En la presente legislatura, el Parlamento retoma iniciativas vinculadas a la tenencia responsable y el bienestar animal que no resultaron aprobadas durante el período anterior y que abrirán nuevos debates. El senador colorado Andrés Ojeda, llevará una iniciativa que fuera presentada por el exdiputado de Paysandú Juan Carlos Moreno –con media sanción de la cámara de representantes pero sin votos en el Senado– que “prohíbe la prohibición” de tener animales de compañía en apartamentos o viviendas de propiedad horizontal.
En caso de ser aprobada, modificaría un artículo de la ley de bienestar animal (Ley Nº18.471) y la disposición no afectará a cláusulas reglamentarias establecidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley.
La propuesta establece que las asambleas de copropietarios o el administrador definirán las normas de tenencia, como el cuidado, convivencia y uso de espacios comunes. Incluso sus propietarios deben inscribirlos en el Registro Nacional de Animales de Compaña.
Ojeda también presenta un proyecto del exdiputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, sobre la denominada “sangría de yeguas”. El senador, que definió esta práctica como “cruel e inhumana”, dijo que “Uruguay no puede permitir semejante atrocidad” y “el Parlamento lo podría aprobar por unanimidad”.
En Paysandú, a mediados del año pasado el debate fue intenso en la Junta Departamental, con un informe en mayoría que recomendó “no prohibir” este procedimiento en Paysandú. El documento consideraba que dicha actividad cumple con la legislación vigente y es objeto de permanentes controles.
Por su parte, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani, presentó otro proyecto que regula la tenencia de las llamadas “razas de perros peligrosas”, propone la creación de un registro de tenedores y sanciones económicas de 50 Unidades Reajustables (unos $90.000 aproximadamente).
Dicha iniciativa propone modificar un artículo de la ley de tenencia responsable y una regulación más estricta sobre esta especie. Concretamente agrega nuevas obligaciones para los propietarios de perros que presenten un riesgo potencial por características físicas o antecedentes (artículo 10).
Schipani plantea la creación de un Registro Nacional de Tenedores, cursos de capacitación obligatorios y la exigencia de transitar con medidas de seguridad por la vía pública (bozal, correa, collar y chip identificatorio).
En su exposición de motivos, refiere al incremento de ataques graves y algunos fatales, así como a la tenencia irresponsable.
No obstante, los distintos ejemplos de legislación planteada para lograr una buena convivencia multiespecie, quedan deslucidas ante la falta de controles eficaces. Porque es poco lo que puede realizarse si sigue demorándose la instalación en territorio de la institucionalidad vigente sobre el tema a nivel nacional.
Es decir, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) tiene nuevas autoridades paradas frente al mismo desafío que tuvieron las anteriores. El desembarco en cada departamento, con recursos humanos, económicos, logísticos y con espalda suficiente para actuar ante cada denuncia presentada, es un tema harto discutido en nuestro país en los últimos años con resultados escasos.
Las organizaciones animalistas se quejan por la falta de respuesta ante el maltrato animal. A su vez, las personas afectadas por animales sueltos en la vía pública o por mordeduras reclaman por la ausencia de responsabilidad individual (tenedores de caballos o perros) e institucional ante reglamentos que no se aplican.
El proyecto de Schipani señala que el INBA definirá el listado de razas peligrosas de perros, basados en la potencia de la mordida, tamaño y antecedentes de agresividad.
No obstante, los datos del Ministerio de Salud Pública cerrados al año pasado, son elocuentes para un problema que crece. Si bien contiene un alto subregistro, señala un total de 3.400 incidentes en todo el país, algunos de los cuales resultaron mortales.
O las cifras del año 2023 solamente del Hospital Pereira Rosell, cuando contabilizó un menor por día con mordeduras graves, cuyas víctimas tenían 4 años en promedio. Entonces, es un problema de sanidad que se incrementa junto a la responsabilidad individual de aquel que adopta una raza “de moda”.
Una iniciativa similar había presentado la diputada Nibia Reisch, en 2021, cuando prohibía la cría, reproducción, comercialización, transferencia, adopción e importación en el país de unas quince razas consideradas “potencialmente peligrosas”.
Después, en 2022, el diputado Rafael Menéndez presentó un proyecto destinado a solucionar el perjuicio de los ataques de perros a la ganadería, principalmente ovinos.
Sin embargo, falta coordinación entre organismos. Es decir, las intendencias departamentales y municipios, con el INBA y otros ministerios (de Interior y Ganadería).
La nueva legislación seguramente aportará para mejorar la tenencia responsable, pero –al menos hasta ahora— ni siquiera se han podido ejecutar a cabalidad las normas actuales. Un ejemplo claro es el Decreto 233/022, que indica los procedimientos aplicables a los animales sueltos en la vía pública. No es sólo actualización de normativas o aportar nueva legislación, sino aplicación de los decretos y normas ya existentes bajo la necesaria coordinación entre los organismos.
De lo contrario, asistiremos nuevamente a largas deliberaciones sin solucionar un problema de fondo como es la tenencia responsable y el bienestar animal.
