El artículo 24 de la ley 15.939, de 28 de diciembre de 1987 estableció la prohibición de la corta y cualquier operación que atente contra la supervivencia del monte indígena, con excepción de cuando el producto de la explotación se destine al uso doméstico y alambrado del establecimiento o cuando medie autorización de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Asimismo, es importante tener en cuenta que el artículo 7 de la norma antes mencionada, habilita el contralor de la transferencia de dominio y el transporte de productos forestales, el que podrá realizarse mediante la utilización de guías de tránsito en las condiciones que determine la reglamentación. De acuerdo con Montevideo Portal, “el monte nativo, o también llamado indígena, brinda una gran variedad de productos y servicios como su papel en la conservación de cuencas hídricas, de suelos, abrigo y sombra para el ganado, potencial turístico y hábitat para especies amenazadas en el país. Las formaciones vegetales boscosas ocupan el 3,7% de la superficie del territorio uruguayo”. Las normas que reglamentan la mencionada Ley No. 15.939 encargan a los funcionarios policiales, aduaneros y de la Prefectura Nacional Naval, en su jurisdicción, e inspectivos de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, el contralor y represión de las infracciones previstas.
Según con una publicación del MGAP del año 2018, “el bosque uruguayo, se extiende en aquellas zonas que ofrecen condiciones favorables (en general zonas donde encuentra humedad más constante, mejor profundidad de arraigamiento). El bosque nativo alberga una alta cantidad de especies, tratándose de una fuente relevante de la diversidad biológica por lo que el país se ha comprometido a asegurar su conservación. Se han identificado 120 especies arbóreas y 140 especies arbustivas en su composición botánica además de 115 especies de helechos. De las 458 especies de aves identificadas en Uruguay, 232 se encuentran muy relacionadas al bosque. De la misma forma, el 50% de los mamíferos descriptos en el país se desarrollan en un hábitat de bosque nativo. Se han identificado 455 especies, definidas como prioritarias para la conservación, que se encuentran estrechamente vinculadas al monte nativo (…) En países como Uruguay, donde la economía depende fundamentalmente de los recursos naturales es necesario conservar y manejar la biodiversidad prudentemente. El bosque nativo es un ecosistema biodiverso, que se presenta asociado a los biomas pampa y chaco y cubre aproximadamente un 5,2% de la superficie agropecuaria del país, casi 850.000 hectáreas con tendencia al aumento. Además de brindar servicios ecosistémicos, el bosque es una fuente tradicional de productos y servicios de valor económico, y de formas de vida de subsistencia, de recreación y turismo”.
A pesar de todas estas normas, los ejemplares de monte nativo talado se venden a plena luz de día en todos los centros poblados del país e incluso a través de las redes con total impunidad. Cualquiera puede comprar leña de coronilla, espinillo o tala (por nombrar algunas de las especies nativas), no existiendo controles efectivos ni eficaces para esa conducta que no es castigada socialmente porque al fin y al cabo de trata de hacer “un asadito” cuando en realidad lo que hay atrás son empresas que lucran a costa de la destrucción de un recurso natural valiosísimo. De acuerdo con un estudio de REDD+UY (Reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque nativo), se detectó que “el 96% de la leña vendida en Uruguay no paso por control alguno” o sea que es ilegal.
Tal como ha expresado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “los bosques son fundamentales para combatir el cambio climático (debido a su capacidad de almacenar carbono), pero pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos y sociales, se encuentran amenazados por los incendios forestales, la sequía, las plagas y una deforestación sin precedentes. En efecto, los bosques nativos tienen un rol clave en la regulación del clima debido a su capacidad de almacenar carbono. La degradación o transformación de los bosques nativos a otros ecosistemas sin árboles, la gran mayoría de las veces reduce esta capacidad”.
Por supuesto que no se trata de anteponer la conservación del ambiente contra la producción, porque como fuera señalado por el titular del MGAP Ingeniero Fernando Mattos en el Parlamento el 23 de marzo de 2023, “tenemos la responsabilidad de mantener sistemas sostenibles de producción; por lo tanto, los conceptos ambientales, ecológicos y de sostenibilidad están incorporados en nuestra legislación y en nuestras competencias. Entonces, generar la antinomia de que ‘esto es conservacionista’ y ‘esto es productivista’, como si el sistema de la producción fuera algo dañino, no es bueno. Uruguay ha vivido toda la vida de la producción. Este país se ha construido en función de la producción, pero eso no quiere decir que la producción tenga esa concepción dañina y que esté poniendo en riesgo los aspectos del medio ambiente. Por supuesto, las prácticas nocivas y negativas que no respetan los procesos naturales, la ecología, las prácticas agronómicas o la sanidad son conceptos que pueden dañar al ambiente. Tenemos incorporado, a través de una normativa muy intensa y de una experiencia muy arraigada en los funcionarios del Ministerio de Ganadería que nosotros somos un ministerio de la producción, pero también de la sostenibilidad. Entonces, esa antinomia me parece que no colabora y no contribuye porque, además, la imagen del país es, precisamente, la de la producción sostenible. Por eso, estamos trabajando cada vez más cerca del Ministerio de Ambiente para llevar adelante estos procesos productivos de la forma más armónica posible”. Como lo ha señalado el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), “el bosque nativo y su adecuado manejo asociado a la ganadería podría representar una oportunidad para mejorar la producción de carne y promover el cuidado del bosque”.
Lo que realmente debe lograrse es que las leyes vigentes se cumplan, porque para eso fueron aprobadas en su momento. No existe nada peor para un régimen democrático que las leyes que no se cumplan y de las cuales no se persigue su incumplimiento. Esa forma de actuación por parte del Estado (en tanto responsable de que las normas dictadas por el mismo sean acatadas en tiempo y forma por los obligados) supone un terrible mensaje para los ciudadanos: es una suerte de “todo vale” donde quienes cumplen lo mandatados en las respectivas normas son “los nabos de siempre” como los calificara el periodista Tomas Linn. Ese descreimiento que corroe el compromiso democrático es un caldo de cultivo en el cual siempre termina ganando el que no cumple con sus deberes ya que el sistema premia a quien viola la norma y no a quien la acata.
La protección de nuestro monte nativo necesita más conciencia, pero también más recursos, mayor compromiso y una permanente alerta sobre las amenazas que su depredación genera para toda la comunidad.