Día: 14 de junio de 2024

Ya el hecho de que se pretenda la intervención de un grupo de trabajo internacional da cuenta de que a juicio del gremio no existen medios valederos dentro de la institucionalidad uruguaya que les dé garantías en su trabajo, lo que es por lo visto una alerta de lo que a su juicio sería un mal funcionamiento de las instituciones del Estado para la vigencia de un régimen democrático de gobierno regido por la Constitución y las leyes legítimamente aprobadas en el marco de la institucionalidad vigente.
La CIDH señala en su página web, a propósito de esta instancia, que el propósito de las audiencias generales es “recibir informaciones” sobre la situación de los derechos humanos y emitir recomendaciones para que sean respetados.

Precisamente los fiscales, según su argumentación, resolvieron pedir la audiencia temática a partir de una “debilidad institucional” de la Fiscalía que consideran afecta su trabajo, por el “acoso permanente”, el “hostigamiento” y un “sometimiento al descreimiento público” que han realizado representantes del sistema político, aspectos estos que había señalado en su momento al mismo semanario el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa.
Ocurre que a partir de la entrada en vigencia de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP), en 2017, los fiscales han pasado a tener un protagonismo que nunca habían tenido antes, cuando la instrucción de los casos eran llevados por el juez, quien naturalmente sigue teniendo la última palabra en el proceso judicial, pero con los fiscales con un rol protagónico en el sistema acusatorio.

Es decir, que los fiscales son los que deciden llevar adelante la acusación tras intervenir –pueden hacerlo de oficio también– cuando encuentran merecimientos para la formalización en el caso que se trate, lo que los pone por supuesto en el centro de la atención en los episodios más resonantes, sobre todo en los que tienen que ver con implicancias de integrantes del sistema político, o lo salpican de una u otra forma.
En el planteo llevado ante la CIDH, el gremio de fiscales entregó un informe de 40 páginas en las que se incluye una recopilación de declaraciones de autoridades de los últimos gobiernos y de dirigentes políticos, en respaldo de su reclamo.

Mencionan entre otros temas declaraciones del exministro del Interior Eduardo Bonomi cuando hacía referencia al “efecto noviembre” –por el mes de 2017 en que entró en vigencia el CPP– o declaraciones de integrantes de Cabildo Abierto contra el fiscal Rodrigo Morosoli, cuando éste inició una causa por omisión contra el senador Guido Manini Ríos, por no denunciar ante la justicia la confesión de un Tribunal de Honor por un delito cometido durante la dictadura.
Asimismo, el gremio incluyó una actualización del informe conteniendo declaraciones de legisladores a partir de la divulgación por el semanario Búsqueda de chats del celular del procesado senador Gustavo Penadés con el expresidente del Directorio del Partido Nacional Pablo Iturralde, en los que éste señalaba haber tratado de influenciar a una fiscal en la dilucidación del caso, así como presionar al fiscal de corte Juan Gómez.

Otras críticas refieren a la defensa ejercida por el exministro del Interior Mario Heber de dos policías que habían sido imputados por la muerte de un joven en Durazno en 2022, teniendo en cuenta que este ministerio es auxiliar de la Fiscalía en las investigaciones penales.
Otros elementos tienen que ver con cuestionamientos diversos, como por ejemplo la diferente velocidad con que avanzan las causas, según del caso de que se trate, la falta de designación de un fiscal de corte definitivo ante el interinazgo de José Gómez, la asignación de recursos insuficientes para funcionar debidamente, en tanto según expresó el Dr. Rosa, la idea es lograr que la intervención del organismo internacional “recomponga” la situación en Fiscalía, mediante la asunción de compromisos por el Estado para una normalización y salir del “ataque permanente” en los medios.
No puede obviarse que estar en el centro de la atención pública, en casos muy mediáticos, refiere a que con el nuevo código los fiscales pasan a ser figuras centrales en el proceso, y que algunos de ellos han incurrido en dosis excesivas de “vedettismo”, a la vez de haber dado muestras de disparidad de criterios, sesgo ideológico y confusión en no pocos casos, haciendo primar su visión ideológica –no necesariamente partidaria– para apresurarse y acusar en determinados episodios.

Estos aspectos son precisamente disparadores en gran medida del descreimiento del que habla la agremiación que nuclea a los fiscales, y el haber asumido muchas veces, como gremial, una defensa a ultranza por acción o por omisión de fiscales que han incurrido en decisiones a contramano del ordenamiento legal, como el caso de la fiscal que pretendió secuestrar celulares y equipos de un periodista por haber divulgado parcialmente audios que probaban que había sido injustificado el procesamiento y prisión preventiva de jóvenes de Artigas en la “violación grupal” en el Cordón, entre otros gruesos “errores”, incongruencias e improvisaciones sin fundamento.

Esto se explica porque los fiscales son personas y como tales sujetas a error, y a hacer primar sus visiones propias ideológicas o del tipo que sea por encima de lo que establece claramente la ley, y como tales también influenciables, es cierto, al vaivén de la opinión pública.
Y el gremio, por definición, lo que hace como prioridad es defender a sus integrantes, lo que no quiere decir que tenga razón ni que busque un equilibrio, porque no está para eso y así lo ha demostrado.

Pues igualmente, lo que debería hacer en el marco de estas inquietudes, es mirar más hacia adentro, para reconocer que sus asociados cometen errores como el que más, trabajar por mejorar la capacitación y por la ecuanimidad, en lugar de ir a buscar intervención internacional para temas que deben resolverse dentro de la institucionalidad, con los instrumentos que son intrínsecos a la democracia.