No hace falta ser un experto en movilidad urbana para saber que el tránsito sanducero deja mucho que desear y que, en realidad, es un desastre con todas las letras. No se trata solo de la cantidad y gravedad de los siniestros que día tras día se producen en calles, avenidas y rutas de nuestro departamento, sino también de la falta de sentido común que se ha instalado tanto en los conductores como en las autoridades responsables del tránsito. Apelando al dicho popular, parece que “el hambre y las ganas de comer” se han reunido.
Es importante tener en cuenta que, según las últimas cifras oficiales difundidas recientemente, a nivel nacional se produjo un aumento en la siniestralidad vial. En efecto, el total de eventos registrados durante 2023 ascendió a 21.597 siniestros de tránsito, lo que representa un aumento del 4,9% en comparación con 2022. En cuanto a la edad, la mayor cantidad de fallecidos se encuentra en los siguientes rangos: jóvenes masculinos entre 20 y 24 años, y jóvenes femeninas entre 25 y 29 años. En relación al tipo de vehículo, el 49% de los fallecidos circulaban en moto.
Resulta irónico pensar que, enmarcado en las metas del Decenio de Seguridad Vial 2021-2030, Uruguay se plantea el compromiso de reducir a la mitad la cantidad de fallecidos por siniestros de tránsito para el final de la década, en comparación con los registrados en 2021. En ese sentido, el presidente de Unasev, Marcelo Metediera, ha mencionado que “en el caso de los fallecidos estamos estancados. Ahí se ve desde el año 2019, para dar un periodo de tiempo razonable, con una tasa de fallecidos de 12 cada 100.000 habitantes. Cuando vemos los datos más particulares, hay una preocupación: se observa un aumento mayor en los heridos graves, lo que nos da una alerta para trabajar”.
Ante una situación de estas características, las autoridades departamentales y nacionales optan por el camino más fácil: “rascar donde no pica” o, para decirlo de manera más directa, prefieren optar por un modelo recaudatorio para mejorar las finanzas, en lugar de educar a los conductores, peatones y propietarios de animales sueltos, quienes son otros de los despreocupados protagonistas de un tránsito cada vez más caótico. Un gran invento del gobierno anterior, en connivencia con las intendencias departamentales, fue el de los radares de 45 km/h en rutas nacionales. Una velocidad tan ridícula que hasta en bicicleta hay que cuidarse para no sobrepasarla. Con esto no se logró reducir la siniestralidad —por cierto, en muchos lugares donde fueron instalados nunca hubo accidentes graves—, pero sí se recaudaron millones de dólares en multas. Este es un claro ejemplo del abuso municipal dispuesto por la Administración Olivera, y que continúa actualmente en la ruta 90, a la altura del Trébol. Si bien allí hay una escuela, el radar multa las 24 horas del día, aún cuando, como en este caso, solo hay un peatón caminando por la banquina. Si la excusa es que hay un cruce peatonal, ¿no sería más eficiente instalar semáforos con botón para que, cuando un peatón quiera cruzar, active la luz roja? ¿O, llegado el caso, hacer un puente? Claro que con eso se les termina el “curro”. Existen varios casos en los cuales tales radares han sido puestos en lugares absurdos, como por ejemplo en la escuela cercana a las Termas de Guaviyú, donde también se exige una velocidad máxima de 45 km/h durante las 24 horas, y no solo en horario escolar.
Es importante recordar que el monto de las multas puede llegar hasta las 15 Unidades Reajustables (UR), equivalentes, en este momento, a 27.291 pesos uruguayos. Estos son solo dos ejemplos de los múltiples “cazabobos” que existen en nuestro departamento y en todo el país, y que las autoridades se cuidan mucho de criticar porque les favorecen: recaudan dinero las 24 horas del día, sin importar si llueve, hace calor, truena, hace frío o si hay medidas gremiales. Es la forma más barata y eficaz de recaudar, y eso los políticos de turno lo saben muy bien. Así que mientras con una mano critican los radares “para la tribuna”, más en época de elecciones, con la otra cuentan el dinero que les deja esta suerte de “Gran Hermano” del tránsito vial.
Así las cosas, queda demostrado la total incompetencia de las autoridades nacionales y departamentales de esta Administración y de la anterior para solucionar los problemas reales del tránsito, entre los cuales los animales sueltos ocupan un lugar de triste liderazgo. Hace décadas que las autoridades nacionales y departamentales “se pasan la pelota” entre sí, eludiendo las responsabilidades que les corresponden y evitando (alguna razón habrá…) un trabajo en conjunto que debería darse por descontado, cumpliéndose de forma estricta, eficiente y eficaz. ¿Por qué no se da ese trabajo coordinado? ¿Por qué quien tiene responsabilidades a su cargo no las cumple? Sería bueno recordar que los funcionarios públicos están sometidos al régimen de responsabilidad previsto por el artículo 24 de la Constitución Nacional, según el cual: “El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”. El artículo 25 de la Constitución se refiere a la responsabilidad que recae sobre las personas físicas que tienen la calidad de funcionarios: “Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos lo que hubiere pagado en reparación”.
Teniendo en cuenta la clara redacción de los artículos 24 y 25 de nuestra Constitución, la pregunta surge casi por sí sola: ¿qué están esperando los funcionarios del gobierno departamental sanducero y del gobierno nacional para cumplir con sus obligaciones, con lo que les corresponde hacer y para lo cual cobran un sueldo? ¿Será necesario que alguna víctima de su desidia y negligencia se anime a demandar a la Intendencia Departamental de Paysandú, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas o al concesionario de la ruta involucrada? ¿Habrá que reclamarles a las personas físicas que ocupan los cargos de responsabilidad en la materia y hacerlos responsables con su patrimonio personal? No estamos hablando de situaciones que ocurren en otros países, sino de situaciones que están previstas constitucionalmente. A modo de ejemplo, hace pocas semanas la Intendencia de Montevideo fue condenada a pagar 300.000 dólares estadounidenses a los familiares de una persona que fue cremada sin aviso. Tal vez sea hora de que los organismos públicos y los funcionarios que tienen responsabilidades en ellos paguen por sus errores y por los lesionados, mutilados o muertos que causa su negligencia.
Vecino, vecina: la próxima vez que los políticos vayan por su barrio y le endulcen el oído con promesas y palabras bonitas, no deje de preguntarles qué van a hacer con los caballos sueltos en calles y rutas. Como estamos en la Semana de Turismo, seguro que les harán una payada “al toque”.
