La trata de personas es una amenaza global que lleva adelante el crimen organizado. Lamentablemente, el número de víctimas aumenta cada año en el mundo –se estima que entre 2020 y 2023, más de 200.000 personas sufrieron ese abuso– y las redes delictivas cada vez recorren mayores distancias e incrementan la violencia sobre estas personas.
Hay que tener en cuenta que la cifra anterior, manejada por organismos internacionales como la Oficina contra la Droga y el Delito (Undoc) de Naciones Unidas o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) puede considerarse algo así como la punta del iceberg, dado que se estima que la cantidad real de personas víctimas de este tipo de delitos es mucho mayor.
Los flujos migratorios, las cadenas de suministros globales así como las lagunas legales y económicas y las plataformas digitales están siendo utilizadas para la trata transfronteriza a gran escala, aumentando las posibilidades de explotación y victimización que realizan las redes delictivas. Las organizaciones internacionales antes mencionadas afirman que los traficantes se benefician del trabajo forzoso y la explotación sexual, obligando también a sus víctimas a participar en actividades delictivas como estafa en línea y tráfico de drogas.
En este sentido, señalaron que las investigaciones existentes sobre el tema indican que una de cada tres víctimas es menor de edad, y que un 78% de ellas es reclutada para trabajo forzoso o explotación sexual.
El modus operandi es bastante conocido: las organizaciones criminales obligan a personas en situación de vulnerabilidad como migrantes, menores y jóvenes, a cometer delitos por medio de manipulación, amenazas y violencia. La trata genera cada vez mayores ganancias para los traficantes: actualmente genera unos 40.000 millones de dólares al año provenientes de actividades delictivas como estafas en línea, fraudes, prostitución o narcotráfico, según datos de las organizaciones internacionales antes mencionadas.
“Los tratantes obtienen utilidades no solamente por los delitos cometidos bajo coerción sino también por los sistemas de justicia que criminalizan a las víctimas permitiendo de tal modo la impunidad. Cuando los sobrevivientes son procesados se les niega apoyo esencial, en tanto que los autores siguen estando bajo protección por las fallas sistémicas y la inacción”, denunció la OIM recientemente.
Respecto a las víctimas esta agencia señaló que por lo general “no hay una intención deliberada por detrás de estos hechos delictivos, sino que son producto del engaño y la explotación”. Es frecuente también que las personas objeto de trata sean reclutadas por medio de falsas promesas de empleo, siendo obligadas a cometer delitos en condiciones similares a la esclavitud.
La experiencia internacional indica que aunque algunas víctimas sean rescatadas o logren escapar, muchas veces siguen en la senda delictiva o enfrentan estigmas sociales, siendo tratadas generalmente como delincuentes más que como sobrevivientes.
En lo que refiere al contexto nacional, es sabido que Uruguay es un país de origen, tránsito y destino de la trata con fines de explotación sexual, algo que ha sido señalado en diferentes investigaciones y estudios nacionales e internacionales. Aquí, este delito tiene rostro de mujer y como principales víctimas a niñas, adolescentes y mujeres en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. En estos días, el gobierno nacional anunció una nueva etapa en la lucha contra este flagelo al reinstalar en julio pasado el Consejo Nacional de Prevención y Combate de la Trata. El organismo, presidido por Inmujeres e integrado por varios ministerios, busca mejorar la respuesta institucional frente a este delito, que si bien presenta pocas denuncias afecta a una cantidad significativa de personas, siendo más de la mitad menores de edad.
En este sentido cabe señalar que según las cifras disponibles actualmente, en 2023 se formalizaron 31 causas por trata de personas en Uruguay, condenándose a 35 personas. Ese año las instituciones especializadas que trabajan en el tema asistieron a 208 víctimas, entre ellas 169 menores de edad.
En un tema de la complejidad y ribetes como el de la trata de personas se da por descontado que cualquier número por más seria que sea la investigación que lo sustente, es un mero título ilustrativo porque los casos documentados o detectados suelen ser una mínima porción de los existentes y, en la mayoría de los casos resulta prácticamente imposible cuantificar víctimas. Las amenazas, el miedo, los impedimentos psicológicos, la dependencia y otras cuestiones como no tener a dónde ir, la violencia física y lesiones corporales, e incluso la privación de libertad o cuasi esclavitud que padecen las víctimas juegan en contra para la superación del problema.
Por otra parte, a mediados de 2024 el gobierno de Estados Unidos observó a Uruguay por “no cumplir totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”, señalando la finalización del convenio entre Inmujeres y la organización El Paso antes mencionado, que calificó como una medida que “posiblemente dificulte el acceso a la atención”.
Se refería a que en noviembre de 2023 la entonces administración de Inmujeres finalizó el convenio que tenía con la organización civil El Paso, que gestionaba el servicio que atendía a mujeres adultas víctimas de trata y que funcionaba en Montevideo, Paysandú, Paso de los Toros y Melo. Luego hubo un servicio de emergencia que dejó de atender nuevos ingresos y se dedicó solo a realizar seguimiento de casos anteriores, según lo informado por La Diaria. Actualmente, la atención a las víctimas está a cargo de la oenegé Agenda de Derechos, aunque Inmujeres está reclamando presupuesto para que esa tarea sea asumida por funcionarios especializados propios.
Si bien Uruguay ha avanzado, tanto en materia de Derecho y legislación como en el ámbito social, lamentablemente la trata de personas sigue siendo un delito invisible en Uruguay y los avances son aún insuficientes para prevenirlo y es necesario mejorar la respuesta.
Eso lo tienen claro las autoridades nacionales en la materia. “No podemos perder de vista que esto es un delito que puede tener finalidad para la explotación laboral o sexual, que puede ser interno, dentro de nuestro país, o transnacional con redes. Tenemos que mejorar la respuesta del Estado y también sensibilizar a la sociedad para detectar indicadores que puedan alertar sobre posibles situaciones de trata”, dijo la directora de Inmujeres Mónica Xavier, durante la sesión inaugural de la reinstalación del Consejo Nacional de Prevención y Combate de la Trata.
También aquí las cifras deben tomarse con pinzas porque la experiencia mundial indica que los casos no denunciados son significativamente mayores que las cifras documentadas.
Es inadmisible la existencia de este delito en un país de tan pocas personas. Hay que disminuir las chances de que en Uruguay haya condiciones favorables a la explotación y trata. Esperemos que pueda encaminarse este asunto con efectividad y rápidamente se den los pasos necesarios para prevenir y combatir un accionar criminal que afecta principalmente a adolescentes y jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad que ven violados muchos de sus derechos humanos.
