El pasado 24 de junio, dos días antes del Día Internacional contra las Drogas, el informe de las Naciones Unidas hizo un “llamamiento urgente y valiente a los gobiernos de todo el mundo para que renuncien de una vez a las políticas de ‘guerra a las drogas’ manifiestamente fallidas”. El documento detalló que, durante sesenta años, “este enfoque erróneo de la salud pública no sólo no ha reducido el uso y el suministro de drogas, sino que además ha causado de forma generalizada violaciones de derechos humanos”, entre otros cuestionamientos.
El enfoque de la ONU se basa en “la reducción del daño, el tratamiento y el apoyo social” frente a “la evidencia y los datos acumulados durante años por organizaciones de la sociedad civil y mecanismos de derechos humanos en todo el mundo”. La ONU definió que “ya es hora de dejar de malgastar recursos” y exhortó a los gobiernos a aplicar “la despenalización del uso personal, la posesión, el cultivo y la adquisición de drogas, y avanzar hacia la regulación efectiva de las drogas para garantizar acceso legal y seguro a las personas autorizadas”.
La Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR), en conjunto con El Observador y Juan Pablo Ferreira, director del Instituto Nacional de Estadística (INE), realizó una encuesta cuyos resultados señalan que casi la mitad de los uruguayos respalda la regulación del mercado de la marihuana, aunque el apoyo es menor para otras drogas. Solo el 1,1% opina que deben mantenerse las políticas actuales de combate al narcotráfico y reducción del consumo.
Es interesante destacar que, en el marco de la campaña electoral, las propuestas de los diferentes programas de gobierno procuran cambios. Algunos sugieren avanzar hacia la regulación de los mercados de drogas, similar a lo implementado durante el gobierno de José Mujica, mientras que otros abogan por la participación de los militares en el combate al narcotráfico. También hay quienes proponen desestimular el consumo de sustancias, siguiendo el modelo de regulación del tabaco impulsado por el expresidente Tabaré Vázquez. En resumen, los programas no proponen dejar las políticas tal como están.
El Frente Amplio, en su programa para un próximo gobierno, plantea “estrategias de regulación de los mercados, como instrumentos de lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta las experiencias fallidas de la guerra a las drogas”. En Cabildo Abierto, el candidato Guido Manini Ríos propone una modificación completa de las políticas de drogas implementadas por gobiernos anteriores, incluida la regulación de la marihuana. Su compañera de fórmula, Lorena Quinta, señaló que la política debería centrarse en “evitar el consumo”, comparándolo con la prohibición del tabaco desde 2006.
La fórmula presidencial ha puesto el tema de las adicciones en el centro de la discusión electoral, generando reacciones al criticar las políticas del gobierno de Lacalle Pou y la normalización del consumo de cannabis a través de su venta en farmacias, donde se ofrece con mayor contenido de THC (tetrahidrocannabinol), el principal componente psicoactivo. El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, ha señalado que la evidencia respalda su postura y se manifestó en desacuerdo con la candidata. Radío, integrante del Partido Independiente, ha reiterado que “a la lucha contra las drogas no la va a ganar nunca nadie”.
En el Partido Nacional, Álvaro Delgado ha propuesto aumentar la presencia policial y endurecer las penas en la lucha contra el narcotráfico, así como crear espacios para el tratamiento de adolescentes con problemas de consumo. Por su parte, en el Partido Colorado, el asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, ha enfocado sus propuestas en políticas de control de la cocaína y la pasta base, similares a las ejecutadas por algunos países europeos con opiáceos.
En cuanto a la regulación de otras sustancias más potentes que la marihuana, no hay un consenso claro en la ciudadanía uruguaya. La última Rendición de Cuentas asignó 20 millones de dólares para la implementación de un plan nacional de salud mental y adicciones, pero algunos técnicos opinan que esa cifra “no alcanza ni para empezar”. Además, la opinión pública a menudo reclama redirigir esos recursos hacia áreas más vulnerables, como la infancia o la salud.
Es aquí donde radica un problema fundamental: la sostenibilidad de los proyectos. Iniciativas en zonas vulnerables, particularmente en barrios donde las bandas delictivas tienen control, requieren un seguimiento adecuado en términos de recursos presupuestales y humanos. Sin resultados visibles o estadísticas que demuestren avances, muchos de estos esfuerzos quedan suspendidos en el tiempo.
Sin embargo, un aspecto central no ha sido suficientemente abordado: las familias. Muchas están desestructuradas y, en su mayoría, son lideradas por mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Esta situación no es nueva y es conocida por el sistema político. En 2022, el Observatorio Uruguayo de Drogas constató el “impacto de la exposición al consumo en el hogar, mayor accesibilidad a las sustancias y una legitimación de los consumos”. La gran pregunta sigue siendo: ¿quién se atreve a intervenir en estos espacios?
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