Año: 2024

Paysandú fue sede, el pasado fin de semana, de las Jornadas de Mastología, organizadas por la Sociedad Uruguaya de Mastología, en una puesta al día para evaluar la realidad nacional en el tema, sobre todo porque nuestro país tiene características propias en la problemática, por un lado con elementos de un país desarrollado pero con escenarios vinculados al subdesarrollo, agravado por desigualdades territoriales, que tienen significativa incidencia.
Ello quedó expuesto claramente en estas jornadas, que forman parte de una serie de actividades a nivel nacional, apuntando a comprender y mejorar la situación epidemiológica del país, con un enfoque dirigido a reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.
En este sentido, la oncóloga Guianeya Santander, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Mastología, jefa del Servicio de Oncología en el Hospital Militar de Montevideo, destacó el objetivo de que los profesionales se sitúen en la realidad nacional en cuanto a incidencia y mortalidad del cáncer, sobre lo que resumió que la incidencia es comparable a la de los países desarrollados, pero con porcentajes significativamente más elevados de mortalidad, lo que es precisamente indicativo de la contradicción que señalábamos.
Es que ello es especialmente marcado por el hecho de que se han logrado importantes avances en la detección temprana –fundamental para combatir el flagelo y reducir la mortalidad– pero este último aspecto es preocupante y no condice con el avance logrado en la detección temprana de la enfermedad.
Destacó que esta detección temprana se basa fundamentalmente en el uso de la mamografía, la que se procura poner al alcance de todas las mujeres en edades ya de riesgo y otras situaciones en que las posibilidades de padecer el cáncer se acentúan, pero ello no ha permitido que se pueda bajar el número de unas 800 muertes al año por esta causa.
Aquí precisamente se sitúa el desafío, porque no condicen las cifras de detección con la mortalidad que se da en los países desarrollados, lo que indica que la etapa inicial no es correspondida con las acciones que se requieren para bajar este índice.
Entre otros aspectos, la profesional considera que ello está relacionado “con el estilo de vida, con el sedentarismo, con factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos que hoy contamos”, a la vez que hay marcadas diferencias en el contexto geográfico del país, con problemas que se acentúan en el Interior y mucho más aún en el interior profundo, donde la realidad golpea duramente, por cuanto en los centros urbanos es más accesible la detección temprana, el tratamiento y el seguimiento.
En este sentido, es considerado como un aspecto sustancial para revertir esta realidad, que “se pueda contar con equipos que puedan responder con los mejores tratamientos y en los tiempos adecuados, asegurando el acceso a la rehabilitación y el seguimiento de los pacientes sobrevivientes de cáncer de mama”. Sobre este escenario se trabajó en estas jornadas, por cuanto se evidencia una notoria disparidad en el acceso a tratamientos entre Montevideo y el Interior, a la vez que según la Dra. Santander, las diferencias de disponibilidad de recursos no solo se dan en este aspecto, sino incluso dentro de las mismas ciudades.
Es pertinente traer a colación apuntes que formula la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre esta afección en la región, empezando por señalar que el cáncer de mama es más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial, a la vez que causa más años de vida ajustados por discapacidad perdidos en mujeres que cualquier otro cáncer. A su vez, la carga de enfermedad que representa el cáncer de mama es desproporcionadamente mayor en los países en vías de desarrollo, donde la mayoría de las muertes por cáncer de mama ocurren prematuramente, en mujeres menores de 70 años.
Más aún, las Américas representaron casi una cuarta parte de los nuevos casos de cáncer de mama en los últimos años, y en América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres afectadas por la enfermedad antes de los 50 años (32%) es mucho mayor que en América del Norte (19%).
En esta evaluación, nuestro país se sitúa con sus contradicciones, por cuanto hay un trabajo efectivo en la detección precoz por los elementos que señalábamos, pero con el contraste de acciones posteriores que desembocan en un índice de mortalidad que no es el de los países desarrollados, sino que está a medio camino con las estadísticas de la región.
Tenemos así que el pronóstico después de un diagnóstico de cáncer de mama ha mejorado dramáticamente en los países de altos ingresos, los cuales han tenido una disminución del 40% en mortalidad por cáncer de mama (estandarizada por edad) a partir de 1980 y la década en curso. Sin embargo la detección precoz y el acceso a tratamiento efectivo siguen siendo un reto para países con recursos limitados, a pesar de que existen intervenciones probadas y rentables. El tratamiento del cáncer de mama puede ser eficaz, especialmente cuando se detecta a tiempo. Por lo general, implica cirugía con o sin radiación y medicamentos. La efectividad del tratamiento depende de someterse al curso completo del tratamiento. Las características que se asocian con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama incluyen la obesidad, consumo de alcohol, antecedentes familiares de cáncer de mama, exposición a radiación, antecedentes reproductivos y hormonales y consumo de tabaco. Alrededor de la mitad de los casos se desarrollan en mujeres sin factores de riesgo identificados además de ser mujeres con 40 años de edad o más.
Mientras tanto, Uruguay cuenta con una red de oncólogos bien distribuida en todo el país –por lo menos en el mapa general, pero naturalmente enmarcado ello en las dificultades de acceso de las zonas más alejadas de los centros urbanos– y un acceso generalizado a mamógrafos y diagnósticos patológicos en todos los departamentos, en tanto “el desafío ahora es incorporar técnicas que sabemos que ofrecen los mejores resultados”, para que el paso positivo de la detección precoz no se desvirtúe en los pasos subsiguientes, pese a que en nuestro país se cuente con la incorporación de la resonancia magnética para pacientes de alto riesgo y la implementación del tratamiento de neoadyuvancia, que son terapias previas a la cirugía, alineado ello con los protocolos de tratamiento a nivel mundial.
Igualmente, para optimizar el uso de estas herramientas, se requiere de una acción territorial y de campo, de difusión, de concientización a tono con el desafío, de forma de cumplir con el compromiso expresado por la Dra. Santander, de “asegurar que todas las mujeres, sin importar donde vivan, reciban el mejor tratamiento posible”, por encima de los escenarios socioeconómicos en que se desenvuelvan.

Las economías de los países de América Latina y el Caribe crecerán poco durante 2024. El promedio se ubicará en torno al 2,1% y el escenario global será complejo porque las tasas de interés permanecen altas en los países desarrollados, con mayores costos de financiamiento para las economías emergentes.
La crisis de desarrollo se sustenta en varios pilares, pero se destacan la desigualdad y la baja movilidad social que limitan el desarrollo humano. El retraso en el resultado de los aprendizajes explica, en gran medida, el déficit del crecimiento en el continente latinoamericano y se perpetúa en la demora de la llegada de oportunidades para emplear de manera productiva a esa fuerza de trabajo.
En tiempos electorales en varios países, incluido Uruguay, conviene comprender que los resultados no se dan de un año para otro. Ni siquiera dentro de un período de gobierno, con la excepción de las mejoras en algunos indicadores.
No hay que olvidar la pandemia sanitaria que atravesó la mitad de las vidas de los niños que nacieron los años previos a la COVID-19. Si hoy tienen entre 6 y 8 años, enfrentan consecuencias de desarrollo y aprendizaje. Principalmente si son residentes en hogares pertenecientes a los quintiles 1 y 2.
Las condiciones de empleo que afectaron a las familias incrementaron los niveles de pobreza y afectaron el bienestar emocional. Por lo tanto, aumentó la cantidad de niños que nacen en hogares pobres, cuyo impacto se observó en las instituciones educativas.
El último informe publicado por Unicef, denominado “La infancia como prioridad, Seis desafíos claves de políticas públicas en Uruguay”, confirma que los cambios que se realizan en áreas prioritarias no impactan rápidamente. Y si las transfomaciones se demoran, puede pasar hasta una generación y no ver resultados que atraviesen a las infancias.
“Uno de cada cuatro estudiantes se retrasa durante su trayectoria educativa y la mitad no completa la educación obligatoria, pese a estar en el sistema por más de 12 años”. El documento analiza que en los últimos 20 años “no ha habido progresos significativos” y muestra los resultados que se reiteran en las últimas décadas a través de los estudios de distintos mecanismos.
Las pruebas Aristas y Pisa, así como los documentos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) han sido claros al revelar conclusiones similares.
En el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentado en junio pasado, Uruguay obtuvo una puntuación de 29 sobre 50 en pensamiento creativo. Pero los egresos en la educación media superior son bajos en los comparativos generales.
Unicef advirtió una “muy alta” inasistencia escolar y comparó que en 2023 los alumnos faltaron casi un mes a clases. El elevado índice de desvinculación en educación secundaria –que se arrastra desde hace décadas– permanece en los sectores más desfavorecidos.
En medio de este escenario, a mediados de agosto el Ministerio de Salud Pública dio a conocer los registros de natalidad que marcaron un descenso histórico desde 1900. El año pasado hubo 31.281 nacimientos o 920 menos que el 2022.
En la última Rendición de Cuentas, se promoverá una “hoja de ruta” para revertir la baja natalidad porque se prevé un descenso sostenido que puede ubicarse en menos de 3 millones de personas en los próximos 80 años. Menos población y más longevidad traen consecuencias en los sistemas de protección social. Y, naturalmente, Uruguay es uno de los ejemplos.
Aunque estos temas se discutan más en años electorales, con cifras comparativas entre gobiernos, todos deberán reconocer que el panorama de bajo desarrollo humano y social se extiende por 20 años de forma similar. Quiere decir que los últimos niños, adolescentes y jóvenes pertenecientes a los quintiles más bajos, viven en condiciones similares a pesar de los vaivenes de las economías en los sucesivos gobiernos.
Los resultados de los cambios culturales no se presentan con rapidez. Los planes de acompañamiento que protegen las trayectorias educativas visibilizan la necesidad de mejorar la asistencia en la educación pero requieren de un amplio financiamiento. Y que se sostengan a lo largo de las distintas administraciones. Es decir, establecer una política de Estado.
En Uruguay, era necesario instalar el sistema de escuelas de tiempo completo desde hace varios años para brindar una estabilidad y apoyo en los aprendizajes de una amplia población estudiantil, que sumara otras actividades curriculares.
Sin embargo, su instrumentación en los últimos tiempos demuestra que hubo niños que perdieron esta oportunidad. Algunos de ellos ya son adolescentes o jóvenes y presentan las consecuencias de esa desigualdad en los aprendizajes por las desvinculaciones tempranas.
La mejora en los resultados de lectoescritura y matemáticas –dos materias flojas en las evaluaciones de Uruguay desde hace años– es fundamental porque ambas sientan las bases de las capacitaciones que llegarán después.
Por lo tanto, es posible afirmar que la pandemia hizo lo suyo. Pero las transfomaciones vienen, necesariamente, desde los gobiernos de turno y la rapidez con la que se toman las decisiones.
Seguramente algunos estarán más convencidos que otros de los cambios sociales que trae la educación y que sin mejores resultados tampoco es posible un desarrollo humano ni, por ende, una mejora en los guarismos económicos. Por eso, todo los demás falla hacia abajo y atraviesa a las generaciones.
Al menos en Uruguay, en veinte años se han mantenido las brechas de desigualdad y marginalidad. Mientras tanto, la polémica se instala en los porcentajes que diferencian a un período de gobierno con otro.
Claramente, el problema viene desde mucho antes y su cronicidad no está visibilizada como tal.