Día: 15 de abril de 2025

A partir del papel que les adjudica el nuevo Código General del Proceso, los fiscales han acrecentado su protagonismo en el ámbito de la Justicia, y no siempre para bien, porque cuando se trata de esclarecer determinados hechos en los que hay conflicto de intereses, a quien le va mal en la feria considera a menudo que ha sido perjudicado o que la administración de justicia que le ha tocado no ha sido imparcial, como debería ser.
Es por lo tanto un tema delicado, en el que hay más de una biblioteca, pero la realidad indica que los cuestionamientos se presentan en muchos casos desde el punto de vista ideológico, tanto en lo que refiere a situaciones que involucran a figuras del ámbito político como asimismo por aplicación de la perspectiva de género, que implica normas que ya de por sí implican discriminación y una visión unilateral, en la que la prioridad la tiene la mujer y el hombre tiene que probar fehacientemente su inocencia, en lugar de que la parte acusadora presente pruebas de sus denuncias.
A la vez, la filtración de chats y expedientes a la justicia –curiosamente siempre flechados hacia un mismo lado– pone de relieve que hay por lo menos falta de controles y más aún, posiblemente un tramado que actúa en estos casos procurando arrimar agua para su molino. Ergo, ha puesto sobre el tapete y en buena medida respaldado las acusaciones de que hay operadores en la justicia que están ubicados en lugares clave y que utilizan sus prerrogativas para obtener datos y filtrar lo que les conviene, y ocultar premeditadamente aquello que puede ir en contra de su pensamiento ideológico.

El exministro de Defensa Nacional Javier García, del Partido Nacional, ha sido el protagonista más directo en los cuestionamientos a la Fiscalía, y en este sentido ha afirmado recientemente a partir del conflicto entre la fiscal de corte en ejercicio Mónica Ferrero y el gremio que nuclea a los fiscales, que “se resisten a perder sus operaciones mediáticas”, y apuntó contra el exfiscal de Corte Jorge Díaz, –designado por el gobierno del Frente Amplio como subsecretario de Presidencia de la República–, por haber “creado y apañado” un “Partido Fiscal” a partir de que fue líder del Ministerio Público.
A su vez, estamos ante una fiscalía separada en bandos y fuertemente politizada. En este escenario ha cobrado mucho protagonismo el gremio de fiscales que es abiertamente contrario a la fiscal de Corte y cuyos principales integrantes se han ido alineando con la corriente liderada por el exfiscal Jorge Díaz.
Según indican quienes no integran su bando, esa afinidad se ha visto en los ascensos y cargos privilegiados que han ido consiguiendo y sobre todo en los viajes y capacitaciones, la mayoría en el exterior, que han recibido. También hay otros fiscales que intentan manejarse alejados de estos desencuentros, aunque estando adentro es difícil no tomar postura.

El senador Javier García, aludió al conflicto gremial de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), y dijo que el tema de fondo en esta situación del sindicato es “institucional”. “La fiscal de Corte cortó los circuitos de poder que manejaba el ‘Partido Fiscal’ y saltaron como un resorte”, escribió en su cuenta de X.
Según el legislador, el conflicto de la AMFU se dio porque ciertos funcionarios “se resisten a perder privilegios, los hilos que manejaron con impunidad y con intencionalidad política partidaria y sus operaciones mediáticas”.
“Este es el verdadero motivo del conflicto, no otro. Es un tema de democracia o de poderes ilegales”, finalizó.
Sin embargo, el sindicato de los fiscales dijo que declaró esta medida al reclamar a Ferrero por señalamientos de limitaciones a la licencia anual y, según afirmaron en un comunicado, debido a “la negativa, ya de mucho tiempo atrás, de contemplar licencia para cuidados de familiares enfermos y regular adecuadamente el medio horario para lactancia”.
La fiscal subrogante señaló sin embargo que no se cortó ningún tipo de usufructo de la licencia, aunque sí se busca límites a que se tomen licencias mientras dure el turno de cada funcionario. En cuanto al pago de las subrogaciones, lo que Fiscalía busca es que, en caso de licencia de un titular, sea otro titular quien ocupe el lugar.

Pero por otro lado –y tal vez sea este el punto más ríspido, pero que no se señala por la gremial– es que Ferrero se comprometió a poner fin a las filtraciones que se dan desde la Fiscalía, siempre con el mismo signo y modus operandi, lo que indica que se trataría de operadores en connivencia con periodistas que también son operadores políticos de la izquierda.
El observador de mirada objetiva, pero que sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos en el ámbito de la justicia, seguramente tiene dificultades de análisis por desconocimiento de la interna fiscal, pero hay hechos que hablan por sí solos en cuanto a déficit de capacitación o peor aún, en las prioridades que anteponen tienen determinados fiscales, como es por ejemplo la pretendida incautación de celulares del periodista Ignacio Avarez, en el sonado caso de la supuesta “violación grupal” –que se probó que no fue tal– pero que a la fiscal actuante se le ocurrió, como firme activista del feminismo radical, que no había problema en violentar la libertad de prensa y requisar material al periodista, en aras de una causa mayor que “justificaba” llevarse por delante el ordenamiento institucional. Por cierto, esos audios dejaron en evidencia la parcialidad de la fiscal, que ya tenía un veredicto “ejemplarizante” para los “violadores” y, de no haber sido divulgados a la opinión pública, todo hubiese quedado en un “exitoso procedimiento con la condena de los supuestos abusadores.

En otros episodios e investigaciones, que recaen en figuras del ámbito político, ya es donde se manifiesta de mayor grado este aparente flechamiento, más allá de que el acusado sea o no culpable, porque por un lado hay formas de investigar “light” o extremadamente lentas –hay casos en los cuales directamente se archivaron las causas sin una investigación profunda– y otras donde se pretende dar vuelta todo hasta encontrar algo, como la actuación de la fiscal en el caso del exintendente nacionalista de Soriano, Guillermo Besozzi, en el que la fiscal actuante resultó ser desde hace años una “odiadora serial”, del partido en el que milita el exjerarca que va ahora por la reelección, y actuó en consecuencia, además de la consabida filtración de datos hacia un determinado periodista.
Tampoco fue muy feliz la actuación de la fiscal que investigó el caso Astesiano, que involucró el ámbito de Presidencia de la República, la que aparentemente cerró la investigación en forma prematura, lo que habría beneficiado al partido de gobierno –Coalición Republicana– dejando alguna duda acerca de su proceder en el sonado caso.

Pero sin dudas, esta no es la tendencia mayoritaria del “partido fiscal”, como dice Javier García –quien naturalmente lleva agua hacia su molino a través de sus acusaciones– porque todo indica que habría un grupo significativo de fiscales que respondería desde hace años a la postura del actual subsecretario de Presidencia, y que forma parte del germen de distorsión en la fiscalía por aquellos que le siguen desde adentro de la Justicia.
Es plausible que la fiscal Ferro desde su conducción, pretenda poner fin a estas prácticas y es de esperar que pueda llevar a cabo su tarea con éxito pese a la oposición férrea de los agremiados, los que naturalmente defienden sus intereses, que es precisamente para lo que se crea un gremio. Pero no deben confundirse los intereses del gremio con el desempeño de una Justicia bien entendida, que sí responde al interés general y es garantía para todos los uruguayos. → Leer más