La abogada y especialista en derecho animal Verónica Ortiz señaló que hay responsabilidad civil por el abandono de animales en la vía pública, regulado además por la Ley 18.471. “Tanto los tenedores o los propietarios –dependiendo si son animales domésticos o de producción– son responsables de los daños que pudieran causar”, dijo a EL TELEGRAFO.
La experta fue consultada por situaciones denunciadas a través de la oenegé Amigos de los Animales, que en los últimos días debió asistir en la eutanasia de un equino accidentado que se encontraba junto a una yegua. Sus tenedores retiraron al animal que no recibió lesiones y abandonaron el potrillo que fue atendido a costo de la institución para poner fin a su sufrimiento. Asimismo, por un accidente protagonizado por un caballo en setiembre del año pasado, cuya víctima es un joven que recibió lesiones gravísimas.
“Si el animal está suelto en la vía pública –lo que además está prohibido por ley– y provoca daños, el responsable es su propietario. Eso, en cuanto a daños a terceros. Además, en el caso específico de la situación del potrillo, el responsable inclumple con la ley de bienestar animal”.
Ortiz alentó a que estos hechos sean denunciados ante los organismos competentes, como “el INBA porque es una forma de maltrato exprofeso en tanto abandonó el potrillo lastimado para morir. Pero, además, la oenegé que tuvo que hacerse cargo de un animal que no estaba bajo su protección, también podría accionar civilmente para que se le reintegren los gastos”.
Enfatizó que “hay quienes piensan que pueden dejar su animal suelto y no tienen ninguna responsabilidad y eso no es así. Lo que pasa es que para accionar estos mecanismos hay que ir a la justicia, hay que tener pruebas, identificar al tenedor o propietario y probar los daños. Es decir, habría que empezar a accionar porque, de lo contrario, se crea este sentimiento de impunidad. Pero el marco legal para que se cobre la resposabilidad civil de esas personas, existe”.
Obligación moral
Ortiz apeló a la responsabilidad de la comunidad para “proveer la información porque no precisa que sea una obligación legal, sino que es una obligación moral. Está mal entendida la denuncia como un buchoneo, pero se trata de hacerse responsable en la vida. De lo contrario, se protege a una persona irresponsable en el trato de su animal y que, a su vez, perjudicó a otra persona con gravísimas lesiones, tal como ocurrió en Paysandú. Eso no es justo”.
Decreto de animales sueltos
El 26 de julio de 2022, el expresidente Luis Lacalle Pou reglamentó la normativa que habilita a la incautación de animales en la vía pública. Define su decomiso, venta, donación o faena de bovinos, ovinos, porcinos o equinos que no sean reclamados en 72 horas. El decreto establece que “la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la División Sanidad Animal dispondrá de los animales mencionados para el decomiso definitivo” retenidos en predios del Ministerio del Interior, por encontrarse en la vía pública. Agrega que las jefaturas de Policía comunicarán la retención al Servicio Ganadero Zonal o local e intimarán al propietario de los animales a su retiro dentro del plazo mencionado.
“El decreto está bastante mal redactado y han quedado las responsabilidades solapadas. Señala al Ministerio de Ganadería, a través de la Dirección de Servicios Ganaderos que, a su vez, tiene que coordinar con la Policía. Y la Policía espera que la cite el ministerio, que no está en el territorio. Es más, las intendencias en general actúan primero”, señaló.
Explicó que la complejidad del texto radica en que “las intendencias están citadas a resolver y se encuentran con un decreto que primero define los pasos que debe dar una dirección del Ministerio de Ganadería. Por eso está muy complejo el tema”. Sin embargo, “nada impide que las intendencias colaboren y, de hecho, lo hacen. Lo que pasa es que cuando se genera un accidente todos se quieren lavar las manos. Quizás el Congreso de Intendentes debería reunirse con el Poder Ejecutivo, acordar que esta normativa no quedó clara y que se haga una que nos sirva a todos. Sería lo más inteligente”.
Penalizar el maltrato
Ortiz definió que “no hay voluntad política de ningún partido para incluir el maltrato animal en el Código Penal. Las causas son varias y hay que tener en cuenta el análisis que hacen los penalistas sobre la situación actual del sistema penal”.
La experta consignó que “las cárceles no reeducan ni rehabilitan. Pero quienes creemos que debe ser penalizado, impulsamos otras penas privativas de la libertad como la prisión domiciliaria u otro sistema. No pedimos que vaya al Comcar, pero debe penalizarse a la persona que quitó otra vida porque un animal es un ser sintiente. Tiene que haber una normativa que eleve al rango adecuado la preservación de la vida de otro animal. Y, sin dudas, deberán agregarse talleres para el manejo de la violencia porque es lo que subyace en estas situaciones”, concluyó.
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