Día: 3 de octubre de 2024

Dentro de cinco o seis años el mundo tendrá más adultos mayores que jóvenes y, si bien esto es un indicador del aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población implica nuevos desafíos vinculados fundamentalmente a la seguridad económica en la vejez, la atención de la salud y los sistemas de protección social.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la población mayor de 60 años pasará a ser el 22% de la población mundial en 2050, lo cual significa que existirán unos 2.000 millones de adultos mayores, así como un incremento muy importante si tenemos en cuenta que ese porcentaje en el año 2.000 era de un 11%.
El pasado martes se conmemoró el Día del Adulto Mayor, con un claro planteo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto al impacto del envejecimiento de la población que está transformando las estructuras sociales de todo el mundo, a partir del aumento de la esperanza de vida que se sitúa actualmente por encima de los 75 años de edad en la mitad de los países del mundo. Esto representa 25 años más que en 1950.
En este contexto, según datos de la Cepal, para 2085, América Latina y el Caribe superarán a Europa como la región con la proporción más alta de personas de edad avanzada en relación con la población en edad de trabajar.
“Este cambio demográfico ha transformado significativamente el ámbito de los cuidados, que engloba una amplia gama de necesidades de asistencia, tanto remunerada como no remunerada, en entornos formales e informales”, señaló la ONU.
A nivel regional el panorama se complica aún más si tenemos en cuenta que los países latinoamericanos tienen tasas de ahorro nacionales bajas y que, en general la región se encuentra mal preparada para atender las necesidades de la jubilación de lo que será un grupo de personas en edad avanzada que irá creciendo.
A esta situación hay que agregarle otros desafíos referidos a la atención de la salud de las personas mayores y los sistemas de apoyo familiar, especialmente considerando el aumento de las dolencias crónicas y enfermedades mentales.
En Uruguay el tema reviste especial interés ya que el 16% de la población supera los 60 años según datos del Censo de 2023 (un 14% más que en 2011, cuando se había realizado el último relevamiento), destinándose algo más del 8,2% del Producto Bruto Interno (PBI) al gasto público jubilatorio. A su vez, nuestro país destina en pensiones más del doble que el promedio regional en relación a su PBI y duplica el porcentaje regional de población mayor a 65 años en relación con las personas en edad laboral.
Esto aún hoy no es un problema grave, pero es casi seguro que lo sea en las próximas décadas cuando el porcentaje de adultos mayores se duplique y la fuerza laboral disminuya drásticamente en comparación con el número de dependientes que no trabajan.
Las actuales condiciones de vida de las personas mayores de 65 años dependen en una parte importante de experiencias pasadas tales como sus trayectorias laborales y familiares, o su capacidad de acumulación de activos monetarios y físicos a lo largo de la vida, pero también de la forma en que las oportunidades y riesgos del pasado se articulan con la estructura de protección presente, señala un informe elaborado por el Banco de Previsión Social en 2022.
Allí se señala que la “herencia” acumulada por los individuos y sus hogares se hace más notoria y las posibilidades de revertirla y modificarla disminuyen, apuntando que las transformaciones en la familia y el empleo resultan claves para la comprensión de las diferencias en los procesos de envejecimiento. En este sentido, se afirma que los tránsitos a la vejez están pautados frecuentemente por eventos biográficos característicos tales como el retiro del mercado laboral y el acceso a la jubilación, la llegada de los nietos o la viudez, el deterioro y eventualmente la pérdida progresiva de autonomía física y residencial.
El informe del BPS señala el envejecimiento como una dinámica potente e irreversible en Uruguay y lo caracteriza como un proceso con feminización de la vejez (aunque el mayor ritmo de envejecimiento masculino tiende a reducir la brecha entre ambos sexos), y con aumento de las personas en los tramos de edad más avanzados, fenómeno que se ha dado en llamar “el envejecimiento de la vejez”.
Algo que también está pasando es la caída de trabajadores cotizantes al BPS, preocupación manifestada días atrás por este medio por integrantes de la Confederación de Sindicatos de la Industria revelaron que el sector contaba con unos 260.000 cotizantes en el Banco de Previsión Social en las décadas de 1980-1990 y en la actualidad quedan unos 134.000, enmarcado en una sistemática “pérdida de puestos de empleo”, ante la “falta de valor agregado en los productos nacionales y de cambios en la ley de inversiones”.
Por otra parte aquí, como en otros lugares del mundo, parte de las personas mayores se ven obligadas a seguir trabajando y ahorrando incluso después de la edad de jubilación, para compensar el déficit de ahorro sufrido durante sus años laborales más productivos. Es decir, si bien se vive más, para muchos la vejez no trae descanso dado que deben trabajar para financiar su esperanza de vida más larga.
Con este panorama, es posible que nuestros hijos y nietos deban hacerse cargo de las generaciones mayores de una forma en que ninguna otra generación lo ha hecho, lo cual tampoco es del todo justo y demanda la toma de decisiones acertadas que permitan el desarrollo de los más jóvenes y calidad de vida para las personas mayores.
El futuro demográfico exige ocuparse seriamente de estos asuntos ya que constituyen un desafío para la sociedad en su conjunto –tarde o temprano por una vía u otra, nos afectan a todos– que interpelan las políticas, el sistema de seguridad social y de salud, así como a los gobiernos encargados de implementar el desarrollo de los instrumentos necesarios y las reconfiguraciones de los servicios sociales y sanitarios. El tema no es menor cuando a fines de este mes se deberá elegir un nuevo gobierno y junto con las elecciones nacionales será plebiscitada una una reforma de la Ley de Seguridad Social.