En un informe de 15 páginas, la Auditoría Interna de la Nación (AIN) presentó el 29 de enero un documento donde señala el riego “extremo” por “pérdida de vidas” ante las “debilidades” en el cumplimiento de las fiscalizaciones en los residenciales donde se encuentran alojadas personas mayores.
El documento dirigido al Ministerio de Desarrollo Social-Instituto Nacional de las Personas Mayores, señala que cuando la AIN solicita información sobre la planificación institucional, se responde con la cantidad de visitas al año a los establecimientos y los viáticos necesarios a pagar.
La AIN no encontró evidencia sobre reuniones del Consejo Consultivo, en tanto la última reunión refiere a mayo de 2024. Tampoco halló evidencias de fiscalizaciones sobre los residenciales clandestinos, con el fin de su regularización.
El informe, accesible en la página de la AIN, señala que del total de establecimientos carentes de datos (1.175), más de 170 nunca fueron fiscalizados, más de 230 fueron inspeccionados antes de 2020 y falta seguimiento de las condiciones de funcionamiento.
La AIN asegura en su informe que hasta diciembre de 2023 había 4 fiscalizadores para todo el país, que están en Montevideo. Las visitas, que se realizan en duplas, se efectúan con un referente departamental. Sin embargo, de acuerdo a la auditoría, hay seis departamentos que carecen de dicho referente.
La AIN también detectó diferencias de criterios al momento de entregar los certificados sociales y constancias de habilitación. Ambos documentos tienen vigencia por 5 años y se realizan en fechas diferentes. Por lo tanto, genera un desfasaje en la documentación. “Consultado al respecto, se informa que es un tema interinstitucional con el MSP aún no resuelto”, dijo la auditoría.
El informe apuntó a que la base de datos de los establecimientos de larga estadía para personas mayores (Elepem) no está unificada, “dificultando la búsqueda de información y la realización de reportes”. Constató la reiteración de datos vinculados a los Elepem “en al menos cuatro planillas” mientras que otras planillas están incompletas o manifiestan incongruencias en los datos aportados.
La auditoría destacó que en la Memoria del Sistema Nacional de Cuidados correspondiente al año 2023, se publicó una nota donde reconoce que hay un margen de error metodológico, por lo que en dos departamentos la cantidad de Elepem no coincide con la suma de hogares y residencias.
Asimismo, la auditoría da cuenta de cargos acéfalos en lugares estratégicos, inadecuada asignación de autoridades y responsabilidades. Así como falta de referentes Territoriales en Treinta y Tres, Cerro Largo, Flores, Rivera, Colonia y Río Negro.
Aproximadamente hay 19.000 personas internadas en 1.260 residenciales, pero menos del 20% de éstos se encuentran habilitados.
El Ministerio de Desarrollo Social por su parte, publicó otro documento donde rebate los argumentos de la AIN. Según el Mides, hasta el 2 de diciembre había realizado 761 fiscalizaciones, de los cuales 185 corresponden a Elepem sin antecedentes de intervención.
Aseguró el Mides que de 7 funcionarios que tenía la División Regulación en 2020, lo incrementó a 26 trabajadores al cierre del año. Y resumió que en la actual gestión llevó adelante más de 2.500 fiscalizaciones en todo el país, de las cuales 544 fueron efectuadas en forma conjunta con el Ministerio de Salud Pública.
También rechaza la carencia de referentes territoriales, en tanto la División Regulación se ocupa de sus competencias en todo el país. Se reitera en ambos documentos –tanto la AIN como el Mides– la diferencia de criterios para reconocer la titularidad de una persona jurídica a cargo de un Elepem. El ministerio asegura que la normativa vigente no lo exige y, por lo tanto, no es una exigencia para obtener una habilitación.
El Mides marcó sus discrepancias con la AIN sobre la ausencia de una planificación y adujo que “no es correcto” dicho criterio, en tanto la pandemia de COVID-19 “dificultó el planeamiento y diseño” de un nuevo plan. Los objetivos y líneas de acción, están definidas por el plan quinquenal y no por el último plan de Inmayores que data del ejercicio 2016-2019 bajo la presidencia de Tabaré Vázquez.
También hay disparidad sobre la cantidad de encuentros del consejo consultivo. El Mides asegura que se reactivó desde el segundo semestre de 2023 y desde entonces hubo cuatro reuniones.
Como sea, o existen diferencias en el criterio utilizado para leer la información que es transversal al propio Estado y falta comunicación entre sí, o cuando la AIN audita, no le llega la información completa. Porque ha ocurrido con otros organismos, que debieron aclarar sus diferencias con el organismo auditor.
En el medio de las diferencias de criterios y formas de medir una misma cosa, continúan en la retina de quienes lo recuerdan los casos de irregularidades constatadas en los últimos años. El incendio ocurrido en un residencial de Treinta y Tres, donde murieron 10 personas. O el incendio en Salinas, donde fallecieron cuatro.
La Asociación de Residenciales de Adultos Mayores ha planteado el crecimiento exponencial, sin controles ni inspecciones de los residenciales en nuestro país, porque “resuelven” un problema social no visibilizado como tal y es dónde “dejar a los viejos”.
Las regulaciones son altas y pueden cumplirlas aquellos que cuentan con determinadas estructuras, hacia donde pueden concurrir las personas que tienen recursos medios o altos. Porque esta realidad golpea a los adultos mayores de menores ingresos, que cada vez serán más.
