
La crisis financiera que golpea a República Ganadera y Conexión Ganadera ha dejado a decenas de inversores en una encrucijada: ¿podrán recuperar su dinero o al menos el ganado que se les prometió? En medio de la incertidumbre, el abogado Nicolás Hornes, representante de un grupo de 75 damnificados, detalla la situación legal y las estrategias que están siguiendo para enfrentar el problema.
“Los inversores tienen derecho a retirar el ganado que exista y posteriormente verificar su crédito en los concursos”, explica Hornes a EL TELEGRAFO, socio del estudio Hornes Forte Musante Abogados. La falta de información oficial y las inconsistencias en los registros agravan la situación, generando un clima de desconfianza entre los afectados.
Las promesas de rentabilidad oscilaban entre el 7% y el 11%, cifras que resultaban muy atractivas para inversores sin experiencia en el sector agropecuario. “Muchos de nuestros clientes desconocían cómo funciona un engorde de ganado, pero confiaban porque veían que otros retiraban intereses año tras año”, comenta Hornes.
Primeras señales de alerta
A lo largo de los años, el modelo de negocios de ambas empresas se sustentó en la captación de nuevos inversores que, al confiar en la rentabilidad prometida, inyectaban capital para la adquisición de ganado. Sin embargo, las primeras señales de alerta surgieron cuando los pagos comenzaron a retrasarse y las solicitudes de retiro de capital encontraban obstáculos administrativos.
“Tanto en República Ganadera como en Conexión Ganadera, tomamos la misma estrategia. Nuestros clientes tienen como garantía la propiedad de su ganado. A pesar de que hay muchos contratos que no tienen ganado en propiedad, en nuestro caso, nuestros clientes tienen inversión con propiedad de ganado”, detalla.
“Pudimos identificar también dónde estaba ubicado el ganado. Esa información no se la brindaba República Ganadera a los inversores, a pesar de las múltiples solicitudes que se hizo. Hecho eso, presentamos directamente el recupero del ganado, que está en proceso”.
El problema surgió, justamente, cuando algunos inversores comenzaron a notar irregularidades en la administración del ganado. “Cuando solicitamos información sobre la cantidad de ganado registrado en el Sistema Nacional de Información Ganadera, nos encontramos con declaraciones juradas apócrifas”, señala el abogado.
Además, al comparar los datos proporcionados por la empresa con los obtenidos de fuentes oficiales, detectaron que sólo se reconocía un 20% de las inversiones realizadas. “Le están diciendo que tienen menos vacas de las que debería tener, en un hecho que podría encuadrar en apropiación indebida y estafa. Invertí, confié mi dinero en vos para contar con determinadas vacas y ahora me decís que tengo menos vacas”.
La lucha por recuperar el capital
Hornes y su equipo han seguido dos estrategias principales: en primer lugar, identificar la ubicación del ganado y solicitar inspecciones judiciales con la Policía Rural (BEPRA). “Esto nos permitirá recuperar la mayor cantidad posible de animales y verificar su estado sanitario”, afirma. En segundo lugar, preparan acciones legales en el marco de los concursos de ambas empresas.
“Con Conexión Ganadera la situación resultó ser un poco más sencilla con la información y más compleja respecto a las empresas. La información de la cantidad y la ubicación en Conexión ya la teníamos, los inversores la conocían. El tema es que acá intervienen varias empresas. Y a pesar de la información que tienen los inversores en su poder, hay que remangarse, ir a BEPRA y hacer la inspección”, continúa.
“Ahí hay que determinar efectivamente cómo está el ganado, cuánto ganado hay y cuál es la condición sanitaria para retirarlo. Ese es el primer paso. Lo que pueda retirar, lo retiro si está en estado sanitario aceptable. Lo que no pueda, lo verificaré posteriormente en el concurso o haré un acuerdo. El concurso siempre va a estar sobre la mesa y es una posibilidad para ambos casos, tanto para República como para Conexión, y es algo necesario”.
Sin embargo, el panorama es poco alentador. La falta de balances claros y el retraso en la presentación de documentos por parte de Conexión Ganadera refuerzan la incertidumbre. “Cuando se les intimó a cumplir con los requisitos para lanzar el concurso voluntario, no lo hicieron”, asegura.
Acuerdos cuestionables y sospechas de esquema Ponzi
Una de las soluciones propuestas por República Ganadera fue un acuerdo privado de reorganización. Sin embargo, para Hornes, la propuesta era “un acto expropiatorio de la propiedad de los inversores”. La iniciativa implicaba un fideicomiso en el que todos los activos se agruparían sin distinción, obligando a los inversores a aceptar pagos en plazos de hasta 12 años. “No ofrecían categorías de acuerdo a la inversión, lo que significaba que quien tenía 10 vacas recibiría lo mismo que quien tenía 1.000”, explica.
Otro punto de controversia representa la posible falta de controles por parte del Sistema de Regulación y Control Financiero y la Superintendencia de Servicios Financieros. “Conexión Ganadera prácticamente no tenía línea bancaria, lo que le permitía operar sin fiscalización”, advierte Hornes. La ausencia de regulaciones efectivas permitió que el modelo de negocios derivara en lo que, según él, terminó siendo “un esquema Ponzi”.
Algunos expertos en el sector han señalado que este tipo de fraudes podrían haberse prevenido con regulaciones más estrictas y un mayor control sobre las empresas que operan en el ámbito agropecuario.
Para los inversores, el camino es incierto. “Sin balances reales, sin información concreta sobre el patrimonio de las empresas, y con una deuda declarada de 90 millones de dólares en el caso de República Ganadera –y de 250 millones de dólares en Conexión Ganadera–, cualquier estrategia legal se complica”, explica el abogado. La única certeza, por ahora, es que se avecina una batalla judicial prolongada en la que cada damnificado intentará recuperar lo que pueda de su inversión. “Faltó control del Banco Central en un negocio de esta magnitud. Estamos hablando de millones de dólares y de un rubro clave para el país. Ahora todos somos auditores con el diario del lunes, pero esto debió haberse prevenido mucho antes”, dice Hornes. “En conclusión: los inversores tienen derecho a retirar el ganado que exista y posteriormente verificar su crédito (la diferencia) en los concursos”, cerró.
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