En el fragor del cada día en las noticias internacionales ha pasado tal vez casi desapercibida para el común de los lectores las novedades que han surgido en un país centroamericano que hasta no hace mucho tiempo era promocionado por la izquierda vernácula e internacional como un paradigma semejante a Cuba y Venezuela en sus mejores tiempos.
Nos referimos a Nicaragua, donde desde hace ya muchos años se ha instalado una dictadura disfrazada de “democracia” popular que ante la evidencia de los hechos ha caído en desgracia para los promotores de países a imitar, tanto que muchos mandatarios y dirigentes abrazados todavía a la izquierda ortodoxa ya le han soltado la mano, y tratan de evitar el tema o de barrerlo bajo la alfombra, mientras se pueda.
El jueves el Parlamento de Nicaragua, que es controlado completamente por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), terminó de aprobar una serie de modificaciones a la constitución política del país, que amplían todavía más los poderes que tiene la pareja presidencial compuesta por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, lo que a esta altura está ya más en la onda de los zares que en la de la Presidencia de un país que se parezca a una república.
Según comunicó la Asamblea Nacional, denominación oficial del órgano unicameral legislativo nicaragüense, con la reforma “establecemos que la Presidencia de la República, compuesta por un co-presidente y una co-presidenta, son Jefatura de Estado y de gobierno por un período de seis años”.
En la misma comunicación, desde la entidad legislativa se expresó, para que no queden dudas, que “ratificamos la preeminencia de la nueva Constitución Política sobre las demás leyes, instrumentos internacionales, decretos, o reglamentos que alteren sus disposiciones”.
Por añadidura, y para reafirmar la concepción totalitaria y tiránica del gobierno sandinista, dentro del paquete de reformas aprobado se aumenta el control del Ejecutivo sobre los medios de comunicación y también se le da a la presidencia el poder de “coordinar” las funciones judiciales y legislativas, le permite ordenar al Ejército que intervenga en apoyo de la Policía y se autoriza a los agentes de seguridad a ocupar temporalmente cargos del Poder Ejecutivo cuando así se les ordene.
Quiere decir que con el nuevo orden constitucional, tanto Ortega como Murillo, quienes ahora están formalmente igualados en sus funciones, pueden nombrar un número ilimitado de vicepresidentes, lo que generó especulaciones de que uno o más de los ocho hijos de la pareja que viven en el país podrían ser elegidos para el cargo, en tanto varios de ellos ya ocupan puestos en el gobierno o dirigen medios de comunicación estatales.
Las repercusiones internacionales no se han hecho esperar, sobre todo por tratarse de un régimen que desde hace mucho tiempo se salió de los carriles democráticos –si es que alguna vez realmente los tuvo– y en este sentido el abogado estadounidense Reed Brody, miembro de un grupo de expertos de las Naciones Unidas que evalúan la situación de derechos humanos en el país, sostuvo que “estos cambios drásticos marcan la destrucción del estado de derecho y las libertades fundamentales en Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo han consagrado y solidificado su poder absoluto”.
El periodista y politólogo Bernd Pickert, del diario alemán Die Tageszeitung (taz), viajó varias veces a Nicaragua para trabajar en los barrios más pobres: “Es devastador ver que líderes de una revolución que quiso ser la alternativa a una dictadura, a una familia que se enriquecía a costa del pueblo, ahora vuelvan a hacer eso mismo”, dijo a DW.
Luego de que el FSLN derrocara la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, Ortega fue presidente por primera vez entre 1985 y 1990. Después de ese primer mandato, fue reelegido en 2007 y desde ese entonces conduce el gobierno nicaragüense, con una sucesión de enmiendas legales para perpetuarse en el poder, represión y persecución de grupos opositores –muchos de los cuales que también son de izquierda, por cierto– y organizaciones independientes que no se sometieran a sus dictados.
En los últimos tiempos las críticas hacia Ortega por prácticas autoritarias aumentaron y crece el número de países que consideran que se trata de una “dictadura nepotista”. Entre los principales cuestionamientos están el encarcelamiento a cientos de opositores, reales y percibidos.
Además, desde las protestas opositoras de 2018, en las que las Naciones Unidas estimaron que hubo más de 300 muertos, el gobierno cerró más de 5.000 oenegés. Miles de nicaragüenses se exiliaron y la mayoría de los medios independientes y de oposición operan desde el extranjero. En la actualidad, el gobierno de Nicaragua está bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, pero todavía le quedan grupos de amigos –las consabidas dictaduras o regímenes autoritarios de siempre– que le siguen tendiendo una mano, como Cuba, Venezuela, Irán, Rusia, Corea del Norte, Bolivia, entre otros.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (Ghren, por sus siglas en inglés) denunció que las reformas aprobadas a la constitución política nicaragüense son una “sentencia de muerte para el Estado de derecho y las libertades fundamentales” del país centroamericano.
Sus integrantes consideran que las modificaciones aprobadas por los legisladores oficialistas nicaragüenses “oficializan el cierre del espacio cívico y garantizan que los ciudadanos no tengan a dónde recurrir cuando sus derechos sean violados”.
Las persecuciones y arrestos arbitrarios contra opositores, periodistas y organizaciones civiles podrían aumentar, ya que, según Carlos Fernando Chamorro, director del medio independiente Confidencial, el régimen busca afianzar una “sucesión dinástica” hacia Rosario Murillo, con un aparato represor que controle la sociedad y la economía nacional.
La pregunta es hasta qué punto, a falta de un movimiento opositor interno que permita por lo menos inquietar el férreo control que mantiene el dictador Ortega, la comunidad internacional pueda ejercer una presión sostenible para generar condiciones que permitan la democratización del país, desde que estamos en medio de un panorama internacional cada vez más complejo, con un régimen decidido a mantener su poder a toda costa.
En este contexto, el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos podría optar por presionar con sanciones y exigir cambios que el orteguismo no estaría dispuesto a conceder, y por lo tanto, encerrarlo y encaminarlo hacia un aislamiento aún mayor.
Esto sería contraproducente, por cuanto lo haría depender más de sus países autoritarios amigos para sostenerse en el poder todo lo que le sea posible, y en medio permanecería atrapado el sufrido pueblo nicaragüense, sin salida a la vista, liberado hace décadas de la sangrienta dictadura de Anastasio Somoza para recaer en otra, nada menos que a manos de los supuestos “salvadores” de entonces. La corrupción del poder, que se trata de ocultar a puro relato y eslogan.
La dinastía tiránica en Nicaragua
