Como ocurre en los meses previos a cada elección nacional, distintos sectores de actividad, gremios y lobbies de diversos ámbitos, se reúnen a efectos de estructurar un temario común con el fin de trasladar sus planteos a los precandidatos y potenciales candidatos a la Presidencia, con el objetivo de conocer el pensamiento de los aspirantes sobre una serie de puntos que consideran fundamentales a efectos de evaluar su apoyo o no a sus propuestas y programas de gobierno, escenario este que es esencia del régimen democrático de gobierno y pilar de la institucionalidad.
Pero, naturalmente, debe tenerse presente que estamos ante sectores y aglutinamientos que legítimamente velan por sus intereses y que esta es la representatividad que realmente tienen, lo que no significa que lo que plantean esté en sintonía con el interés general, que es mucho más que la suma de planteos en tiempos electorales, por lo que responden más bien a un intento de obtener concesiones o satisfacción a reivindicaciones que sostienen a veces desde larga data y que consideran las más de las veces que no han sido contempladas por los sucesivos gobiernos.
Igualmente, por más que se trate de planteos que son de recibo, analizados desde un punto de vista general, deben evaluarse en un contexto de prioridades, de plazos y posibilidades reales de satisfacerlos, porque naturalmente ello depende también de los sesgos de cada gobierno, de su perfil ideológico y muchas veces de situaciones que tienen que ver con un contexto global al que no es ajeno cualquier gobierno al que le toque asumir en 2025.
Entre otros grupos representativos, tenemos que los empresarios nucleados en la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), considera que abaratar los combustibles, bajar los costos del Estado y modificar el sistema tributario para “alentar las inversiones” son ejes clave de la acción que debería considerar el próximo gobierno y así lo transmitirán a los precandidatos a la Presidencia próximamente.
Con este fin, la Cámara de Industrias del Uruguay elaboró un plan con 93 iniciativas que tienen como meta fortalecer el desarrollo del sector manufacturero, responsable de 265.600 puestos de trabajos directos e indirectos.
Los empresarios se manifiestan preocupados por el gasto público y sostienen que debe reducirse en torno al 20% del Producto Bruto Interno (PBI). Algunas de las medidas propuestas en ese sentido son disminuir progresivamente la cantidad de empleos públicos (en el gobierno central, empresas públicas e intendencias) y “endurecer las medidas de castigo por las malas decisiones” que tomen los directores de empresas públicas, detalla el documento. Para “promover un ambiente laboral que garantice el funcionamiento de las empresas”, desde la CIU se propuso modificar las negociaciones colectivas. En el documento, titulado “Plan de acción para el desarrollo industrial de Uruguay” se planteó que la negociación tripartita se utilice únicamente para acordar el salario mínimo por rama de actividad, y que además se establezcan mínimos diferenciales dependiendo del tamaño de las empresas y el lugar donde se encuentren. “La negociación salarial actual perjudica a las micro, pequeñas y medianas empresas del Interior, ya que están obligadas a pagar salarios mínimos superiores a sus niveles de productividad”, detalla el documento. Por otro lado, propusieron implementar procedimientos de prevención de conflictos con sanciones por incumplimiento y un protocolo de desocupación.
En este contexto Fernando Pache, presidente de la gremial, reconoció que se han hecho reformas en las políticas públicas que fomentan la actividad del sector, pero sostuvo que aún quedan desafíos que “se traducen en sobrecostos para la producción o en oportunidades perdidas”. Los industriales aseguran que debe perfeccionarse la regla fiscal y aplicar reformas tributarias, disminuir el precio de los combustibles y los sobrecostos de Ancap, así como generar incentivos para que las industrias generen su propia energía, uno de los elementos para mejorar sus costos productivos.
Es difícil sustraerse a compartir estos conceptos, donde al menos buena parte de ellos responden al más elemental sentido común, y si bien son reivindicaciones que no son originales, sino que con matices fueron transmitidas en su momento a quienes han sido gobierno en más de una administración, más allá de las intenciones, en gran medida han quedado en el debe.
Los empresarios, además de competitividad y empleo, hablan sobre innovación, sostenibilidad, emprendedurismo y educación. Indican que son necesarios instrumentos de fomento a la innovación como la cofinanciación de servicios tecnológicos. Sostienen que aumentar las oportunidades de formación llevará a una industria capacitada y crecimiento de las empresas, recomiendan continuar con el proceso de reforma educativa sumando más escuelas de tiempo completo y cantidad de días de clase por año, consolidar el Sistema Nacional de Formación Profesional, ampliar el alcance del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y aumentar la oferta educativa de formación dual.
Como en todos los órdenes, cualquiera sea el planteo, siempre habrá objeciones y/o controversias por la contraparte, en el marco de los conflictos de intereses que pautan el desenvolvimiento del tramado socioeconómico de un país, y por ejemplo los sindicatos pondrán énfasis en reivindicaciones salariales y laborales para priorizarlas respecto a las inquietudes empresariales.
Pero de lo que se trata para cualquier gobierno, para la vigencia de la democracia, es que cualquiera sea el precandidato que luego resulte electo presidente, es que tenga amplio criterio para sopesar por donde pasa el interés general en la evaluación de las reivindicaciones sectoriales, estableciendo prioridades en el entendido de que muchas veces el intento de cortar camino para atender tal o cual reclamo, por más justo que sea, termina causando más daños que beneficios por falta de sustentabilidad y genera distorsión en contra de los mismos a quienes se procura beneficiar.
Es el eterno dilema de un gobierno, y la diferencia entre gobernantes del momento y estadistas, estos últimos apostando a una mirada de mediano y largo plazo para identificar cuáles son realmente las posibles soluciones estructurales para cambiar la pisada, en lugar de los cortoplacismos que siempre nos hacen dar vueltas sobre lo mismo, haciéndonos trampas al Solitario.
Be the first to comment