Día: 12 de julio de 2024

En nuestro editorial del martes, bajo el título “Sobreendeudamiento pendiente de solución” dábamos cuenta de la problemática que se arrastra en nuestro país desde hace muchos años, el sobreendeudamiento de numerosas familias y personas de recursos medios y bajos, fundamentalmente, como conjunción de una serie de factores que no han sido corregidos e involucran escenarios a los que no se ha priorizado en cuanto a posibles salidas. Ello incrementado por el hecho de que no es sencillo hacerlo en un mercado del crédito que tiene reglas de juego, regulaciones y un sin fin de puntas, pero que además ha derivado en una realidad que rompe los ojos con la “muerte civil” de miles de personas.
Además, se ha generado un círculo vicioso: las desmedidas tasas de interés de estos créditos al consumo de las administradoras son el caldo de cultivo de atrasos, incumplimientos para personas ya con muchas dificultades por haber caído en el círculo más bajo del crédito. En estas administradoras también justifican estos altos intereses con el alto riesgo de prestar a personas con bajo porcentaje de cumplimiento.
Una verdadera fogata de entuertos por el lado que se le mire pero que, además, no ofrece salidas cuando las deudas se han multiplicado hasta lo inimaginable y ni el más optimista sueña con poder hacerles frente, por lo que las instituciones acreedoras plantean sumas absolutamente irreales para recuperar. Incluso muchas de ellas han vendido sus carteras incobrables a estudios jurídicos denominados “buitres” por valores irrisorios, al dar por perdida la recuperación, en tanto estos últimos por regla general presionan con llamados e intimaciones a los deudores para obtener alguna ganancia en su inversión.
Un desquicio que no beneficia a nadie y que por ejemplo se ha pretendido por lo menos paliar mediante la propuesta de una reforma constitucional promovida por el partido Cabildo Abierto, a través de la recolección de firmas. Sin embargo, como todos sabemos, no es pertinente ni conveniente incorporar estos temas en la Constitución, y la solución debería buscarse por el lado legal, mediante acuerdos interpartidarios, con respuestas que tampoco son fáciles, por cuanto existe un conflicto de intereses en el que nadie quiere salir perdiendo.
Ante un engendro sin salida, desde hace un par de años se han estado encarando negociaciones sobre este tema por autoridades y técnicos del Banco Central del Uruguay con representantes de instituciones bancarias y administradoras de crédito, procurando manejar alguna alternativa para los deudores más afectados de los sectores más vulnerables, bajando además a tierra montos que solo existen en el aire, porque son irrecuperables y consecuencia de tasas de interés, moras y multas irracionales e impagables, una vez se atrasan los pagos.
De estas reuniones ha surgido la posibilidad de que voluntariamente los deudores puedan acogerse a planes de financiación que les permitan devolver en cuotas el capital inicial, dejando de lado intereses, recargos de moras e intereses sobre intereses. En los papeles, es una solución posible por el lado del mal menor, en el sentido de que los acreedores podrán recuperar algo de lo que daban por perdido en su totalidad, y los deudores poder intentar una puesta al día mediante un pago varias veces menor al que se les exigía por las entidades administradoras de crédito.
¿Solución justa? Muy difícil de calificarla, por cierto, porque hay casos y casos, entre el que en realidad no puede y el que dejó de pagar por mil y una causas, mientras tal vez seguía gastando en otros bienes de consumo sin hacer frente a sus compromisos, pero con el común denominador de que los atrasos hacen que las deudas se vuelvan impagables al poco tiempo, y este es el punto que genera el problema principal que se ha dejado crecer en sucesivos gobiernos sin ponerle el cascabel al gato.
Es decir, que no hay salida enteramente buena y debe reconocerse que, tras un arduo trabajo, se ha optado por algo posible y lo menos malo, si las partes involucradas cumplen. Llegamos así a la iniciativa anunciada en las últimas horas, en un encuentro que contó con la participación de Diego Labat, presidente del Banco Central del Uruguay (BCU); el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza; el vicepresidente de dicha institución, Washington Ribeiro; Max Sapolinski, segundo vicepresidente del BROU; Álvaro Fuentes, del Área de Defensa del Consumidor del MEF; Alejandro Grasso, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito de Personas (Aneac), Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), y Mariela Espino, gerente general del Banco República, entro otros.
La propuesta en sí pretende ser una herramienta que aporte a la rehabilitación crediticia voluntaria de aquellas personas que figuren como deudores categoría 5 (incobrables) en la Central de Riesgos Crediticios del BCU o en “situación similar en aquellas instituciones que no reportan” a ese registro al 30 de abril de 2022 y se mantienen en dicha categoría hasta mayo de 2024.
La articulación de esta iniciativa, impulsada por la propia industria financiera, contó con la colaboración del Banco Central del Uruguay y la Unidad de Defensa del Consumidor del MEF. Para ello, explicaron los presentadores, se procedió a analizar minuciosamente la situación de los deudores de mayor vulnerabilidad, al mismo tiempo que se proponen soluciones que contemplan tanto el orden jurídico vigente como “el adecuado balance de riesgos del sistema financiero”. En ese sentido, se hizo énfasis en la importancia de cuidar el mercado de crédito como componente fundamental de la actividad económica.
Al acuerdo implementado y promovido por Aneac y ABPU, adhirieron BBVA, Heritage, HSBC, Itaú, Santander, Scotiabank, Bandes, Banco República, República Microfinanzas, OCA, Creditel, Anda, Crédito Naranja, Crédito de la casa, Crédito de Valor, Pronto, presidente de Aneac; Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de Crediton, Cash, Fucac Verde y Volvé, en tanto aquellas instituciones dadoras de crédito que aún no se han sumado a la iniciativa podrán hacerlo en los términos y condiciones que esta presenta.
Entre las medidas dispuestas, se contempla la cancelación de deudas vencidas con remanentes menores a 5.000 pesos, según los requisitos antes mencionados y sin que sea necesaria la intervención del cliente o deudor. Una segunda instancia prevista para deudas superiores a 5.000 pesos y menores a los 100.000, sin reestructuración vigente, dispone la refinanciación hasta en 36 cuotas, sin actualización del capital, sin intereses, multas ni recargos.
En el caso de estos deudores, también deben figurar con categoría 5 en la Central de Riesgos Crediticios al cierre de abril de 2022 y al momento de postular. Los ingresos nominales del deudor no deben superar los $100.000 mensuales. El trámite para la restructuración voluntaria de deudas puede iniciarse en línea en soluciondeuda.com.uy a partir del 11 de julio y hasta el 15 de noviembre de este año.
Hay sectores de deudores que quedan al margen de esta salida, como así también se deja de abordar esta problemática con una mirada al futuro, porque siguen aplicándose tasas de interés desmedidas en el mercado y hay grupos que seguirán recurriendo al “salvavidas” –que no es tal– de estos créditos a intereses abusivos, por lo que una salida que parece positiva y a la que debe reconocerse el esfuerzo volcado ante los intereses en juego, en realidad mira desde el pasado, pero no involucra cambios de cara al presente y el futuro. Esto indica que deberán buscarse puntos de acuerdo para legislar y corregir el hecho de que sigan quedando uruguayos al margen mientras se mantengan las condiciones de ciertos créditos abusivos, para los sectores más vulnerables, precisamente.