En los últimos días, y de acuerdo con lo informado por EL TELEGRAFO en base a noticias difundidas por el diario uruguayo El País, “La tensión diplomática con Venezuela sumó un nuevo capítulo luego de que la delegación de ese país en la ONU expresó “su grave preocupación por la situación de los derechos humanos en Uruguay”. Durante el evento, del que participó el canciller Omar Paganini, un jerarca del gobierno que encabeza Nicolás Maduro alertó por “la libertad de expresión” y pidió poner fin a “la impunidad” de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. “Recomendamos tomar medidas urgentes ante las amenazas a los periodistas y las limitaciones de derecho a la libertad de expresión”, expresaron desde la delegación venezolana durante el cuarto ciclo de revisión del Examen Periódico Universal (EPU), en la sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra.
El representante del régimen de Maduro pidió “atender efectivamente el deterioro de las condiciones de reclusión y sus consecuencias negativas en la vida y salud de las personas privadas de la libertad”. En su participación, exigió además “poner fin a la persistente impunidad por las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura”, en alusión al último gobierno militar. Finalmente, desde Venezuela pidieron “revisar la legislación” uruguaya para “atender la creciente incidencia en el discurso de los delitos de odio de carácter racista”, así como “tomar medidas urgentes para atender la discriminación de las mujeres en cuanto al acceso a la educación, el mercado laboral y la violencia basada en género”.
La ofensiva de Venezuela contra nuestro país se ha incrementado en las últimas semanas y obviamente refleja la molestia de Maduro por las posiciones del gobierno uruguayo y de varias figuras políticas de nuestro país sobre la falta de libertad en ese país. A modo de ejemplo, el fiscal de Venezuela arremetió contra el expresidente José Mujica y vinculó a Uruguay con el narcotráfico. “Los países que legalizan la droga terminan aliados a los traficantes”, dijo Tarek William Saab. El referido fiscal expresó que “esos países que legalizan la droga tienen que aliarse con los que la producen, obviamente, con los que la venden. Terminan aliados esos países a los traficantes y a los carteles de la droga”, agregó, para concluir: “Estas declaraciones ocurren semanas después de que Mujica afirmara que ‘en Venezuela hay un gobierno autoritario y se lo puede llamar dictador o llámenlo como quieran’”. Lejos quedaron los tiempos en los cuales tanto Mujica como el Frente Amplio elogiaba y visitaba frecuentemente a Hugo Chávez y posteriormente a Nicolás Maduro, incluyendo al exdiputado del MPP Daniel Placeres, el (actual) presidente del Pit Cnt Marcelo Abdala o al propio Mujica vistiendo una campera militar con la bandera de Venezuela durante la primera sesión de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac) en el año 2011. Un conocido dicho expresa que “no hay mejor defensa que un buen ataque” y eso es precisamente lo que está tratando de hacer Venezuela, aunque su ataque diste mucho de ser bueno porque no sólo es infundado y mentiroso sino que además tiene como único propósito generar una cortina de humo sobre la crítica situación que atraviesa ese país en materia de libertades públicas y derechos humanos. Resulta una gran ironía rebosante de cinismo que precisamente la narcodictadura de Venezuela y Maduro pretendan dar lecciones de democracia en un país que aniquiló la prensa independiente, expropió canales, cerró radios, y en el cual se encarcela, tortura o asesina a cualquier persona que tenga una opinión diferente a la del régimen. En efecto, Venezuela es objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por parte de la Fiscalía de la Corte Internacional de Justicia (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En efecto, de acuerdo con lo expresado por la organización Amnistía Internacional (que el Frente Amplio invoca frecuentemente salvo cuando hablan de sus países amigos como Irán, Corea del Norte, Cuba o Nicaragua, entre tantos otros) en Venezuela “la falta de acceso a derechos económicos y sociales continuaba siendo motivo de honda preocupación, pues la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave. El sistema público de salud estaba colapsado. El gobierno no aplicó las medidas humanitarias acordadas en 2022 para abordar estas cuestiones. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza ilegítima y otras medidas represivas a las protestas que reivindicaban derechos económicos y sociales. Quienes criticaban al gobierno del presidente Nicolás Maduro eran objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema judicial. El gobierno reconoció 455 casos de desaparición forzada registrados desde 2015, que en su mayoría no se habían resuelto. Persistía la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que seguían cometiendo las fuerzas de seguridad. (…) Siguieron empeorando las condiciones penitenciarias, especialmente la falta de acceso al agua y a la alimentación. La minería ilegal y la violencia amenazaban los derechos de los pueblos indígenas en la zona del Arco Minero del Orinoco. El número de personas venezolanas que huían del país seguía siendo elevado, y las que eran devueltas eran objeto de detención arbitraria. (…) Persistía la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, y las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación”.
Uruguay, por su parte, puede mostrar al mundo un régimen de libertades que lo coloca como un ejemplo no sólo en la región sino también a nivel global. Tal como ha señalado el instituto Uruguay XXI, “Uruguay es la democracia más plena de América del Sur. Lo refleja el puntaje promedio de 8,66 que obtuvo en el estudio sobre el Índice de Democracia publicado recientemente por la unidad de inteligencia de The Economist, que contempla cuatro categorías: proceso electoral y pluralismo (10), funcionamiento del gobierno (8,93), participación política (7,78), cultura política (6,88) y libertades civiles (9,71). De acuerdo con estos datos, Uruguay fue una de las pocas naciones que obtuvo un puntaje perfecto en su proceso electoral y pluralismo. Desde la creación del estudio, que se hace anualmente desde 2006, el país mantuvo estable su puntaje, que nunca bajó de 8. Según el grupo de análisis con sede en Londres, Uruguay alcanzó en el puesto 14 a nivel global y con el único país latinoamericano que comparte la categoría de “democracia plena” es Costa Rica, que alcanzó el escalón 17 del ranking total. Nuestro país ostenta asimismo envidiables registros en materia de transparencia, libertad de prensa o desarrollo humano, entre otros.
A pesar de ello, lamentablemente, el Frente Amplio –que en 2012 durante el gobierno de Mujica propició el ingreso de la dictadura venezolana al Mercosur, mediante una vergonzosa maniobra política– se mantiene en silencio frente a los ataques del gobierno caribeño y se olvida que muchos de sus integrantes encontraron refugio en ese país durante la dictadura uruguaya. A la doble moral de Venezuela en este tema los socios locales de ese país (Frente Amplio y Pit Cnt) se hacen los distraídos. Como sucede en tantos temas (cuando Tabaré Vázquez pidió que Uruguay incurriera en “default” durante la crisis del 2002 o cuando la coalición de izquierdas pidió el encierro de la población en la pandemia del 2020), el Frente Amplio y el Pit Cnt vuelven a colocar sus intereses por encima de los intereses del país. Nada nuevo bajo el Sol.
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