Cuando avanzan con cierta parsimonia –en pleno verano– los contactos para el traspaso del mando presidencial, en el denominado período de transición hasta el 1º de marzo, aparecen ya algunas escaramuzas por protagonistas del gobierno entrante y del saliente, sobre todo a partir del escenario fiscal y la situación de empresas estatales y la gestión de organismos del Estado a la hora del análisis de las cuentas, lo que ha sido una característica intrínseca a estos procesos desde que se tenga memoria.
Y por tratarse de renovación de autoridades pertenecientes a distintos partidos e ideologías, todo lo que se diga por una u otra parte debe tomarse con pinzas, porque hay de por medio visiones político-partidarias, pasajes de facturas implícitos y a la vez también una proyección interesada a la opinión pública para llevar agua a los respectivos molinos, más allá de los eufemismos y expresiones de ocasión para quedar mejor parados.
Debemos tener presente que la gestión de gobierno en los hechos sigue una línea de continuidad que hace imposible separar una administración de otra, y que los que ahora asuman tomarán la posta de lo que dejan las autoridades salientes, y éstas a su vez también heredaron la situación del país que había hace cinco años.
Sobre todo, asumir que no hay soluciones mágicas para determinados temas en solo cinco años de gestión, lapso que en forma efectiva se reduce a la mitad o a lo sumo a tres años, porque hay que tener en cuenta el plazo en que se empieza realmente la gestión, a partir del recambio de la mayoría de los mandos jerárquicos y cargos políticos en los respectivos organismos del Estado y del sistema político, y a la vez con la distorsión agregada de las elecciones departamentales dentro de pocos meses, y luego los períodos de elecciones internas y nacionales siguientes, en que toda decisión que se toma o se anuncia debe decodificarse desde el punto de vista político – electoral. Y están de por medio los temas puntuales de todos los días, que pueden ser más o menos positivos o negativos, y eventualmente intrascendentes, y a la vez la problemática estructural del país, que se viene arrastrando sucesivamente por encima de los respectivos gobiernos y para cuya solución se requieren precisamente políticas de largo plazo, que deben ser iniciadas durante un gobierno y seguida por otros, lo que implica la necesidad de un acuerdo político a priori, en base a políticas de estado en áreas estratégicas que den seguridades del rumbo a mediano y largo plazo.
En este sentido, una constante que se viene dando desde hace varias administraciones de gobierno, tanto de partidos tradicionales como de la coalición de izquierdas, por encima de los avatares internacionales, que tienen que ver con el costo país, que es una rémora para las inversiones de riesgo, y que afecta en forma transversal las diversas actividades productivas, y sobre todo implica un riesgo adicional para quienes operan de cara a la exportación, porque no se trata solo de los costos internos, sino también de la relación cambiaria a la hora de transformar los dólares a pesos, por mencionar uno de los factores preponderantes en este escenario.
Así, un tema recurrente planteado en el gobierno que deja el poder, pero que también se había trasladado a los anteriores, y con las mismas respuestas insuficientes, es el relacionado con el valor del dólar, que a su vez no puede tomarse como un parámetro aislado, porque se trata de una daga que corta para los dos lados, desde que afecta importaciones y exportaciones, y a la vez con una repercusión sustancial en materia de inflación y costos internos, entre otras variables. Por ejemplo los exportadores y las gremiales del agro, entre otros sectores, desde hace años ponen sobre el tapete el legítimo reclamo del tipo de cambio que ha sido determinante para que nuestro país resulte caro en dólares, aunque en buena medida se hayan adecuado salarios, prestaciones y valores internos que también son altos en la divisa norteamericana.
En esta relación hay ganadores y perdedores, y los que más pierden son los que cotizan y venden sus productos en el exterior, en tanto que los beneficiarios son los importadores y comercios que canalizan estos productos. Por otro lado, el consumidor también se ve beneficiado con un mayor poder adquisitivo.
Así es que artificialmente se genera un clima interno que no es posible sostener por mucho tiempo, como así tampoco solucionarlo con una maxidevaluación para abaratar el país, siempre con consecuencias impredecibles y muy traumáticas, como indican experiencias muy negativas que han vivido el Uruguay y países vecinos.
En los últimos meses, y en gran medida por fuerza de las circunstancias, como la progresiva devaluación de la moneda brasileña, con su efecto de arrastre sobre nuestro país, se ha constatado un incremento significativo del dólar, que fluctúa en la franja de los 44 a 45 pesos, pero que con ser un factor positivo para los exportadores, no alcanza para tener una gran incidencia en el costo país, es decir la relación entre los costos internos y lo que se percibe al pasar los dólares a pesos.
Vale traer a colación expresiones del presidente del Banco Central (BCU), Washington Ribeiro, al señalar que el valor del dólar no es una variable que esté bajo manejo del banco porque no hay intervención desde agosto de 2021, y el valor lo fija el mercado.
En ese sentido, expresó Ribeiro que la política monetaria “incide sobre eso, no con la vocación de hacerlo sino como consecuencia”, porque el objetivo es el combate de la inflación y alinear las expectativas. “No hay un tipo de cambio que cierre el balance en todas las empresas en Uruguay, por supuesto que no, como tampoco se lo cerraría un tipo de cambio de $30 o de $50. Eso es lo que justifica legítimamente el reclamo de todos o de parte de los sectores empresariales. Si el tipo de cambio fuera de 50, serían otros los que reclamarían, y si fuera de $30, sucedería lo mismo porque, reitero, no hay un tipo de cambio que cierre el balance de todas las empresas”, reflexionó.
Ergo, como bien sostiene Ribeiro, no existe un valor mágico del dólar que favorezca a todas las empresas y tampoco al tramado socioeconómico del país, sino que se trata de un equilibrio necesario y cambiante que es producto de muchos factores, de una gran complejidad, y no depende solo de este parámetro, por más importante que sea.
En estos altos y bajos, en los avatares internacionales que se proyectan a una economía pequeña como la de Uruguay, sin dudas que un aspecto estructural sobre el que deberá trabajar el futuro gobierno es el de la competitividad, que no es solo el valor del dólar, sino todos los parámetros que conlleva, como dijera en su momento el exministro de Economía del Frente Amplio, Mario Bergara, que tiene que ver con el planteo de los “platitos chinos” que deben mantenerse girando en la economía, lo que incluye el dólar, la inflación, los costos internos, la competitividad, el empleo, el poder adquisitivo, en un marco de determinado equilibrio precario que es preciso sostener y contra el cual conspiran los déficits estructurales, que se mantienen porque los sucesivos gobiernos solo han arañado la cáscara de los problemas.
Y hasta ahora, ningún gobierno le ha encontrado la vuelta, porque hay costos políticos de por medio, con reformas estructurales pendientes que no se hacen de la noche a la mañana, y así seguimos dando vueltas a la noria, con pasajes de facturas de unos a otros en cada oportunidad que se plantea el tema.