A tan solo tres semanas de las elecciones nacionales, el clima electoral en Uruguay, con plena vigencia de la institucionalidad democrática, sigue siendo frío. Esto da cierto respaldo a quienes consideran que los partidos políticos, o más precisamente sus dirigentes, han ido perdiendo credibilidad a lo largo de los años. Persisten problemas que datan de décadas, muchos de ellos de carácter estructural, y todos los partidos que han llegado al gobierno se han regido por cortoplacismos.
La regla ha sido evitar pagar costos políticos debido a la proximidad de la siguiente elección. Así, todo lo que no se hace en los dos primeros años de gobierno –cuando es posible adoptar medidas impopulares pero necesarias debido a la distancia con la próxima contienda electoral– ya no se realiza en el resto del período. Mucho menos en el último año, cuando los partidos en el poder adoptan una actitud de “piloto automático”, evitando innovar o hacer olas, para no generar cuestionamientos que puedan derivar en pérdida de votos. La oposición, por su parte, aprovecha cualquier error para potenciar su mensaje.
En resumen, nada nuevo bajo el Sol. Estas posturas se ven en todas las democracias del mundo, con mayor o menor intensidad. Sin embargo, en los países desarrollados no se presenta la misma complejidad que implica postergar medidas correctivas estructurales, como ocurre en Uruguay. Aquí prevalece el inmediatismo, el cortoplacismo, la improvisación y la búsqueda de jugadas geniales, aunque luego se califiquen de “chambonadas” de los dirigentes. Y quien quiera creerlo, cierra los ojos y levanta la banderita del partido.
En Uruguay, como en muchos países, el electorado está mayormente dividido en dos grandes bloques ideológicos. Estos abarcan desde tendencias centristas hasta los sectores más radicales. Sin embargo, existe un porcentaje de entre el 10 y el 15 por ciento de los votantes que cambian su elección en cada comicio por diversos motivos. Al final, son ellos quienes definen cuál de los grandes bloques tendrá mayoría parlamentaria y, eventualmente, se impondrá en el balotaje si es que se llega a esa instancia.
Como suele suceder, el ciudadano común, salvo un pequeño porcentaje, sigue los avatares políticos y la campaña electoral con escasa atención. Menos aún lee los programas de gobierno que los partidos tratan de difundir. En el mejor de los casos, el votante se queda con los titulares que pronuncian los dirigentes de su colectividad, sin mayor interés en interiorizarse en las propuestas reales.
Este es el sino de los tiempos electorales, muy distintos a la efervescencia vivida en el retorno a la democracia a mediados de los años ochenta. En aquella época, la gran mayoría de la ciudadanía se unió contra la dictadura, pero con el tiempo las diferencias y disensos fueron emergiendo. Los partidos se han turnado en el poder, con sus aciertos y errores.
A la hora de los programas y propuestas, cada partido lleva agua a su molino. Los candidatos dicen lo que harán, cuidándose de no formular compromisos que saben que no podrán cumplir. En medio de la contienda, se escapan dislates, teñidos de la búsqueda de emociones y grandes enunciados que enfatizan el qué, pero no el cómo –algo que, además, el ciudadano tampoco suele cuestionar–. Porque todos saben que el partido se juega más en el terreno emocional que en la racionalidad, donde pesan factores relacionados con el humor social y las afinidades ideológicas.
En este caso, un tema ha sido introducido –o más bien lo ha introducido el Pit-Cnt, junto con sectores radicales del Frente Amplio–: el plebiscito de reforma constitucional sobre las pasividades. Es un simple manejo de eslóganes sin sustento, buscando captar la adhesión de ciudadanos desprevenidos mediante la manipulación de aumentar las jubilaciones más bajas y mantener la edad jubilatoria, sin que esto afecte las arcas del Estado.
Es el colmo de la demagogia e irresponsabilidad, algo que cae por su propio peso. Si era tan fácil, ¿por qué no se hizo durante los quince años de gobierno del Frente Amplio, cuando el Pit Cnt tenía a su disposición las mayorías parlamentarias para lograrlo?
¿Por qué solo el equivalente a un salario mínimo de pasividad? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no permitir que la gente se jubile a los 50 años? Al fin y al cabo, según ellos, el dinero está o aparecerá mágicamente, como afirman alegremente los promotores de este plebiscito.
La respuesta está en la interna del Frente Amplio. El plebiscito no es más que una pulseada del Partido Comunista y los radicales para torcerle el brazo a la coalición de izquierdas, para demostrarles quién manda de verdad. No importa si se aprueba o no, los votos están marcados de esta forma y sirven para demostrar el poder que tienen. Mientras tanto, el ciudadano de a pie queda de rehén de quienes no les importa la suerte que corra el país, sino dar un paso más –y si es posible, decisivo—hacia el socialismo que pretenden imponer, por la vía del “cuanto peor, mejor”.
Esperamos que el ciudadano, más allá de sus preferencias electorales, no se deje llevar por los cantos de sirena de los oportunistas de siempre. La iniciativa que no es apoyada por ninguno de los candidatos presidenciales de los grandes bloques. Aunque en la coalición de izquierdas, el tema se maneja con cuidado para no generar controversias internas.
Mientras tanto, el fragor de la contienda electoral seguirá su curso, con los oficialistas y opositores culpándose mutuamente de todo lo malo que ocurre en Uruguay, como si ninguno hubiera ejercido antes el gobierno. Solo así se explica, en vivo y en directo, el creciente descreimiento ciudadano.
