
Desde hace algunas semanas la empresa Conexión Ganadera está envuelta en un escándalo con de denuncias civiles y penales por apropiación indebida y estafa entre otras causas, conjuntamente con las empresas Grupo Larrarte y República Ganadera.
Hace algunos días, Felipe Caorsi en el diario “La Mañana” escribía lo siguiente: “A diferencia de lo que suele creerse Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera no invertían directamente en el agro, no aportaban valor al mismo. Ofrecían rentas altas por adelantado a los propietarios de los campos, desplazando a productores medianos y pequeños. De hecho, Larrarte entre sus activos cuenta con la devolución de la renta de un campo que pagó por adelantado. Estos fideicomisos ganaderos no invertían en productores, y como ya sabemos compraban muy poco ganado adulterando guías y haciendo negocios con algunos consignatarios amigos. Eran fondos de inversión que captaban capital sin ser regulados por el BCU. Esto último por ser negocios rurales”.
La modalidad bajo la cual operan estas empresas no es nueva, sino que ha sido repetida muchísimas veces en distintas partes del mundo, incluido nuestro país. Conocido como “esquema Ponzi”, el cual es un fraude con el cual los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión con el mismo dinero invertido. Los esquemas de Ponzi deben su nombre a su creador, Carlo Ponzi, un famoso delincuente de origen italiano que estafó a muchas personas en los años ‘20 en Estados Unidos. Tal como lo explica la página web del banco español BBVA, “Las características del sistema son las siguientes. En un sistema Ponzi nos encontramos que una persona (ya sea física o jurídica) ofrece gran rentabilidad a inversores, gracias a lo que consigue fácilmente convencer a la gente para que se le preste capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes. La rueda sigue funcionando hasta que deja de entrar dinero, y esto puede ser debido a una crisis, a que se acaben los estafados o a cualquier otro motivo. En ese momento, se desmonta el entramado que deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido”.
Ante la pregunta de cómo se mostraba ante los posibles inversores, basta con leer lo que se expresa en su página web la empresa Conexión Ganadera (www.conexionganadera.com): “Conexión Ganadera tiene desde 1999 la misión de permitir a personas que no son expertas en ganadería realizar negocios en este sector sin pagar costos de aprendizaje y sin ocuparse. Para ello nuestra empresa asiste al inversor comprando el ganado, consiguiendo un productor ganadero que lo tome para hacerlo producir, trasladándolo, vigilándolo, vendiendo y liquidando el negocio entre las partes según los contratos pactados”.
Las maniobras de las empresas antes mencionadas han dejado a miles de inversores afectados patrimonialmente, así como una cantidad de empresas y personas perjudicadas, todas ellas relacionadas de una u otra forma con la actividad ganadera sobre la cual se asentaba este negocio aparentemente seguro y floreciente, pero que en realidad era nada más que un castillo de naipes que se derrumbó cuando la “bicicleta financiera” sobre la cual funcionaba terminó por colapsar. Miles de hectáreas arrendadas y miles de cabezas de ganado esperan las actuaciones administrativas y judiciales que se están llevando adelante en distintos ámbitos públicos y geográficos, intentando que los inversores puedan recuperar al menos algo del dinero invertido. En los últimos días Conexión Ganadera anunció que tiene un pasivo de 400 millones de dólares frente a un activo de 150 millones de la misma moneda, compuesto por ganado y créditos a cobrar, por lo que desde el vamos se sabe que el “agujero” es al menos de 250 millones de dólares.
De acuerdo con lo informado por Montevideo Portal, el director de Vixion Consultores, el economista Aldo Lema, “planteó que como asesor desaconsejaba invertir en agentes privados que captan fondos de ahorristas para volcarlos a inversiones ganaderas y posteriormente pagar altas tasas de utilidad fijas”. Lema sostuvo que “En un momento dejaron de ser solo conexión (intermediario) entre inversor y el capitalizador del ganado. El aumento de la escala los llevó al desarrollo propio del negocio con mucha deuda (los compromisos de rentabilidad con los inversores) y poco capital propio. A ‘ese negocio propio’ de engordar ganado le fue mal en el último tiempo por razones generales (sequía, variaciones de precios, costos) y sobre todo propias (problemas operativos de gestionar tanto ganado, descontrol, ineficiencias). El negocio se pudo sostener mientras ingresaban nuevos inversores (nueva deuda) y entró en crisis cuando no hubo financiamiento de terceros (deuda vía inversores), ni capital propio, para sostenerlo”.
Una vez conocidos estos escándalos, las miradas de todo el sistema financiero y de la prensa en general se dirigieron hacia el Banco Central del Uruguay (BCU), al cual se le reclamó por parte de diversos referentes su falta de actuación en este caso. Para defenderse, el BCU dio a conocer diversos comunicados emitidos en los cuales advertía sobre la falta de regulación que tenían este tipo de empresas; uno de ellos, difundido el 3 de febrero de 2022, expresaba lo siguiente: “Se pone en conocimiento del público en general y de los ahorristas en particular, que se ha constatado la existencia de publicidad realizada a través de distintos medios de difusión masivos (televisión, radio, diarios, páginas web, redes sociales y otros medios de comunicación), convocando a invertir o ahorrar, en ganado o en productos agropecuarios y en algunos de los casos que han llegado a conocimiento de este Banco Central, se ofrece una rentabilidad mínima fija. Al respecto, la Superintendencia de Servicios Financieros considera necesario hacer saber que las empresas que ofrecen este tipo de productos o inversiones no se encuentran inscriptas en sus registros y consecuentemente no están sujetas a su regulación y control”. En contraposición con lo expresado por el BCU, el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti calificó como “un desastre” esta crisis y afirmó que refleja omisiones tanto del Banco Central del Uruguay como de los legisladores al no garantizar suficiente supervisión y regulación en este tipo de actividades.
Así las cosas, y por más advertencias que haya formulado el BCU, resulta imperioso que ese organismo realice una necesaria autocrítica y asuma su responsabilidad a la hora de controlar ese tipo de inversiones que no sólo se da en el ámbito ganadero. Una vez instalada la nueva legislatura, el BCU debería remitir con urgencia al Poder Ejecutivo un proyecto de ley para incluir dentro de sus facultades a este tipo de esquemas de inversiones, tal como lo hace con otras entidades (bancos, administradoras de créditos, seguros, mercados de valores, AFAP, etcétera).
Esta no es una estafa más: se estima que tendrá un impacto cercano al 0,5% del Producto Bruto Interno, por lo que de seguro impactará en la economía nacional en su conjunto. Los efectos inmediatos son como los de una corrida bancaria, que en definitiva profundiza la crisis.
Como ha sucedido en cada desplome de una megaestafa de estas dimensiones en el país –desafortunadamente esta no es la primera–, tendrá un impacto profundo en muchos uruguayos, y seguramente veremos aumentar los casos de autoeliminaciones ante la desesperación de haber perdido los ahorros de toda una vida en manos de este fraude que sólo pudo ocurrir por la propia permisividad del Estado.
Es así que la existencia de una supervisión uniforme, oportuna y suficiente tendrá una doble ventaja: para los inversores, la transparencia y protección de las operaciones realizadas por los mismos y para el país, que se evitará futuros golpes con severas consecuencias económicas y sociales.
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