Con un nivel de evasión a la seguridad social históricamente alto, pero situado de todas formas en los últimos años sensiblemente por debajo de lo que era hace medio siglo, por ejemplo, nuestro país se encuentra comprendido en un sitial comparativamente alto en el concierto global, aunque bien situado en la región, por cuanto sin dudas este escenario de informalismo es característico de los países del tercer mundo.
Es que el trabajo en negro es un flagelo para quienes de una u otra forma están relacionados directamente, pero asimismo para el país y el interés general, porque para empezar, el Estado sufre una cuantiosa sangría de recursos, el trabajador no tiene cobertura social y está expuesto a no poder acogerse a la pasividad ni a los programas de contención de los organismos respectivos, y a la vez se genera una sobrecarga sobre los que sí se encuentran en la legalidad, que están pagando por ellos y por los que no aportan.
Respecto a esta problemática, Juan Manuel Mora, gerente de Asesoramiento Tributario y Legal de la consultora KMPG, analiza para el semanario La Mañana que el trabajo zafral y en negro genera diversos impactos en el mercado laboral uruguayo, lo que se da sobre todo en el verano en sectores como turismo y servicios, afectando los derechos laborales, la recaudación estatal y fomentando la competencia desleal.
Indica entre otros aspectos que “en el trabajo zafral que tenemos ahora en el verano asociado al turismo, lamentablemente la informalidad es bastante superior a la media en el resto del trabajo, o sea que ahí persiste todavía una irregularidad o un trabajo en negro mayor a lo normal”.
Considera asimismo que “lo que genera eso se puede ver desde tres puntos de vista: en primer lugar, gran parte de esos trabajadores no declarados tienen una disminución en la garantía de sus derechos porque no están cotizando para la jubilación, no están generando antigüedad y tampoco tienen los beneficios de subsidios que brinda el Banco de Previsión Social (BPS), como puede ser el desempleo, maternidad, entre otros, ni tienen la cobertura del Fonasa”.
Esta sola faceta indica la vulnerabilidad y pérdida de derechos en que queda el trabajador que no está desempeñando actividades dentro del marco legal, pero por añadidura hay otras consecuencias negativas que se vuelcan sobre el Estado y la sociedad en su conjunto. Lo explica el ejecutivo del KPMG al señalar al respecto que “hay un impacto en la caja del Estado, que deja de recaudar los aportes personales y patronales que tiene que percibir, y también el IRPF. Además puede haber competencia desleal porque estas empresas que tienen los trabajadores en negro, al tener menos costos, eventualmente pueden trasladar eso a los precios y competir deslealmente en perjuicio de las empresas que tienen a todos los trabajadores en regla”.
Este no es un aspecto menor –ninguno de los mencionados lo es– porque estamos en presencia de un círculo vicioso que se resume en un perder-perder, en el corto o en el largo plazo, al fin de cuentas, porque la competencia desleal saca del circuito a las empresas que tratan de cumplir con el ordenamiento legal, el Estado pierde recaudación y todos debemos de poner de nuestro bolsillo para poder dar cobertura a quienes se quedan sin ella por el informalismo que para algunos es pan para hoy y hambre para mañana.
Por supuesto, este panorama que traza Juan Manuel Mora se centra en este caso en las actividades zafrales de verano en un área como el turismo y los servicios, pero se puede extender a todo el trabajo en general, en cualquier punto del territorio nacional.
Expresa al respecto que “es muy importante en la agricultura, ya que los ciclos agrícolas todos los años se reiteran, por lo cual es sabido que en determinados períodos hay zafralidad por tal o cual cultivo, y eso incrementa bastante la mano de obra necesaria para atender esa demanda. Y en la temporada es muy importante por el tema del turismo especialmente concentrado en los departamentos de la costa”.
Evaluó además como otras áreas afectadas por el trabajo en negro el trabajo doméstico y la industria de la construcción, en el caso de las pequeñas obras.
“Luego hay algunos departamentos en el Interior donde el grado de informalidad es mayor, o sea que además de los rubros, también tenemos un problema geográfico en lo que respecta a los trabajadores en negro”, consigna.
Lo que es muy cierto, por cuanto sobre todo en los departamentos limítrofes con el Brasil, como Artigas, Rivera, Cerro Largo, el nivel de informalismo más que duplica la media nacional y en los litoraleños como Paysandú y Salto, con informalismo alto, el escenario se agrava cuando ingresan más personas a hacer el trasiego de mercadería para la venta.
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) estaban dando para Artigas un 48,8 por ciento de informalismo, y en el orden del 42 por ciento para Rivera y Cerro Largo, lo que es una barbaridad, si tenemos en cuenta que prácticamente la mitad de la población trabaja en negro total o parcialmente.
La alta informalidad y el desempleo tienen consecuencias profundas en el bienestar social y el desarrollo económico de los departamentos más afectados, porque estamos ante un amplio déficit en beneficios y derechos como jubilación, seguro de salud y estabilidad laboral. Además, la falta de empleo formal limita el consumo y la inversión local, perpetuando ciclos de pobreza que integran el círculo vicioso al que nos referíamos.
Se da también en este plano una marcada dicotomía entre Montevideo e Interior, dado que el casi cincuenta por ciento de departamentos fronterizos contrasta con el 14 por ciento de trabajo ilegal en Montevideo, lo que indica la necesidad de establecer medidas y políticas diferenciales para atender esta realidad.
Es así que nuestro país enfrenta el reto de implementar políticas que reduzcan el desempleo y la informalidad, promoviendo un mercado laboral inclusivo, y con preeminencia de acciones en las áreas geográficas marcadamente postergadas.
Ello habla de la necesidad de promover programas de formación técnica en sectores con potencial de crecimiento, adoptar incentivos fiscales que estimulen a las empresas a registrar formalmente a sus empleados mediante beneficios fiscales, y en cuanto a políticas macro, apuntar decididamente a la descentralización, promoviendo entre otros aspectos el desarrollo de polos industriales y tecnológicos en departamentos con altas tasas de desempleo, sobre todo.
A ello deberían agregarse programas de emprendimiento mediante apoyo a los trabajadores informales para que formalicen sus actividades y accedan a beneficios sociales, pero a la vez generar acciones de debido control por los organismos competentes, mediante un adecuado plan nacional de inspecciones por el BPS y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como la DGI, dejando de lado el viejo recurso de inspeccionar solo las empresas registradas, para hacerlo en forma más extensa y llegar a los lugares donde históricamente se ha trabajado en negro y establecido competencia desleal con quienes desempeñan actividades dentro del ordenamiento legal.
