(Radio Uruguay)
La directora del Instituto Nacional del Mayor (Inmayores), Marianela Larzábal, se refirió al inicio, el pasado jueves 27, del primer Consejo Consultivo Ampliado, donde participaron instituciones y organizaciones sociales para delinear políticas públicas dirigidas al adulto mayor.
“Como punto de partida, arrancamos con una Auditoría Nacional de la Nación, que le hizo varias observaciones al instituto. Queremos tomar en serio esas observaciones y revertirlas. Por ejemplo, la falta de referentes locales en algunos departamentos o la carencia de reglamentación para los establecimientos de larga estadía.
En ese sentido, el próximo lunes (mañana) tenemos una reunión con la ministra de Salud Pública, para generar nuevos acuerdos y líneas de trabajo”, explicó.
La titular de Inmayores sostuvo que estos lineamientos son para mejorar la calidad de vida y los derechos de esta población. “Ya empezamos a coordinar –con Bomberos, Ministerio de Salud Pública y con el Sistema de Cuidados– formas para mejorar lo que tiene que ver con esas regularizaciones. De aquí a mayo queremos estar trabajando en una campaña de prevenir y, como decía el representante de Bomberos, hay que previamente ocuparnos antes que sucedan incidentes, como los lamentables hechos de los incendios”, afirmó.
Sobre los residenciales, dijo que existe una brecha grande entre aquellos pensionistas y jubilados que, por sus ingresos, no pueden acceder a un centro para el adulto mayor, que ronda los 50.000 pesos mensuales.
“Evidentemente hay un agujero inmenso entre ambos tipos de residenciales. La idea no es ir a cerrar y fiscalizar esos centros que cobran menos, sino pensar cómo podemos mejorar y garantizar las condiciones de vida de esos pensionistas que cobran dieciséis mil pesos y tienen que estar en una institución”, expresó.
CONTRATAR EXPRESOS
(Informativo Uruguay)
El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, dijo en Florida que un aporte que los empresarios pueden hacer para mejorar la seguridad es incorporar a las personas que estuvieron privadas de libertad.
“Es importante que esa gente vuelva al mercado y pueda trabajar. De lo contrario, si la persona no consigue trabajo, es muy probable que reincida o termine en situación de calle”, indicó.
Lestido, que participó en Florida del Encuentro Nacional de Organizaciones Empresariales, subrayó que las cámaras empresariales “cada vez tienen mayor importancia en el quehacer nacional”, y que es fundamental su participación en “acuerdos y acciones que le permitan al país crecer”.
“Es imposible pensar crecer sin el sector privado. Si no acompaña el sector privado y si no se generan las condiciones para que el sector privado pueda desarrollarse mejor y más rápido, es difícil crecer”, sostuvo.
Subrayó que el país necesita ser “más eficiente” y que, en tal sentido, hay que trabajar “para hacer al Estado más eficiente. Empezar a trabajar en esas cosas que nos están frenando el crecimiento”.
El sector empresarial debe trabajar junto a la educación y también debe hacerlo en seguridad, dijo. “Estamos dispuestos a colaborar en lo que entiendan que nosotros podemos hacer”.
Indicó que “más allá de apoyar los programas de seguridad, una de las cosas que podemos hacer es trabajar con aquellas personas que están recuperando la libertad. Es una manera de recomponer el círculo de marginalidades”.
DETENIDO POR AMENAZAS CONTRA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(SUBRAYADO)
Un joven de 20 años, con antecedentes penales por receptación, permanece detenido por las amenazas de bomba contra instituciones educativas. “Se está trabajando dentro de los plazos constitucionales”, afirmó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, sobre el caso.
El detenido, sospechoso de ser el responsable de la amenaza falsa al liceo 33 ubicado en Camino Carrasco, fue detenido en la zona de la Cruz de Carrasco. Por el delito de receptación, ya tenía un cierre de fronteras y medidas cautelares.
Desde el sábado, la Policía trabaja con veinte llamadas y cinco correos electrónicos que involucraron a más de doce instituciones públicas y privadas con amenazas de bomba, indicó la directora general de Información e Inteligencia Policial, Ana Sosa. Por estas amenazas falsas, hay personas sin identificar aún y otras requeridas.
Un hombre que trabajaba como guardia de seguridad en Montevideo Shopping fue condenado con seis meses de libertad a prueba por ser el responsable de las amenazas a ese centro comercial y a las mutualistas Casa de Galicia y Círculo Católico.
Asimismo, se imputó los delitos de violencia privada y simulación de delito a una mujer de 28 años que también trabajaba en Montevideo Shopping y que no aceptó su responsabilidad en los hechos. Deberá cumplir con 45 días de prisión domiciliaria con tobillera electrónica, mientras continúa la investigación.
El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que estos son los primeros resultados, que la investigación continúa y que todas las personas involucradas serán identificadas y conducidas a la Justicia.
