe de la misma manera que nadie compra una moto, un auto o una casa a quien es tristemente célebre por no honrar sus compromisos.
En este punto Uruguay tuvo un punto de inflexión en la crisis económica del año 2002, momento en el cual el entonces presidente Jorge Batlle optó por el camino más duro pero también por el que llevó al país a reafirmar su prestigio internacional: honrar la palabra empeñada, pagándole a cada acreedor lo que se le debía.
Es por ello que resultaría interesante preguntarles a los impulsores de esta absurda recolección de firmas cuáles esperan que sean las reacciones de las empresas que verán vulnerados sus derechos ante el incumplimiento voluntario y deliberado del Estado Uruguayo. ¿Acaso creen que permanecerán de brazos cruzados mientras nuestro país alegremente se queda con las millonarias inversiones que realizaron? ¿No se les ocurre que “quizás” iniciarían acciones ante los tribunales de arbitraje internacional (mecanismo usado en este tipo de acuerdo) para lograr que se les repare por todos los daños y perjuicios que van a sufrir? Obviamente que estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares estadounidenses que van a hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos –varias veces más los U$S 5.000 millones que mencionan en su infantil campaña–, que deberán pagar una deuda que será de una importancia superlativa y que causará serios perjuicios al país al punto de desestabilizarlo, con una caída catastrófica del producto bruto interno y una grave recesión económica de la cual llevaría décadas salir. ¡Y mucho más si la “solución mágica” es seguir poniendo palos en la rueda a cualquier inversión que pretenda acercarse a nuestro país! Porque vamos a ser claros: toda industria, absolutamente toda, utiliza recursos del lugar, así sea agua, petróleo, energía, minerales. Así que siempre van a tener motivos para oponerse. ¡Hasta la ganadería extensiva explota recursos naturales! Mañana podrán salir con que la carne que se exporta se lleva los nutrientes “robados” de las tierras de los uruguayos, lo mismo que la agricultura.
Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el instituto Uruguay XXI, en 2022 la Inversión Extranjera Directa (IED) recibida por Uruguay totalizó en U$S 3.675 millones y pautó un importante incremento respecto a 2021, llegando casi a los niveles máximos recibidos en 2013. (…) En 2022 Uruguay captó casi 70 proyectos de inversión de empresas extranjeras, mostrando una tendencia creciente desde 2019. El 62% de los anuncios relevados en 2022 son nuevas inversiones y el 38% adquisiciones (M&A). El 63% de las inversiones anunciadas correspondió a actividades que se pueden agrupar bajo el concepto de Hub de Comercio & Servicios (Servicios Globales/TIC + Logística). En otras palabras: Uruguay es un país atractivo para las inversiones extranjeras y ello se debe un cúmulo de factores que afortunadamente forman parte del “capital país” y que han sido respetados por todos los partidos políticos que se han alternado en el ejercicio del poder. Y hay que recordad que si Uruguay hoy no está en la misma situación que Argentina, eso se debe en gran medida a dos motivos: que la economía no se cerró por completo –como exigían muchos de los principales referentes del Frente Amplio y el Pit Cnt—y a que la industria de la celulosa, incluida la planta de UPM 2 en construcción, nunca paró.
Todos esos logros alcanzados por nuestro país están siendo puestos en peligro por la infantil iniciativa impulsada por el movimiento “Uruguay Soberano”, la cual toma con total ligereza la importancia de cumplir con los compromisos asumidos por el país y cuya violación seria dolorosa para los uruguayos de hoy y de las próximas generaciones. ¿Cuántos hospitales, escuelas o comisarias dejaran de construirse o de equiparse apropiadamente si esta propuesta resulta triunfante? ¿Algunos de ellos devenidos en autoproclamados “salvadores de la Patria” se harán responsables de una catástrofe de esas dimensiones?
Comprar fiado en el almacén del barrio y no pagar, así como dejar impago un crédito en una financiera trae consecuencias que todos conocemos. ¿Cómo es posible que los integrantes de Uruguay Soberano no sean capaces de entenderlo? ¿En qué forman razonan para tratar de arrojar al país a un abismo luego de todos los sacrificios que los gobiernos nacionales y la población han hecho desde el año 2002 hasta la fecha? Hasta la irresponsabilidad ciudadana tiene un límite.
