Los cursos de posgrado son una etapa fundamental para profundizar y aggiornar los estudios universitarios, y en el caso de nuestro país, hasta no hace muchos años, esta etapa en la vida de cualquier profesional universitario se la asociaba con un obligado viaje al exterior.
Pero más recientemente, la oferta de cursos de posgrado se da cada vez con mayor amplitud en el Uruguay, como signo de los tiempos en que se valora la adquisición y uso del conocimiento en prácticamente todas las actividades, por lo que es un hecho que desde la Universidad de la República, la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo, así como la ORT, se procura acompasar esta demanda de profesionalización posterior a una carrera de grado.
Desde el ámbito privado, la Ucudal ofrece rediseños de algunas maestrías, sobre todo las vinculadas al mundo ejecutivo, debido a su escuela de negocios, en Marketing, en Administración de Empresas (MBA), en Finanzas y en Gerencias de la Tecnología de la Información.
En la Udelar, a su vez, los doctorados y la gran mayoría de las maestrías son gratuitas o aranceladas, pero nunca llegan al valor de las universidades privadas, aunque naturalmente estos posgrados tienen elevados costos para su implementación, que se cargan al presupuesto universitario.
Y como regla general, las ofertas de posgrados van surgiendo a medida que los diferentes mercados van creciendo, con un desafío que no solo involucra las temáticas, sino también su alcance.
En el caso de la Universidad de la República, que es financiada por todos los uruguayos a través de la dotación presupuestal, hay aspectos que trascienden la regla de la oferta y la demanda, porque al poner énfasis en la gratuidad, de forma de que en teoría se pone la educación terciaria al alcance de todos los estratos de la sociedad, se genera una distorsión en la que se trastrocan prioridades en aras de una supuesta igualdad de oportunidades que no es tal.
Es que pese a todo lo que se diga, en los hechos la Universidad cuenta entre sus estudiantes con mucho mayor porcentaje proveniente de los sectores más pudientes de la sociedad, además de muchos hijos de profesionales egresados de la alta casa de estudios y lo que es peor aún, tiene costos inflados porque en aras de esta supuesta justicia no se ha limitado la matrícula en aquellas en las que no se necesita formar profesionales porque no hay demanda. Ergo, los costos son mucho mayores y se retraen recursos para volcar a otras áreas a las que efectivamente se requeriría priorizar.
Es decir, que se confunde lo que debería ser con lo que realmente es, por fuerza de la realidad, porque empezando por la gratuidad de los estudiantes de grado se pretende extender esta condición a los cursos de posgrado, donde ya la situación es distinta.
Porque se parte de que la educación terciaria debe ser gratuita para igualar, y todos sabemos que este bien deseado en los hechos no es así, que solo se queda en eslóganes, cuando además el filtro de ingreso ya se da en la educación secundaria, donde quedan al margen jóvenes provenientes de los sectores de menos recursos y por lo tanto el ingreso universitario queda restringido a una minoría.
Se desvirtúa en los hechos el objetivo paralelo de educar para una movilidad social ascendente, que es un factor igualador entre personas de distinto contexto económico-social.
En el caso de la educación terciaria estatal se está dando una discusión sobre las maestrías, doctorados y especializaciones, y a juzgar por la última sesión del máximo órgano rector de la UdelaR, el debate está abierto, según considera un artículo de El Observador.
Destaca que de los más de 300 posgrados que tiene la Universidad de la República, algunos son gratuitos y otros se cobran, en tanto parte de esos recursos que se reciben sirven para financiar las becas y también los posgrados que no tienen ingresos genuinos. Pero, como ha sucedido anteriormente, la discusión sobre si se debería ir hacia una gratuidad del total de ellos (o cobrarlos todos) volvió y se manifestó en la última sesión del Consejo Directivo Central CDC) que se celebró este martes.
Así, en una ordenanza que plantea cambios a la hora de las evaluaciones en los posgrados, parte del orden docente que participó en el CDC planteó la posibilidad, que cuenta con el apoyo de muchos decanos de ciertas facultades, de que se establezcan mínimos y máximos de cobro de un posgrado, con el fin de que los máximos sean cada vez menores y avanzar hacia una futura gratuidad (monto mínimo de cero). Esta propuesta fue discutida y si bien no ha quedado saldada, es algo a lo que –en palabras del rector de UdelaR, Rodrigo Arim, en la sesión de este martes– es la dirección hacia la que se debe ir.
Ocurre que entre lo ideal y lo posible, siempre es razonable optar por esto último, si se tiene en cuenta además que los posgrados son cursados por profesionales ya en actividad, promedialmente con ingresos ya significativos y que la mejora tiene como objetivo no solo un mejor desempeño profesional sino también obtener legítimamente mayores ingresos. Ergo, es a todas luces lógico que el posgrado sea costeado por ellos mismos y no por todos los uruguayos, incluyendo aquellos de a pie –sobre todo del Interior– cuyos hijos y nietos jamás van a pisar las aulas universitarias, pero sí van a abonar los servicios profesionales de los egresados cuando sea requerido.
Además, en los hechos, el presupuesto universitario no da para cubrirlos, y por eso año a año, Rendición de Cuentas mediante, se pide una mayor asignación de recursos para posgrados destinados a aquellos que tienen un desarrollo profesional que les permite pagarlos.
A su vez, si la gratuidad se decretara en la actualidad, la mayoría de los posgrados se deberían cerrar porque no está el financiamiento y solamente quedarían unos pocos que podrían funcionar. Y que a su vez, afectaría al desarrollo de los estudiantes de grado (por la falta de ingresos) y de los docentes, porque esas horas que se pagan a los docentes de posgrado son abonadas, en parte, con el cobro a los estudiantes, según analizan integrantes del consejo en el marco de este debate.
“Nosotros podemos tener un criterio de política válido de que todos los posgrados deben ser gratuitos. La consecuencia inmediata sería, y por eso no la comparto, es que algunos posgrados no se harían en la Universidad de la República y que encima dejarían de hacerse algunos que hoy son gratuitos”, aseguró en la sesión el rector Rodrigo Arim.
Pues de eso se trata, de no perder de vista lo bueno que se ha hecho a través de volcar recursos para extender la enseñanza universitaria al Interior, de lo que el Campus Universitario es un buen ejemplo, y del contrasentido a su vez de pedir mayores recursos para posgrados a profesionales muy meritorios, sí, pero que deberían hacer frente de su propio bolsillo a esta capacitación ulterior, en lugar de que ello sea financiado por todos los ciudadanos a través de lo que recauda el Estado, siempre corto de recursos incluso para áreas prioritarias.
